//Tras más de 40 días en confinamiento, anuncian huelga de hambre y son trasladados a otros centros de contención

Tras más de 40 días en confinamiento, anuncian huelga de hambre y son trasladados a otros centros de contención

Pese a que para la mayoría de las personas del centro de contención Nuestra Señora Monte Carmelo, la Sala de lo Constitucional emitió -a través de habeas corpus- medidas cautelares ordenando que siguieran la cuarentena por COVID-19 en sus domicilios, ayer fueron llevados a otros lugares para continuar el confinamiento. Previo a ésta acción de las autoridades, las personas habían denunciado violación a derechos humanos.

Por Josseline Roca con aportes de Norma Ramírez/Foto: Cortesía

Tras más de 40 días en el centro de cuarentena Nuestra Señora de Monte Carmelo, en Ciudad Delgado, San Salvador, y a solo horas de volver a denunciar vulneraciones a sus derechos, éstas personas fueron trasladadas a distintos recintos, para continuar privados de libertad.

Según se conoció la tarde del jueves, a través de un video divulgado por diversos medios de comunicación y enviado desde el centro de contención, las personas habían iniciado una huelga de hambre en reclamo a vulneraciones a sus derechos.

Pese a que les han realizado cuatro pruebas, todas con resultado negativo, y a órdenes de la Sala de lo Constitucional para que guarden cuarentena en su casa, el Ministerio de Salud les insiste en mantenerlas en confinamiento.

Declaración de una de las personas afectadas

Semanas atrás, en este llamado centro de contención, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) llegaron para amedrentarles, según han denunciado. Incluso helicópteros de instituciones de seguridad pública han sobrevolado el lugar.

Sobre estas denuncias, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) llamó a la Fiscalía General de la República a que investigue la responsabilidad de autoridades obligadas, en este caso el Ministerio de Salud, sobre las vulneraciones a derechos humanos.

La organización considera que ante estos hechos se podría configurar responsabilidad de autoridades obligadas, según los artículos 244 y 245 de la Constitución.

El 244 establece que “la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto,durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”

Mientras que el 245 de la Constitución dice que “los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución”

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Por su parte, el exprocurador de derechos humanos, David Morales, señaló que éstas personas se encuentran en situación de “detención arbitraria” y responsabilizó al presidente Nayi Bukele, y al ministro Salud, Francisco Alabí de “éstos abusos”.

La versión oficial

Respecto a las denuncias, el ministro de Salud, Francisco Alabí, confirmó esta mañana en una entrevista radial los traslados. Aseguró que la razón es que se detectaron casos positivos de COVID-19 en el centro de contención Nuestra Señora de Monte Carmelo.

Sostuvo que la acción responde a medidas preventivas, aunque señaló que algunas personas permanecen en centro de contención más de 30 días “porque de forma irresponsable violan la cuarentena al entrar en contacto con otras personas”.

Las prácticas de “contención” utilizadas por parte de cuerpos de seguridad y la falta de respuesta de las autoridades de salud en los diferentes centros de cuarentena ha sido denunciada en diferentes momentos, desde que inició la emergencia nacional por COVID-19.

A finales del mes de marzo -al inicio de la emergencia nacional- la Sala de lo Constitucional emitió medidas cautelares a favor de tres mujeres detenidas por salir a comprar alimentos y llevadas a cuarentena. «Las autoridades están obligadas a brindar un trato digno y atención adecuada», dijo entonces la Sala.

El 08 de abril, los magistrados constitucionalistas le recordaron al gobierno -a través de medidas cautelares- que «no debe haber privados de libertad por violar la cuarentena domiciliar».

Sin embargo, personas como la retenidas en el centro Nuestra Señora de Montecarmelo llevan más de cuarenta días en confinamiento y, ayer, fueron trasladadas a otros lugares sin tener certeza de cuándo terminará para ellas la situación de encierro en centros de contención.