“El que hayan presentado una propuesta que no fue la consensuada, nos pareció una falta de ética y de lealtad. En ese momento, la UCA decidió retirarse del comité, el pasado 24 de abril”, dijo el rector de la UCA.
Por: Krissia Girón
Ayer se hizo pública la renuncia de las organizaciones que conformaban el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, creado por la Asamblea Legislativa para la fiscalización de los 2 mil millones de dólares aprobados para el Ejecutivo.
La función principal de este comité era, entre otras acciones, trabajar un presupuesto extraordinario hasta la cantidad de $2 mil millones que el legislativo autorizó al Gobierno a buscar, para financiar todas las actividades que requieran durante la emergencia por COVID-19.
La carta de renuncia plantea que hubo una serie de inconvenientes para la ejecución del trabajo del comité que van desde las funciones atribuidas a esta entidad en el Decreto Legislativo 608, hasta falta de información como metodologías, planes y gestión de recursos por parte del gobierno.
“Durante la semana del 20 de abril se acordó, junto a los equipos legales, una propuesta de reforma al decreto original que luego fue avalada por todos los miembros del comité, para ser presentada ante la Asamblea Legislativa. (…) No obstante, el 24 de abril los mismos funcionarios de gobierno presentaron una propuesta de reforma totalmente diferente a la acordada”, dice la carta.
Luego de conocerse la renuncia del comité, el Presidente Nayib Bukele y sus funcionarios insistieron, tanto en redes sociales como en conferencia de prensa, que esta se debió a que “debían presentar declaraciones patrimoniales”.
Los funcionarios acusaron a integrantes del comité fiscalizador, de “rechazar ser sujetos de declaración patrimonial”.
“El presidente Nayib Bukele ha sido claro en establecer la transparencia como característica del manejo de los fondos de la emergencia”, expresa un comunicado.
Por su parte, las autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) explicaron que entre las dificultades que tuvieron para dar marcha al comité fue, entre otras, la transparencia en las entregas monetarias directas, como el bono de los $300 dólares”, explicó el rector.
“Ese programa se anunció antes de la entrada en vigencia del comité y se diseñó sin contar con este. Sin embargo, el decreto 608 decía que una de las funciones de esta entidad era aprobar el programa de transferencias monetarias. Desde el primer día dijimos que no nos hacíamos responsables porque no participamos en su diseño”, expresó.
El comité también debía elaborar un presupuesto para el destino de los fondos, que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa con el voto de 2/3, el cual no se ha podido elaborar debido a las decisiones respecto al mismo.
“Al comité se le pidió un plan de trabajo y hoja de ruta, que no se ha trabajado. Se le pidió a la parte gubernamental toda la metodología con la que se entregó el bono a las familias salvadoreñas, pero no se entregó”, señaló Oliva.
El rector explicó que la falta de claridad en las funciones del comité contribuyó a que este mismo incumpliera con las asignaciones plasmadas en el Decreto Legislativo 608, “como informar mensualmente a la Asamblea, elaborar un plan para la emergencia y otro para la reconstrucción económica. No deseamos seguir en un comité que no cumple con las funciones que le da el decreto”, dijo.
Añadió que la reforma al Decreto 608 fue consensuada por todos los miembros del comité, incluyendo la parte gubernamental. Sin embargo, relatan que el 24 de abril, funcionarios de gobierno presentaron una propuesta de reforma distinta, que modificaba la distribución de los 2 mil millones de dólares.
En esta propuesta, el gobierno dividió el monto en tres rubros: $600 millones para las municipalidades, $450 millones para transferencias monetarias de $300 por familia (que ya se entregaron) y $950 millones para cubrir deficiencias de ingreso en el Presupuesto General 2020 a causa de la emergencia sanitaria.
El Decreto 608 establece también otros destinos para este monto, como un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas, financiar a productores y productoras agrícolas y sector agropecuario y un programa de subsidio de pago de planilla de empleados/as afectados/as por la declaratoria de estado de emergencia. Todos estos quedaron fuera de la propuesta, afirmó el rector.
“El que hayan presentado una propuesta que no fue la consensuada, nos pareció una falta de ética y de lealtad. En ese momento, la UCA decidió retirarse del comité, el pasado 24 de abril”, detalló Oliva.
Otra de las razones por la cual la UCA, afirma, decidió salir del Comité es la violación a derechos humanos y a la institucionalidad del país cometidas por el gobierno, en medio de la emergencia. “Esas actuaciones nos parecen contrarias a los principios que la UCA siempre ha defendido. Podría interpretarse que nuestra participación en el comité es porque estamos avalando estas actuaciones”, añadió.
El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, explicó lo sucedido en cada reunión entre el comité y el gobierno. En algunos casos sólo recibieron “unos ‘power point’” como información, dijo.
“Desde la primera reunión, el 30 de marzo, argumentamos que para poder proponer las estrategias debemos conocer los planes referentes a la emergencia y la recuperación económica del gobierno, con el fin de tener el horizonte trazado en tiempo y sobre todo el alcance de dichos planes. Todavía no tenemos, a estas alturas, una copia del plan para atender la emergencia”, sentenció Serrano.
“Nunca se nos presentó un plan integral para enfrentar la pandemia, como lo pedimos, no se nos presentó propuesta de roles de las instituciones, Nunca se nos presentó una propuesta de distribución de financiamiento sobre los $2 mil millones”, agregó.
Serrano aseguró que se les trató con cordialidad y fueron escuchados, “pero no tuvimos voto. Nunca se nos presentó lo invertido en el área de salud. Nunca se tomó una decisión sobre la propuesta de criterios para las auditorías. Ya estaba decidido, no tuvimos voto”, dijo.
“¿Quién tiene problemas con la transparencia?”, cuestionó.
“Nuestra intención no es arruinar el camino ni boicotear, sino ayudar, por eso entramos al comité. Hicimos ver y dijimos cosas que no nos gustaron. Recuerden que este comité no es iniciativa del gobierno sino una condición que le puso la Asamblea”, dijo Serrano.
Ayer, en conferencia de prensa, el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, dijo que, a pesar de la renuncia de los miembros del Comité, ellos deben presentar la declaración ante la sección de Probidad. “La Ley de Procedimientos Administrativos dice que no se puede delegar la competencia y en todo lo que aprobaron hay responsabilidad”, expresó.
Sobre esto, Omar Serrano dijo no tener problemas en presentarlo. “Yo no soy abogado, no sé, pero no tengo ningún problema, incluso bajé el formulario. Si me lo piden es porque ellos ya lo hicieron. Ellos tienen un año de ser funcionarios, nosotros lo fuimos por 6 semanas. Dicen que el ladrón juzga por su condición, así que con todo gusto. Esto nunca se habló en el Comité, vean las actas”, concluyó Serrano.
El resto de asociaciones que formaban parte del comité fiscalizador concuerdan con lo planteado por la UCA en sus posicionamientos.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Camarasal, reiteró la falta de información oficial, completa y detallada del uso de los fondos solicitados por el Gobierno “a través de un informe serio y con la formalidad que el caso merece. No había un plan de trabajo”, dijo su presidente, Jorge Hasbún.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, también lamentaron no tener los detalles de la administración de fondos para poder tomar decisiones.
“Nuestros representantes no pueden asumir responsabilidad personal ni patrimonial sobre las decisiones que el Gobierno pueda haber tomado de manera arbitraria, unilateral y sin rendición de cuentas”, afirmó la ANEP.
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