Mientras el Estado no garantice proteger los derechos de la población adulta mayor, casos como el de Tita y Manuel, quienes buscan la forma de sobrevivir en El Salvador, se seguirán repitiendo.
Les contamos sus historias.
Por: Miriam Rodríguez
La niña Tita, como la conocen todos sus vecinos, a sus más de 70 años recorre parte de las calles de Lourdes, vendiendo sus deliciosas charamuscas de todo sabor. Camina pausada, por ratos cojea, pero eso no la detiene. Sabe que debe buscar la manera de obtener un poco de dinero para sobrevivir, ayudar en la casa que comparte con su hijo.
Está casi ciega, no recibe atención médica adecuada para su enfermedad, tampoco se divierte y peor aún, no tiene pensión.
“Por la situación económica es que estoy perdiendo más la vista, ya casi no veo, me operaron en el hospital y perdí un ojo, el otro también se está empañanando el lentecito, hay que limpiarlo, pero se necesitan como 125 dólares, pero, no los tenemos lastimosamente”, dijo con tristeza.
La niña Tita forma parte de esta población invisibilizada, de las personas de edad en El Salvador.
La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor fue aprobada en 2002, dice en el artículo 5 que la persona adulta mayor debe recibir asistencia médica y en el artículo 7 que tiene derecho a disfrutar en forma gratuita de programas recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento
En 1996 se aprobó la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones que entró en operación en 1998. Para Emilio Espín, de la Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador CORDES, aun así, al Estado le falta mucho por hacer.
“No hay una visión de Estado para encontrar una solución que le dé una perspectiva de fondo y de sostenibilidad de largo alcance que dé estabilidad a las personas que han cotizado y las que no, por lo menos la Pensión Básica Universal”, dijo Espín.
Según datos del año 2016, realizado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), la población salvadoreña ha experimentado un aumento considerable en la cantidad de personas de 60 años y más.
La exdirectora del departamento de la Persona Adulta Mayor de la extinta Secretaría de Inclusión Social, Jennifer Soundy, dijo que El Salvador, al igual que otros países presenta la tendencia a un envejecimiento acelerado. “Por hoy, El Salvador tiene un 11% de personas adultas mayores, es decir, que 11 de cada 100 habitantes son adultas mayores”.
Para Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador (UNFPA), en el estudio realizado por ese organismo y que denominaron “Oportunidades Demográficas de las Olas Poblacionales en El Salvador”, se estima que para el año 2054, la población adulta mayor en nuestro país llegará a ser la más numerosa.
“En términos de políticas públicas, ¿Debería esperar el país, hasta dentro de los próximos 30 años hacer algo en función de prepararse para ese cambio demográfico?, o se pueden ir iniciando algunos cambios en los cuales se pueda hacer incidencia para responder esa demanda que progresivamente El Salvador tendrá. No hacerlo sería negligencia”, aseguró el representante de UNFPA.
Aunado al aumento poblacional de adultos mayores, incrementará la participación de personas con 80 años o más en la estructura de la población adulta mayor, como resultado de la expansión de la esperanza de vida, las mujeres estarán en los 80 años y los hombres en los 70, y eso es bueno dice Hugo, “El tema está en qué condiciones la vivimos, y allí es donde puede hacer una diferencia una política pública”, aseguró.
Al aumentar la población adulta mayor significa que habrá un crecimiento en las demandas de servicios de salud, educación, pensiones, lugares de cuido de, oportunidades para trabajar, políticas públicas, entre otros.
Respecto al tema de salud, a más población de edad se necesitará más personal que pueda atenderlos, es decir, será necesario el uso de la geriatría que se ocupa de las enfermedades propias de la vejez y la gerontología, estudio científico de los procesos y problemas del envejecimiento desde todos los aspectos: biológico, clínico, psicológico, sociológico, legal, económico y político.
En nuestro país hay solamente 12 médicos especializados en geriatría para atender a casi 800 mil adultos mayores, como lo explica la geriatra del Ministerio de Salud, Nidia Cañas.
“Tenemos un aporte de geriatras, aproximadamente de 12 profesionales, para atender una población de casi 784 mil 646 adultos mayores, es una proporción desigual, casi todos se concentran en la capital, pero además de eso, ese gran número de personas mayores los tiene el Ministerio de Salud”, expresó Cañas.
Otro tema fundamental para las personas de edad, es el relacionado a las pensiones.
Manuel, es un hombre de más de 70 años que está pensionado desde 1999. Lo encuentro tomando café, sentado en una banca dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP). Se ve cansado, pero eso no le quita su sonrisa. De forma muy amable me cuenta la desprotección que siente con la pensión que recibe desde hace más de 20 años y que definitivamente no cubre sus necesidades.
“Ay Dios, es una… (hace una pausa y ríe) …una miseria. Me dan 220”, dice con resignación y agrega, “Me sirve para pagar los impuestos, ya para la comida, porque yo no tengo ayuda de hijos, nada, únicamente yo y mi esposa, sólo los dos somos”, enfatiza con desconsuelo.
Casos como este hay muchos en El Salvador y con esta población de adultos mayores, la vulneración de sus derechos aumenta también, por las dificultad que representa atender sus necesidades.
Según datos del Instituto de Nacional de Empleados Públicos de El Salvador, (INPEP), en el 2018 hubo 52, mil 563 personas pensionadas, de ellas 32 mil 994 eran mujeres y 19 mil 569 hombres.
Pensión insuficiente
En 2011, el gobierno del presidente Mauricio Funes incluyó la Pensión Básica Universal, que consistía en el apoyo mensual de $50 dólares a las y los adultos mayores de 70 años o más que cumplieran con ciertos criterios, entre ellos que habitara en alguno de los 53 municipios de extrema pobreza.
En el presupuesto General de la Nación 2020 se contempla algo similar, ahora se llama “Pensión al Adulto Mayor a Personas con Discapacidad”, tiene una asignación $20 millones, es decir, 2.2 millones menos que en el presupuesto de este año.
Integrantes de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Beneficiarios de El Salvador (AJUPEBES) junto con otras organizaciones presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta para una nueva ley de pensiones con carácter público.
“No se trata, de seguir poniendo parches. Se trata de crear una nueva Ley de Pensiones con carácter público, no lucrativo, de beneficio definido. Que la gente sepa con anticipación que es lo que va a recibir al momento que se pensione”, dijo Yolanda Fabián, directora de AJUPEBES.
También, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), atiende a población adulta mayor en el ámbito de la garantía de sus Derechos Económicos Sociales y Culturales. Mireya Tobar, procuradora adjunta manifestó que a veces el Estado no logra suplir las necesidades de las personas de edad, especialmente los de situación de abandono.
“A la hora que viene un caso de abandono de adulto mayor, donde lograr ubicarlo, porque el Sara Zaldívar (refiriéndose al asilo estatal), está colapsado por la falta de recursos de parte del Estado”, dijo Tobar.
Margarita Méndez del Departamento de Atención al Adulto Mayor de la PDDH, menciona que irónicamente uno de los derechos más vulnerados es la salud, ya que reciben muchas denuncias de adultos mayores que se quejan, que a pesar de recibir pensiones bajas les descuentan el derecho a recibir atención en salud.
“Son un monto de pensiones que no reúnen los requisitos básicos para que una persona adulta mayor pueda ser autónoma económicamente. A pesar de ello se les descuenta un porcentaje para el derecho a la salud, que es lo que ellos vienen aquejándose y como bien lo dice la Constitución, es un derecho gratuito para toda la población”.
Como entidad garante de derechos humanos, buscan visibilizar la crisis que vive esta población.
Crisis que se ha agudizado con la entrada del gobierno del presidente Nayib Bukele que, al suprimir la Secretaría de Inclusión Social, desapareció al Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de Personas Adultas Mayores (CONAIPAM).
Desde el 1 de junio, dejó de funcionar.
“Ahhh, tenemos que rebuscarnos de cualquier manera, a veces siembro maicito, frijolitos, ayotes y unas mis matas de huerta que tengo, y así vamos pasando, usted sabe que ya uno de anciano ya no come mucho… (ríe jocosamente y continúa) …” Pero, gracias a Dios que no me ha desamparado, ni a mí, ni a mi esposa”, y con un tono de voz y con la expresión de haberse rendido, don Manuel concluye, “porque la verdad, como le repito, no alcanza lo que le dan a uno”.
Mientras el Estado no garantice proteger los derechos de la población adulta mayor, las niñas Titas y los don Manueles seguirán buscando la forma de sobrevivir en El Salvador.
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*La investigación para este reportaje se realizó en el marco del Curso de Periodismo con Enfoque de Derechos Humanos y Género, impartido por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
