//“Cúpulas empresariales son causantes de la crisis climática que vive el país”: UNES

“Cúpulas empresariales son causantes de la crisis climática que vive el país”: UNES

La organización considera que uno de los grandes retos ambientales para el Estado en 2020 es la crisis hídrica, que está impactando a la población.

Por: Krissia Girón/Foto: UNES

Serios retos tiene el Estado salvadoreño en materia ambiental, principalmente en lo relacionado a la situación del agua, advierte la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). A esta organización también le preocupa que la falta de aprobación de la ley de aguas en la Asamblea Legislativa mantenga en desprotección este bien natural, fundamental para la vida.

“Las cúpulas empresariales son las causantes de la crisis climática que vive el país”, sentenció Carolina Amaya, representante de la UNES.

Declaraciones Carolina Amaya, UNES

Por esto la UNES considera preocupante que, en medio de la crisis, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no logre cubrir las necesidades de la población, debido a que “la cantidad de agua en el país no alcanza para satisfacer la demanda”, dice Luis González, de la UNES.

Declaraciones Luis González, UNES

Una ley general de aguas con enfoque de derecho humano que priorice en la protección de cuencas, en el agua de uso doméstico y que deje al ente rector en manos del Estado, podría aportar al mejoramiento de la crisis hídrica, afirma la UNES. Sin embargo, lamentan que algunas fracciones legislativas no tomen en cuenta las propuestas y llamados de las organizaciones y comunidades.

“Queremos decirle a Marta Evelyn Batres, y a los partidos de derecha, que insisten en querer privatizar el agua, que tampoco vamos a renunciar al mandato del pueblo, y es que no queremos cúpulas empresariales ni en la administración ni en la gestión del agua”, apuntó Carolina Amaya.

A esta organización ambientalista también le preocupan otros problemas ambientales como la tala de árboles, el desvío de ríos para regar caña de azúcar, usurpación de áreas naturales protegidas y otros territorios por la ganadería industrial. Por lo que exigen que se apliquen las normativas existentes para proteger tanto a la naturaleza, como la calidad de vida de las comunidades.