Sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad pública, el asesor jurídico de la Presidencia dijo que “la protección del derecho a la salud y a la vida no quiere decir mermar otros derechos”. Sin embargo, agregó que “quien se resista a la medida” tendrá que ser llevado “a la fuerza”.
Por: Krissia Girón / Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
El 28 de abril finalizaría la cuarentena domiciliaria obligatoria, luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara la extensión de la medida, afirmó el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
Argueta explicó que el decreto 14 tiene vigencia hasta el 13 de abril. Sin embargo, tras instrucciones del presidente de prorrogar 15 días más, la cuarentena llegaría hasta el 28 “previa evaluación del Ministerio de Salud, con especialistas y con la Organización Mundial de la Salud”, dijo el funcionario.
Afirmó que mañana presentaran la solicitud de prórroga de Estado De Excepción y de Estado De Emergencia a la Asamblea Legislativa. Esperan que ésta lo avale en plenaria extraordinaria el sábado.
“Vamos a mantener las medidas, porque restringir la libertad de tránsito y evitar el cambio de domicilio son vitales para evitar más contagios”, añadió.
También expresó que de los decretos aprobados en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de abril, en el marco de la emergencia por COVID-19, están vigentes los referentes a medidas económicas para la población como la suspensión de pagos a servicios básicos, créditos, telecomunicaciones y otros.
“Quienes se resistan serán llevados por la fuerza”
Sobre las detenciones de personas que presuntamente violaron la cuarentena domiciliaria obligatoria, el asesor jurídico de la Presidencia explicó que “la ley que decreta el Estado de Emergencia establece que el Ministerio de Salud, previa evaluación, podrá someterlos a la cuarentena decretada por el virus”. Añadió que, según dicha ley, son tres componentes a tomar en cuenta para ser trasladados a un centro de contención.
“El primero es que sea sospechoso, así lo dice el artículo 2 de la ley; el segundo es que tenga una posibilidad de contagio hacia otros, que son los que estamos tomando conjuntamente con la PNC y FAES; y el tercero es que ya tenga un contagio definido”, dijo.
Javier Argueta desglosó las fases del procedimiento que se realiza para detener a las personas que presuntamente irrespetaron la cuarentena.
“Con el MINSAL hemos establecido que esta persona es un vehículo de contagio. Entonces el policía lo que hace es que le levanta un acta y lo lleva a un centro policial donde no pasa de 4 o 5 horas, ahí lo que hacemos es abrir un expediente -las generales- y luego lo mandamos a un centro definido por el MINSAL. Ahí los médicos definen si es sujeto de regresar a su residencia o de ingresar a un centro de cuarentena”, explicó.
Agregó que las personas encontradas en estado de ebriedad serán llevadas a la cárcel y procesadas por conducción temeraria u otros delitos si estos aplican.
Respecto al decomiso de vehículos para quienes incumplan cuarentena, Argueta dice que es porque éste “no se puede dejar tirado”.
“Hasta el momento no se ha hecho. Lo que se ha señalado es que se lleva a ‘changayo’ o lo llegan a traer. Si estas personas andan incumpliendo las medidas sanitarias se esta aplicando la normativa de transito”, dijo.
Sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad pública, Argueta dijo que “la protección del derecho a la salud y a la vida no quiere decir mermar otros derechos”. Sin embargo, agregó que “quien se resista a la medida” tendrá que ser llevado “a la fuerza”.
“Esta no es una detención ni material ni formal. En la policía no puede estar más de 4 o 5 horas y eso se ocupan para protocolos administrativos”, añadió Argueta, quien dijo que los protocolos utilizados por la PNC están siendo verificados por el Ministerio de Salud.
Al respecto, el abogado Dennis Muñoz considera que estas detenciones son de corte ilegal, ya que los únicos que deben realizarlas es el Ministerio de Salud, según el decreto 611 aprobado por la Asamblea Legislativa.
“También está en concordancia con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, quienes dijeron que para evitar excesos por parte de la PNC o de los efectivos de la FAES, le daba la posibilidad al MINSAL para que se llevara de inmediato a los centros de cuarentena. Tengo un caso de una joven donde la retuvieron hasta 6 horas en el centro policial”, declaró.
Para Muñóz, el procedimiento de retener a las personas en el centro policial es ilegal y arbitrario, ya que no se encuentran en ninguna normativa, rompiendo el principio de legalidad.
“El mismo decreto legislativo, en consonancia con lo que dijo la Sala, dice que si no existe un centro de cuarentena se deben conducir a su casa de habitación. Por supuesto que son detenciones ilegales a todas luces”, agrega el abogado.
Recientemente, organizaciones sociales han realizado reiterados llamados a evitar los abusos de poder en las detenciones de estas personas y no utilizar la pandemia como excusa para no garantizar otros derechos fundamentales de las personas.
Sobre esto, la Sala de lo Constitucional emitió una nueva resolución en la que reitera la obligación de las y los ciudadanos a cumplir la cuarentena domiciliar ordenada por el Órgano Ejecutivo.
Además reiteró que no deben haber “privados de libertad por irrespetar dicha medida.
También hizo un llamado a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud, a “coordinar esfuerzos, de acuerdo con sus propias competencias”, para contar “de manera inmediata” con una ley formal que regule las detenciones derivadas del incumplimiento de la cuarentena domiciliaria.
