Varios acontecimientos de la actual coyuntura nacional muestran la grave irresponsabilidad con que nuestros gobernantes (Presidente, ministros, diputados…) abordan los problemas del país. Hechos que confirman el contrasentido con que algunos funcionarios asumen su rol, traicionan el sentido común  y menoscaban los intereses de la ciudadanía. Veamos, por cuestión de tiempo y espacio, sólo tres ejemplos.

El primero es la brillante propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de enfrentar la crisis climática promoviendo los monocultivos, incluida la caña de azúcar y la palma africana, supuestamente “bajos en carbono”. El flamante ministro Fernando López, en su calidad de presidente pro témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD- SICA), dijo en las Naciones Unidas que la región podría destinar 10 millones de hectáreas para tal propósito.

Como bien señala la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la referida propuesta no toma en cuenta los desalojos de comunidades, la concentración de la propiedad de la tierra, el uso intensivo del agua, la contaminación con agrotóxicos y demás daños ambientales que causan los monocultivos, los cuales contribuyen aún más al calentamiento global.

El segundo hecho es la propuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, de elegir una Procuradora o Procurador de Derechos Humanos que se oponga a los derechos de la diversidad sexual, a la despenalización del aborto en las causales que demandan las organizaciones feministas y al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Con sobrada razón, diversas organizaciones sociales sostienen que el malévolo diputado arenero y quienes le apoyan buscan nombrar a una Procuradora o Procurador que violente los derechos humanos, en vez de defenderlos. Quijano y compañía quieren a alguien a la medida de la visión retrógrada de entidades ultra conservadoras como la “Fundación Sí a la Vida” y al deseo de impunidad de los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Y, finalmente, el caso más vergonzoso es la firma del Convenio que compromete al gobierno salvadoreño a impedir la migración de connacionales con patrullas fronterizas, detener a migrantes que pasen por nuestro país y otorgar asilo a migrantes que Estados Unidos no quiera recibir. El  convenio, suscrito por la canciller Alexandra Hill y funcionarios de la administración de Donald Trump, se da con total intransparencia y de espaldas a la ciudadanía; lo que se sabe de su contenido es más bien porque autoridades estadounidenses han informado.

Tal como sugieren Amnistía Internacional y otras instancias nacionales e internacionales, ese espurio convenio debe ser revertido. En vez de obedecer a los designios de Trump y su xenófoba y racista política antiinmigrante, el Presidente Nayib Bukele debería tener una postura digna en defensa de los/as migrantes y actuar con seriedad en la búsqueda de solución a los graves problemas de violencia, pobreza y falta de oportunidades causantes de la migración forzada.

Es la lógica “al revés” de los gobernantes, en este paisito “patas arriba”.