Ileana e Ingrid no solo tienen en común ser mujeres jóvenes, estudiantes de Ciencias Jurídicas, sino también el haber enfrentado una misma forma de tortura luego de sus detenciones ilegales. A ambas, custodios les obligaban a hacer sentadillas sin ropa interior. Este 12 de agosto, en el que se conmemoró el Día Internacional de las Juventudes, Ileana y la defensa de Ingrid contaron lo que les sucedió. Es su forma de contribuir a que estas violaciones a los derechos humanos no sigan ocurriendo a más mujeres, a más jóvenes. Es también una forma de sanar, lo que agentes del Estado les causaron y éste no quiere asumir.
Texto y videos: Krissia Girón/ Edición: Josseline Roca/ Foto: Red 21
El 19 de enero de 2017, una veintena de policías rodearon su vivienda, tras un fuerte operativo realizado en el municipio de Santa Clara, departamento de San Vicente. Ileana, una estudiante de 5° año de Ciencias Jurídicas, de 22 años de edad, no entendía qué pasaba y preguntaba constantemente a los policías. En la casa vivían su abuela, su hermano, su tío junto a su esposa y sus dos hijos, y la madre de Ileana que no se encontraba en ese momento.
Entre 2015 y 2016, la madre de Ileana, Rosa María Pascacio, interpuso tres denuncias en la Inspectoría General de Seguridad Pública, en contra del Sub inspector, Reynaldo Montes, jefe del puesto policial del municipio de Santa Clara. Según el testimonio de la familia, Montes realizaba acoso constantemente hacia su hijo Fredy Balmore Pascacio.
Durante el operativo del 19 de enero, Ileana asegura que Reynaldo Montes, tras destapar su rostro quitándose el pasamontañas, junto a otros agentes ingresan a la vivienda y la trasladan hacia bartolinas con base a engaños.
Ya en bartolinas, Ileana asegura que se le construyó un perfil falso, es decir, en su expediente se colocó información falsa sobre su detención, la pertenencia a grupos pandilleriles, entre otros datos.
A partir de ese día, Ileana fue objeto de tortura dentro de bartolinas durante dos meses, por parte de agentes policiales, y del inspector Reynaldo Montes, quien habia sido denunciado por la madre de Ileana dos años antes por acoso policial.
La Asociación Azul Originario lamenta que en casos como el de Ileana, pasen por procesos judiciales con claros bloqueos en el acceso a la justicia, sobre todo cuando son agentes policiales los principales sospechosos de delitos como abuso de autoridad, construcción de casos, detenciones arbitrarias, entre otros. Dennis Muñoz, abogado de Ileana, y otras víctimas de detenciones arbitrarias y otros delitos, asegura que estos casos “no son los únicos ni los primeros”. De hecho, Azul Originario presentó dos casos más de mujeres víctimas de detenciones arbitrarias y abusos de poder.
La tortura: un factor común
El 30 de diciembre de 2017, la joven Ingrid Guzmán, también estudiante de Ciencias Jurídicas, fue detenida por un agente de la PNC, después de un cacheo de rutina realizado en San Sebastian, San Vicente. Durante la revisión, según la joven y otro testigo, la policía no encontró ningún ilícito, sin embargo, al llegar a la bartolina le implantaron un gramo de marihuana y la procesaron por el delito de portación y tenencia de droga.
En ese tiempo, según lo denunció la Asociación y su abogado defensor, Ingrid fue golpeada y obligada a hacer sentadillas sin ropa interior. Su familia decidió hacer la denuncia sobre esto en la Inspectoría General de Seguridad Pública, donde, aseguran, fue recibida con hostilidad.
Ingrid recibe medidas sustitutivas a la detención y es procesada en libertad por el delito de posesión y tenencia de droga. En febrero de 2018, es acusada del delito de organizaciones terroristas. Actualmente se encuentra privada de libertad en cárcel de Mujeres. Dennis Muñoz, su abogado defensor, denunció que se encuentra en un área donde no puede recibir visitas de sus abogados.
Jóvenes viviendo bajo el estigma
Según diversos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía encabeza las denuncias por violaciones a derechos humanos. Además, diferentes organizaciones sociales han denunciado en varias ocasiones un incremento en las violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad en los últimos años, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros, la detención arbitraria de jóvenes y la creación de cárceles clandestinas.
El Instituto de Opinión Pública de la UCA, IUDOP, destacó en 2018 que “los jóvenes han experimentado casi cuatro veces más, que las personas mayores de 56 años, esta clase de agresiones (abusos policiales)”. Asimismo, el Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, refleja que las edades que reciben más abusos oscilan entre los 18 a 29 años.
Para Wendy Morales, de Azul Originario, las medidas con base a la represión implementadas por el Estado, para el combate a la justicia, no funcionan. Además, profundizan la estigmatización y criminalización de las juventudes, sobre todo de escasos recursos.
En este 12 de agosto, día internacional de la juventud, la Asociación Azul Originario presentó esta serie de casos que dejan entrever la fragilidad del sistema de justicia, que, a juicio de esta organización, no actúa responsablemente y con base a derechos. Para las víctimas de estos flajelos, en el día de la juventud, no hay nada que celebrar.
