Pese a una serie de medidas aprobadas desde el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para que productoras y productores agrícolas puedan resistir a la falta de producción debido a la emergencia por COVID-19, comunidades y organizaciones sociales señalan que estas no son suficientes. Para organizaciones sociales, una solución estructural a la crisis es la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria, pendiente en el parlamento desde hace 12 años.

Por: Krissia Girón/ Foto: Redes

“Para poder cultivar hay que salir de donde estamos, pero nos enfrentamos con que no podemos salir a esos lugares donde podemos ir a sembrar. Si no cultivamos la milpa, ¿qué va a pasar?”, se lamentó el Tata Fidel Flores, representante de comunidades indígenas del municipio de San Antonio del Monte, en Sonsonate.

La falta de acceso a tierras y a beneficios económicos implementados por el gobierno en el marco de la emergencia por COVID-19 son algunas de las preocupaciones de esta población, quienes han denunciado una clara exclusión de ellas y ellos en la implementación de estas medidas.

“No hay una respuesta hacia nosotros. La mayoría no utilizamos internet, no tenemos la posibilidad de conectarnos con las instituciones del Estado. Queremos que se nos escuche, que vean que las comunidades indígenas necesitamos que se nos tome en cuenta”, afirma.

Y es que la cuarentena domiciliar obligatoria ha impactado de manera grave a pequeños productores y productoras quienes, en algunos casos, recurren al alquiler de tierras fuera de sus viviendas para poder sembrar, así lo han señalado poblaciones indígenas y organizaciones sociales. Ellos y ellas ponen en tela de juicio algunas acciones implementadas por el Ejecutivo en el marco del inicio de la temporada agrícola 2020-2021.

A través de un comunicado, la Mesa por la Soberanía Alimentaria señaló que estas medidas “no contribuyen a garantizar una producción de granos básicos suficiente para alimentar a nuestro país”.

“La reducción de más de 22 mil paquetes de maíz del Programa de Paquetes Agrícolas, así como la suspensión en la entrega de los mismos de manera abrupta sin un plan de contingencia puede afectar la cosecha 2020-2021 y con ello la capacidad del país de producir sus propios alimentos”, reza el comunicado.

La Mesa por la Soberanía Alimentaria también lamentó las declaraciones del diputado por el partido ARENA, Mauricio Roberto Linares, presidente de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, quien afirmó a un medio de circulación nacional que “no podemos garantizar la seguridad alimentaria con las especies nativas”.

“Mantienen la postura de defender intereses opacos al intentar imponer el uso de semillas transgénicas que darían el golpe de gracia a nuestra agricultura y a la posibilidad de garantizar nuestra Soberanía Alimentaria”, expresó la Mesa.

Adalberto Blanco, representante de la Mesa, recordó que la mayoría de productoras y productores estaban listos para la siembra en las próximas dos semanas, lo cual tuvo que detenerse.

“Esto es preocupante porque puede significar atrasos o pérdidas futuras en la producción nacional y además no se da una alternativa directa al productor sino simplemente a esperar 15 días, cuando la naturaleza, la agricultura está atada a las condiciones climáticas”. afirmó.

En este contexto, instan al gobierno a tomar acciones enfocadas al sector rural y buscar alternativas de circulación de los productos agrícolas, manteniendo las medidas de prevención por COVID-19, aseguró Adalberto Blanco.

“También se deben buscar alternativas a crisis futuras por medio de la creación de reservas de alimentos, así como de financiamiento y de modernización del sector agrupecuario por medio de la agroecología como única alternativa para hacer frente al cambio climático y a crisis socio económicas”, señaló el representante de la Mesa.

Ayer la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas económicas para este sector, plasmadas en la Ley Especial Transitoria de Medidas al Sector Agropecuario para Garantizar la Seguridad Alimentaria ante la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19.

La normativa transitoria para el sector agrícola aprobada en la Asamblea contempla las siguientes medidas:

• Suspensión del pago de capital e intereses por tres meses a los productores, ya sean personas naturales o jurídicas, así como cooperativas agropecuarias que tienen deudas por créditos agropecuarios en cualquier instancia del sistema financiero, ya sea con bancos privados, estatal o cooperativas y asociaciones de crédito. Las cuotas deberán de ser canceladas en un plazo de hasta seis meses.

• Las entidades financieras y acreedores tendrán hasta cinco días hábiles para informar a las y los productores que han sido beneficiados con las medidas de esta ley transitoria. Además, les obliga a no iniciar con ningún proceso judicial por mora.

• Creación de líneas de crédito para productores de granos básicos y todo el sector agropecuario en el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), las cuales tendrán una tasa de interés para el usuario final, no mayor del 5% de interés anual.

• Las y los productores que soliciten estos créditos no están obligadas a adquirir un seguro agrícola y tendrán que justificar su posible afectación, así como su posible aporte a garantizar la seguridad alimentaria de la población, ante la emergencia nacional debido a la pandemia por COVID-19

Por otro lado, el Pleno aprobó un recomendable al presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, para que instruya al director general de Protección Civil realizar las coordinaciones pertinentes con las comisiones municipales, a fin de permitir el ingreso temporal y controlado de pequeños productores y comerciantes de verduras, hortalizas, frutas y otros.

Para la Mesa por la Soberanía Alimentaria, si bien es cierto son medidas que pueden beneficiar a las y los productores, los esfuerzos de la Asamblea Legislativa deberían estar enfocados en dar una solución estructural a la crisis alimentaria del país, aprobando la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional.

“Desde que la primera propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria (SSAN) se presentó a la Asamblea Legislativa en 2008, han pasado 12 años y 12 propuestas diferentes de Ley SSAN, de igual forma, han trascurrido 8 años sin que se reconozca el Derecho Humano a la alimentación en la Constitución de la República por la Asamblea Legislativa”, afirman en el comunicado.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019, 126,000 hogares (20% de la población), se encuentran en inseguridad alimentaria y un 64% se encuentra en riesgo de inseguridad alimentaria.

Además, el cuarto “Informe Mundial de Crisis Alimentarias 2020”, de la iniciativa Food Security Information Network (FSIN), afirma que en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, antes de la pandemia SARS-COV-2, poseían un incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional de 4.4 millones de personas en condiciones de crisis o emergencia en 2019. A raíz de la pandemia, se estima que esta cifra podría duplicarse debido a sus efectos.