La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió  semanas atrás varios recursos de amparo de empleados públicos despedidos de instancias gubernamentales que fueron suprimidas por el nuevo gobierno. Algunos fueron despedidos directamente por el Presidente Nayib Bukele por tuiter, sin seguir el debido proceso y hasta en forma humillante.

Y, más recientemente, la Sala admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque no fue verificado su perfil de idoneidad, existencia de anomalías en el proceso de selección y prevalencia de la lógica del “reparto partidario”.

Lo anterior constituye una buena señal de la Sala. En la primera somete al escrutinio constitucional actos arbitrarios del Ejecutivo; mientras que en la segunda revisará una cuestionada decisión de la Asamblea Legislativa.

Enhorabuena, porque hasta ahora la Sala se había mostrado indiferente, omisa, permisiva y temerosa frente a arbitrariedades presidenciales e irresponsabilidades legislativas, sobre todo cuando rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del fiscal general Raúl Melara.

A pesar de ser financista de ARENA, asesor del ex candidato presidencial Carlos Calleja y ejecutivo de una gremial empresarial vinculada al partido oligárquico, Melara fue electo Fiscal por la Asamblea, y la Sala avaló.

Por eso, ojalá que la nueva actitud de la Sala responda a un cambio de perspectiva de sus magistrados en el sentido que asumen su responsabilidad de garantizar que las acciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y demás instancias estatales, incluido el mismo Sistema Judicial, respeten los principios y disposiciones de la Constitución.

Ante esta esperanzadora posibilidad, es pertinente que la ciudadanía “active a la Sala” y “pruebe a los magistrados”. En esta lógica, podrían presentarse demandas de inconstitucionalidad contra la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos, por no tener el perfil de idoneidad requerido y los vicios durante la votación en el pleno legislativo.

También podría denunciarse ante la Sala la omisión parlamentaria de no aprobar la Ley General de Agua y la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación.

Y con respecto a acciones del Ejecutivo, son dignos de impugnarse ante la Sala los acuerdos sobre migración y seguridad pública firmados por el gobierno de Bukele con la administración de Donald Trump. Estos acuerdos, suscritos en total opacidad y de espaldas a la población, comprometen gravemente la soberanía nacional y, por tanto, deben ser declarados inconstitucionales.

Otra acción gubernamental objetable en la Sala es la intransparente y excluyente política de asignación de la pauta publicitaria de Casa Presidencial. Ésta no sólo contraría principios constitucionales como igualdad y libertad de expresión, sino también estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre asignación de publicidad oficial.

Esperemos, pues, que los magistrados de la Sala Constitucional cumplan su rol de hacer valer la Carta Magna, y que la ciudadanía haga lo suyo presentando demandas y presionando para que éstas sean resueltas en el marco de la “pronta y cumplida justicia”.

Ojalá que así sea.