//En alerta; población LGBTIQ reclama protección del Estado ante alza de crímenes de odio

En alerta; población LGBTIQ reclama protección del Estado ante alza de crímenes de odio

Cuatro crímenes se dieron en un lapso menor a un mes. Ante este contexto, organizaciones aglutinadas en la Mesa Consultiva LGBTI se declaran en alerta, denuncian al Estado por falta de garantías para resguardar la seguridad de esta población y exigen justicia.

Por: Vilma Laínez/ Edición: Josseline Roca/ Imagen: Tomada de Amistía Internacional

La Asociación COMCAVIS Trans registra en lo que va de 2019 un total de ocho crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ, específicamente contra las mujeres trans. Uno de los crímenes es el de Anahy Rivas asesinada a finales de octubre, presuntamente, por hombres que se conducían en una camioneta sobre la zona del hospital de Niños Benjamín Bloom. Anahy fue estrangulada y su cuerpo arrastrado sobre el bulevar Los Héroes, San Salvador.

El sábado 9 de noviembre fue encontrado el cuerpo de Jade Camila Díaz en el río Torola, departamento de Morazán. Fue localizada tras cuatro días de que COMCAVIS Trans la reportara como desaparecida. Según organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI, el cuerpo de Jade lo encontraron en una bolsa, la cual contenía piedras. Tenía señales de tortura.

Siete días después, COMCAVIS Trans denunció el asesinato, con lujo de barbarie, de Victoria Pineda. Su cuerpo -expuesto y cubierto con una llanta y troncos en la parte superior- fue localizado desnudo en medio de una calle del cantón Cara Sucia, municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

Además, el 17 de noviembre, un nuevo hecho contra población LGBTI volvió a encender las alarmas. En San Vicente, fue reportada la muerte de Óscar Cañénguez, supuestamente, como producto de un accidente de tránsito; no obstante, por los golpes en su cuerpo, las organizaciones de la diversidad sexual aseguran que fue asesinado con brutalidad.

Estos cuatro crímenes se dieron en un lapso menor a un mes, los cuales se suman a otros cuatro, según los registros de organizaciones. Ante este contexto, organizaciones aglutinadas a la Mesa Consultiva LGBTI se han declarado en alerta, denunciaron al Estado salvadoreño por falta de garantías para resguardar la seguridad de esta población y exigieron justicia.

Las organizaciones señalaron que los planes de seguridad del gobierno de Nayib Bukele no están respondiendo para disminuir la violencia, el odio y el perjuicio contra los grupos sociales vulnerables.

Consultado sobre este tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo, a inicios de este mes, que su gobierno aún está diseñando los planes en contra de la discriminación hacia grupos vulnerables. Sin embargo, el mandatario no especificó cuándo estarán dichos planes y cuál será su contenido.

La Red Arpas conversó con Odaly´s Araujo, representante de COMCAVIS Trans, quien considera que, además de la falta de políticas públicas,  estos crímenes de odio suelen aumentar cuando se debaten  iniciativas sobre la defensa de sus derechos. Una de ellas está en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde en agosto pasado fue admitida una demanda de inconstitucionalidad sobre el matrimonio igualitario.

“Siempre que se tocan esos temas acerca de la población LGBTI y de los derechos, siempre surgen estos nuevos crímenes. Se enfocan en odio y discriminación. Son crímenes que se han sido con mucha barbarie” alertó Odaly´s Araujo.

Declaraciones de Odaly´s Araujo

Señalan retrocesos

Odaly´s Araujo aseguró que la actual administración presidencial ha retrocedido en la atención y protección de esta población al suspender la Secretaría  de Inclusión Social y la Dirección de la Diversidad Sexual. Agregó que el Gobierno aún no ha explicado cuál será la política pública para este sector.

“Hasta el momento no hemos tenido una respuesta de parte del Gobierno, de parte del Ministerio de Cultura, donde se asumió la Dirección de la Diversidad, que ya no es una dirección sino que es una unidad de género y diversidad. Es algo como que está en un cuartito por ahí. Ahí tienen a la persona encargada. Prácticamente solo dos personas hay”, señaló.

La representante de COMCAVIS Trans afirmó que la suspensión de estas instancias trajo consigo el despido de varias mujeres trans quienes, después de haber tenido un trabajo formal, han vuelto a las calles ha “ganarse la vida”.

“Le quitaron un trabajo digno a muchas personas de la población LGBTI, las cuales ahora andan sin hacer nada y otras han vuelto al trabajo sexual con miedo, por la misma situación que se está dando”, apuntó.

Mujeres trans son las más vulnerables

Las mujeres trans son las más expuestas a enfrentar violencia o ser asesinadas por el tipo de trabajo que realizan, sostiene Odaly´s Araujo, de COMCAVIS Trans.

Araujo explicó que muchas de ellas trabajan en horas de la noche y en zonas vulnerables. A eso se agrega, que las mujeres trans son discriminadas por su expresión de género, lo cual las empresas usan como justificación para no contratarlas, dejándoles como, casi, única opción el trabajo sexual.

Mujeres trans son las más vulneradas

“Estamos viendo si podemos construir una cuota trans laboral, porque un chico gay puede pasar en cualquier lugar a trabajar, en bancos, empresas, call center; en cualquier lugar. A una mujer trans, ya visible no le dan trabajo”, denunció Araujo.

Las representantes de COMCAVIS Trans han logrado reunirse con autoridades del Ministerio de Educación, para incidir en la inclusión de esta población en las escuelas, ya que muchas niñas trans son casi obligadas a dejar de estudiar por los altos niveles de discriminación que enfrentan; sin embargo, el encuentro por hoy ha sido más simbólico ya que no hay compromisos reales, dijo Odaly´s Araujo.

Panorama incierto

Ante el actual panorama de amenazas a la integridad de la población LGBTI, la activista indicó que la situación  de vulnerabilidad podría complicarse aún más si se concretan los temores de la eliminación del Decreto Ejecutivo 56, en el que se estableció prohibir en la administración pública todo tipo de discriminación por razones de identidad de género y/o de orientación sexual. El instrumento fue impulsado en 2010 por el gobierno del expresidente Mauricio Funes.

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