En 2020 se cumplen cuatro años desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, mandató a la Asamblea Legislativa a construir una nueva Ley de reconciliación nacional, legislación que tiene menos de 70 días para ser aprobada. Las organizaciones de derechos humanos que acompañan a sobrevivientes y familiares de víctimas exigen que la normativa cumpla con sus demandas.

2019 estuvo marcado de diferentes intentos por aprobar una nueva ley de reconciliación que, según las víctimas y organizaciones, se configuraba como una nueva amnistía para los responsables de graves crímenes.

Los hechos…

El 9 de mayo, la Comisión Ad-Hoc de la Asamblea Legislativa que estudió las implicaciones de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía finalizó sus funciones con la aprobación de su informe de trabajo. Este sirvió de insumo para que la Comisión Política retomara la discusión sobre la ley, meses después. Esta última creó una sub comisión política, para la elaboración del proyecto de ley.

En ese mismo mes, familiares, víctimas de la guerra y organizaciones de derechos humanos, presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Especial de reparación integral y acceso a la justicia para victimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado, iniciativa construida a partir un proceso de consulta con las victimas en los territorios impactados por la guerra, así lo aseguró entonces Dorila Marquez, de la Asociación Promotora de Derechos humanos del Mozote

Ante los acuerdos de la Sub Comisión Política del parlamento de presentar un proyecto de ley de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, los diputados recibieron un llamado de la la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 27 de mayo. Ella advirtió que el Anteproyecto en discusión contenía una serie de disposiciones que podrían traducirse en una amnistía de facto.

Mientras el tiempo se le terminaba a la Asamblea para aprobar una nueva ley de reconciliación, la Sala de lo Constitucional dio una prórroga de cuatro meses más, reiterándole al Parlamento que para aprobar una normativa de este tipo debe escucharse a las víctimas, organizaciones y otras personas interesadas en aportar al tema. Y les exhortó a promover un diálogo “transparente, abierto e inclusivo”.

La respuesta de las victimas

Con campañas, plantones, entrega de cartas, conferencias de prensa, entre otras acciones, las organizaciones presionaron a la Asamblea Legislativa para que tomara en cuenta sus demandas e iniciativas de ley. No fue hasta septiembre que el Parlamento inició un proceso de consulta que, según las organizaciones, no utilizó una metodología adecuada para escuchar realmente a las personas cuyos derechos fundamentales fueron violentados, como lo denunció entonces David Morales, abogado de Cristosal y ex procurador de Derechos Humanos.

Ante la presión nacional e internacional para la no aprobación de proyectos de ley que las organizaciones denunciaron, buscaban dar amnistía a los victimarios de guerra, las y los diputados solicitaron una nueva prórroga a la Sala de lo Constitucional, la cual fue otorgada el pasado 4 de diciembre.

Con esto, las y los diputados tienen hasta el 28 de febrero de 2020 para crear una legislación que contemple la demanda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que las víctimas de guerra han exigido al Estado desde hace más de 30 años.