La Asamblea Legislativa solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una nueva prórroga para la aprobación de la ley de reconciliación nacional.
La petición la hicieron el pasado 13 de noviembre, día en el que se cumplía el plazo otorgado para aprobar esta normativa que sustituirá a la inconstitucional Ley de Amnistía de 1993.
Para las organizaciones esta acción de los diputados demuestra la falta de voluntad política en el tema, así lo dijo en la entrevista de Voces en Contacto, Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y miembro del Colectivo Promemoria Histórica.
“La Sala de lo Constitucional tiene mucho que ver, mucho que decidir y ser muy contundente a partir de la sentencia del 2016 que anuló la Ley de Amnistía”, afirmó.
Agregó que las víctimas y organizaciones de derechos humano “habrían querido que este tema no se prolongara más tiempo”.
Para Montenegro la Sala de lo Constitucional debe sancionar a la Asamblea Legislativa por no cumplir la sentencia de 2016. “Todavía se siguen haciendo los desentendidos (los diputados) en el tema”, señaló.
