El 92% de las y los encuestados por el Instituto de Opinión Pública de la UCA, en su más reciente estudio, considera que el Estado salvadoreño debe crear una ley que proteja a las víctimas de desplazamiento forzado interno.

La encuesta sobre ese fenómeno y las medidas extraordinarias de seguridad presentada este miércoles por el IUDOP revela que la mayor parte de población consultada plantea la necesidad de que el desplazamiento a causa de la violencia sea reconocido. Laura Andrade, coordinadora de estudios de opinión del IUDOP.

Por: Josseline Roca

Según datos de CRISTOSAL, 235 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en el 2018. Unas 800 mil personas que han decidido migrar aseguraron haberlo hecho por la inseguridad.

Pese a que el fenómeno aún no es reconocido por el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa no ha legislado, aunque existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional que la obliga a hacerlo, CRISTOSAL afirma que la población si reconoce que el desplazamiento forzado existe en el país.

Respecto a las medidas extraordinarias de seguridad, el 75% de las y los encuestados por el IUDOP cosideraron que éstas han servido en poco o nada en la recuperación de los territorios. Sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, el 57.6% está de acuerdo con que deben respetarse los derechos humanos de todas las personas, incluso de delincuentes, y el 11.6% muy de acuerdo.

El 43.7% de quienes participaron en el estudio mostró su desacuerdo con que la policía torture a delincuentes para obtener información, mientras que un 53.9% lo aprueba.

David Morales, abogado e integrante de CRISTOSAL, hace una lectura positiva de estas cifras.

La encuesta sobre el desplazamiento forzado y las medidas de seguridad tuvo una muestra de 1, 806 entrevistas a personas adultas y tiene un error muestral de más o menos el 2.3%.