Un ex miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado aseguró que supo desde el primer momento que la versión oficial con la que se buscaba culpar al FMLN de la masacre en la UCA no era sostenible debido a la gran cantidad de pruebas que señalaban a la Fuerzas Armadas. Además, describió en el juicio histórico sobre este crimen, ante la Audiencia Nacional de España, cómo se encubrieron a los responsables materiales e intelectuales desde las mismas instituciones del Estado, lo cual se confirmó años después con el análisis de información desclasificada por Estados Unidos.

Por: Krissia Girón / Foto: Museo de la Palabra y la Imagen

Luis Parada, un ex miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de la Fuerza Armada, lo supo desde el inicio: las Fuerzas Armadas habían asesinado a los sacerdotes jesuitas de la UCA y dos mujeres que se encontraban en la residencia. Todas las señales que vio y escuchó la mañana del 16 de noviembre apuntaban a que no podía haber otra versión de los hechos.

Parada ingresó a la Escuela Militar en enero de 1980. Al graduarse, estudio con una beca en West Point, Estados Unidos. Regresó en 1985 y de septiembre del 87 hasta el 89 trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que era una unidad especializada de inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa. Fue fundada a mediados de los 80 y tenía tres departamentos: operaciones, análisis y administrativo. La sección donde estabaParada dependía del sub director de la DNI.

El director, al momento del crimen, fue Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, quien antes era director de la Policía Nacional. El director reportaba al viceministro de defensa, pero también se coordinaba con el estado mayor conjunto.

En su declaración ante la Audiencia Nacional de España, Luis Parada logró identificar a los miembros del alto mando de la fuerza armada: el Presidente de la República, Alfredo Cristiani; el Ministro de Defensa y Seguridad Pública, Gral. Rafael Larios; el Viceministro de Seguridad Pública y acusado Cnel. Inocente Montano, el Viceministro de Defensa, Cnel. Orlando Zepeda; el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Cnel. Emilio Ponce y el Subjefe del Estado Mayor Conjunto, Cnel. Rubio.

Afirmó que la ofensiva del FMLN -que inició el 11 de noviembre-, terminó tomando por sorpresa a la FFAA, esto pese a que desde la DNI se informaron de evidencias y fuertes sospechas del ataque que la guerrilla ejecutaría en San Salvador, por lo que Parada calificó de negligente la actuación del Alto Mando.

Ante la ofensiva, el Presidente Cristiani decretó estado de sitio en San Salvador y el Alto Mando dividió la capital en cinco comandos de seguridad, el más importante el del complejo militar que incluía el Ministerio de Defensa, la sede del Estado Mayor Conjunto, la DNI, la Escuela Militar y las colonias militares Arce y Palermo, ubicadas cercanas a la UCA, la cual estaba incluída en los comandos de seguridad. Esta información fue reiterada durante el juicio por el ex militar, René Mendoza.

Según el testimonio de Parada, el lunes 13 de noviembre de 1989 se enteró que el Batallón Atlacatl formaba parte del comando de seguridad que acordonaba el complejo militar, incluyendo la UCA, y que éstos habían sido enviados a realizar un cateo a la universidad.

El ex militar comentó que tenía un doble interés por saber si en la UCA habían guerrilleros escondidos o no: “el primero, por ser parte de la DNI, muy cercano a la UCA y que podíamos ser los segundos en ser atacados si lo hacían desde ese lugar; y la segunda, y más importante, es que el primer lugar atacado sería la colonia Palermo, ahí estaba mi esposa con 7 meses de embarazo”, dijo ante la Audiencia Nacional de España.

Parada relató que logró alcanzar al Batallón hasta el portón principal de la UCA, donde se encontraba un oficial de la Policía de Hacienda, quien le confirmó que la unidad del Atlacatl había ingresado y que podía ser peligroso que se incorporara al cateo, ya que estaba muy oscuro y “podían dispararle creyendo que era un guerrillero”. El policía también le confirmó la presencia del padre Ellacuría en el campus, al momento del cateo.

Luis Parada afirma que, en ese momento, creyó que el cateo tenía como fin registrar el campus para comprobar si había guerrilleros armados. Sin embargo, los soldados fueron directamente a registrar el edificio de la residencia de los jesuitas y en apenas una hora regresaron a la Escuela Militar. Considera que, dada la extensión del campus, una hora de cateo no era suficiente.

Contó que, a eso de las 9:30 o 10 de la noche del día 15 de Noviembre, el director de la DNI, Carlos Mauricio Guzmán, se encontraba con un grupo de aproximadamente 8 oficiales contándoles lo que se había hablado en una reunión en el Estado Mayor Conjunto. La decisión era que se haría un cambio drástrico en la estrategia porque ya llevaban 4 días y no se había podido desalojar al FMLN de sus lugares de combate, por lo que ejecutarían una “contra ofensiva”, utilizando armas más poderosas, específicamente de la Fuerza Aérea (artillería, vehículos blindados), a pesar de que todavía podía haber población civil en esos lugares.

“Yo sentí cierto enojo con el FMLN por forzarnos a la Fuerza Armada a tener que tomar esas acciones que iban a causar impactos en la población civil”, dijo. El ex militar logró escuchar los primeros bombardeos, sabía que esto tendría costos humanos, más allá de las bajas en la guerrilla y el ejército.

A la mañana del 16 de noviembre, Parada estuvo presente en otra reunión donde les dieron la misma información. “En ese momento, entró el capitán Herrera Carranza, jefe de operaciones de la DNI, con dos radios MX (radios codificados con alcance en todo el país utilizados por altos oficiales y la DNI) en la mano, y dijo: ‘acaban de decir en el MX que a Ellacuría lo mataron cuando se resistió al arresto’. El capitán volvió a entrar para aclarar que no solo había sido Ellacuría, sino que habían matado a ‘ocho curas’”, declaró.

Luis Parada lo supo desde el primer momento, cuando el capitán utilizó la palabra “arresto”, que los ejecutores de los sacerdotes jesuitas habían sido las Fuerzas Armadas. Posteriormente se enteraría que habían dos mujeres en la residencia que también fueron asesinadas: Elba Ramos y su hija Celina de 16 años.

El ex militar afirma que todos en la reunión se mostraron consternados, excepto el director de la DNI, Cnel. Guzmán Aguilar, quien había estado la noche antes en la reunión del Alto Mando en la cual se había tomado la decisión de adoptar medidas “más drásticas” contra el FMLN. Al escuchar la noticia, el Cnel. Guzmán Aguilar, quien también era miembro de “La Tandona”, respondió calmado: “Ya ven, ya comenzaron a pasar algunas cosas”, según el relato de Parada.

“Necesitaba aclarar por mi mismo lo que había sucedido”, afirmó Luis Parada, quien le propuso al capitan Hernández Carranza “ir a ver a la UCA lo que había sucedido”. Describió que llegaron con escolta de varios soldados, ya habían personas en el lugar y empezaba a llegar la prensa. Vio los cuerpos de los sacerdotes y los de Elba y Celina.

“Ahí me presentaron a un profesor de la UCA, le di mis condolencias y yo creía que todo el mundo sabía que había sido la FFAA, por lo que le hice un comentario al profesor: ‘no todos somos iguales’, delatando que habían sido los militares”, dijo.

Al regresar a la DNI le informaron que ya el gobierno había ordenado una investigación de lo sucedido y le recomendaron no hacer comentarios de lo que sabían sobre el caso, que “siguiéramos nuestras vidas como si nada hubiera pasado”, recordó. Sin embargo, la misma mañana de los hechos por la radio Cuscatlán ya estaban informando de que la autoria de los asesinatos era del FMLN.

“No podía creer que ya había un plan de encubrimiento, que iban a tratar de encubrir la historia, no habían aprendido de las lecciones del pasado”, dijo el exmilitar.

El testimonio de Luis Parada dio cuenta, ante la Audiencia Nacional de España, de cómo la Fuerza Armada ya tenía antecedentes de encubrimiento de crímenes cometidos contra la población civil. Afirmó que en el año 1988 realizaron la misma estrategia con miembros de la Quinta Brigada de Infantería, acusados de la masacre de 10 campesinos en San Sebastian, departamento de San Vicente.

“Le pregunté a Carranza si no habían aprendido de los errores y este solo se encogió de hombros, ahí fue donde me enteré que ya había un plan de encubrimiento de ese asesinato al nivel que se hizo este, tuvo que haberse ordenado por el Alto Mando”, resaltó.

Luego, el entonces miembro de la DNI fue trasladado a Washington, ya que necesitaban una representación del Ejército en Estados Unidos. En enero de 1991 fue llamado a declarar en el juicio contra los acusados de la masacre. La Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) convocó a los oficiales de la DNI que habían participado en la reunión de la mañana del día 16 de noviembre de 1989 y quienes, tras sus declaraciones, varios habían resultado muertos al poco tiempo en extrañas circunstancias. 

Por ejemplo, en noviembre de 1990 tras cambiar su testimonio ante la CIHD unos meses antes, el capitán Herrera Carranza, quien había revelado el asesinato de los jesuitas en la reunión de la DNI, murió de un disparo en la cabeza a los pocos días de ser trasladado al destacamento Militar de Morazán. “La especulación de todas las personas con las que hablé era que lo había matado la misma FFAA”, dijo.

En este contexto, Parada dejó su testimonio escrito al embajador de El Salvador en Estados Unidos de ese entonces, temiendo por su vida.

En marzo y mayo de 1991, el ex militar fue llamado a declarar ante CIHD, pero antes de acudir el Viceministro de Defensa, Gral. Zepeda, le ordenó que fuera al departamento jurídico del Ministerio de Defensa para que los abogados de los acusados le dieran instrucciones sobre lo que tenía que testificar. Parada no asistió.

“Me pareció innapropiado que los defensores de los acusados me dijeran lo que tenía que decir”, dijo.

Afirma que el investigador de la CIHD solo le hizo “preguntas meramente testimoniales e inocuas”. “La pregunta más importante que me hizo fue si era cierto que los oficiales de la DNI habíamos aplaudido cuando nos dimos cuenta de la muerte de Ellacuría. Cuando le respondí que no, me dijo que eso era todo”, según relató.

Tras su declaración personas cercanas a su entorno le advirtieron de que si regresaba a El Salvador su vida correría peligro, debido a que había algunos que le consideraban un traidor.

El ex militar también señaló que en 1989 los tres cuerpos de seguridad pública (Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda) eran una parte integral de la Fuerza Armada y no solo cumplían funciones de policía, sino que también tenían unidades de combate para repeler los ataques del FMLN como lo hacían las fuerzas regulares.

A preguntas de la abogada Almudena Bernabeu, Parada negó que el Viceministro de Seguridad Pública se encargara meramente de funciones administrativas y afirmó que los cuerpos de seguridad respondían ante el Cnel. Inocente Orlando Montano, quien tenía mando efectivo sobre la Fuerza Armada como Viceministro de Seguridad.

Un encubrimiento con conocimiento de la CIA

En el séptimo día del juicio en España declaró como perito la catedrática en ciencias políticas y jefa del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford en EEUU, Terry Lynn Karl, quien ha estudiado miles de documentos desclasificados, entrevistas y declaraciones sobre el caso jesuitas, y quien construyera informes sobre este crimen y sobre otras violaciones a derechos humanos durante la guerra civil, entre las que se encuentran las cometidas por Inocente Montano.

Karl compareció casi seis horas ante la Audiencia Nacional, en donde dio un informe detallado de los cables desclasificados, los informes, las pruebas y las conversaciones que tuvo con diferentes actores y que la llevó a una serie de conclusiones. La primera, que la decisión de asesinar a los jesuitas fue tomada por el Alto Mando de la Fuerza Armada y no solo de la planificación del crimen, sino también del encubrimiento de los hechores.

“Puedo decir con toda firmeza que la decisión de asesinar a una persona amada y prestigiosa en el país, como era el rector Ellacuría, sólo podía ser tomada con el consenso del Alto Mando Militar”, aseveró.

La profesora dijo que los oficiales de las Fuerzas Armadas salvadoreña hicieron un uso ilegítimo de la violencia, quebrantando el orden constitucional y cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Explicó que la FFAA se regía por un sistema de tandas (promociones anuales de oficiales militares), que creaban un fuerte vínculo de unidad entre sus miembros, cuyas relaciones de fidelidad superaban a las que cada oficial tenía con su institución armada.

También resaltó el “código de silencio” que reinaba entre la oficialidad militar y que funcionaba gracias a que “se trataba de corromper económicamente o involucrar en violaciones de derechos humanos a todos los oficiales, para así garantizar su complicidad en el encubrimiento e impunidad de los crímenes del resto”. Con esto, afirma que la Fuerza Armada incurrió en terrorismo de Estado.

Karl calificó a “la Tandona” como una promoción “numerosa, poderosa y corrupta”, que funcionaba como una “familia mafiosa” y sus miembros coparon todos los puestos de mando de las Fuerzas Armadas, a excepción de la comandancia de la Fuerza Aérea, que tenían el general Bustilllo y el ministro de Defensa, cargo que ostentaba el general Larios.

“Los tres líderes de la Tandona, llamados ‘compadres’, eran los coroneles Zepeda, Montano y Ponce, quienes formaban parte del Alto Mando militar con los cargos de Viceministro de Defensa, Viceministro de Seguridad Pública y Jefe del Estado Mayor Conjunto, respectivamente”, apuntó.

Según Karl, en 1989 la guerra civil alcanzó un “punto muerto” y los distintos actores políticos apostaban por dos vías opuestas para solucionarlo. Por un lado, la línea dura del partido ARENA y una parte de la oficialidad militar, entre ellas la Tandona, apoyaban la “guerra total” o “guerra por asesinato”; es decir, asesinar a líderes opositores. Por otro lado, los jesuitas de la UCA, la Iglesia institucional salvadoreña, algunas facciones de ARENA, una parte de la oficialidad militar y la guerrillera se decantaban por una salida negociada y pacífica al conflicto. El líder de esa vía negociada: Ignacio Ellacuría.

Asimismo, Karl confirmó que la razón por la que los líderes de la Tandona decidieron asesinar a Ignacio Ellacuría y a los jesuitas de la UCA, fue precisamente por su liderazgo en las negociaciones de paz.

Al igual que el ex militar Luis Parada, a la profesora le sorprendió que -pese a que había información de inteligencia y, agrega, también de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional advirtiendo a la cúpula del ejército salvadoreño sobre la ofensiva del FMLN del 11 de noviembre- este no la tomó en cuenta y tampoco actuó para detener el avance de la guerrilla.

“Cristiani estaba en su casa de vacación, al lado de un lago, mientras una persona importante de Inteligencia estaba en conferencia y nadie hizo nada. Hasta el 11, que hubo reuniones cada noche de la cúpula”, dijo.

El testimonio de Karl apuntó a que los coroneles Zepeda, Montano y Ponce concentraban el poder “de facto” dentro de las Fuerzas Armadas y tomaban las decisiones importantes por consenso. Dijo que hay dos hechos que muestran la premeditación del crimen contra los jesuitas: La campaña de odio desde la Radio Cuscatlán y el cateo de la residencia de los religiosos unos días antes del crimen.

Respecto a la participación del exviceministro Montano, Terry Karl señaló que el coronel formó parte del grupo de oficiales que tomó la decisión de asesinar a los jesuitas y estuvo presente en el momento en el que se dio la orden al coronel Benavides de matar a Ignacio Ellacuría “sin dejar testigos”.

Además, el exviceministro Montano fue quien proporcionó la información de inteligencia sobre el regreso del rector Ellacuría a la UCA, gracias a que las fuerzas de seguridad bajo su mando tenían acordonado el perímetro del campus y no permitían la entrada y salida a nadie sin autorización.

Además, como Viceministro de Seguridad Pública, Montano era el responsable de la investigación que llevó adelante la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, misma que, como se dijo en reiteradas ocasiones durante este juicio, encubrió de forma activa a los responsables de los asesinatos destruyendo y manipulando pruebas sobre los hechos.

La profesora Karl explicó que la fuente fundamental con la que se documentó para realizar sus dos informes periciales fueron los cables desclasificados de las diferentes agencias gubernamentales de Estado Unidos, CIA, Departamento de Estado y de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como los informes del congresista Moakley y del Lawyers Comittee for Human Rights.

Además, y como parte de su investigación Karl realizó numerosas entrevistas, en el marco de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (1993), con líderes religiosos, políticos salvadoreños, guerrilleros, embajadores de EEUU, profesores de la UCA, etc.

“No es por falta de respeto pero para mí este juicio debe llevarse a cabo en El Salvador. Es increíble que las personas nombradas son congresistas, tienen mucho dinero y no hay justicia”, concluyó la profesora.

Otros testimonios

Katherine Doyle es directora del National Security Archive, quienes desde los años 80 ha obtenido archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos vía solicitudes de información pública. Ella declaró ante la Audiencia Nacional de España que los archivos solicitados por esta organización han servido como pruebas en el caso jesuitas.

La perito indicó que su organización pidió a la administración Clinton, en 1993, la desclasificación de estos documentos, entre los cuales figuraban muchos relacionados con la masacre de los Jesuitas, ya que “teníamos la obligación de revisar nuestra historia en la involucración [de EEUU] en violaciones de derechos humanos en El Salvador”, dijo.

Afirmó que lo contenido en los documentos desclasificados tiene una credibilidad muy fuerte. Así, manifestó que dentro de este universo de documentos se pudo identificar un núcleo claro e importante de información, de sólida credibilidad, relacionada con el asesinato de los padres jesuitas, su planeación, la perpetración del crimen y los esfuerzos posteriores de encubrimiento del mismo.

Otro testimonio importante fue el de Douglass Cassel, quien fuera asesor jurídico de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador y que supervisó las investigaciones. Fue el principal redactor del informe publicado por la misma. Cassel indicó que la misión de la Comisión de la Verdad consistía en aclarar la impunidad generalizada de las violaciones de derechos humanos cometidos en el conflicto.

En su testimonio afirmó que la FFAA y el Alto Mando consideraban que los jesuitas eran el “cerebro del FMLN”, y que “no se atrevieron a ordenar su muerte hasta llegada la ofensiva en la capital”, ya que eso les permitiría culpar a la guerrilla.

Cassel dijo que Montano, como parte de la campaña contra el padre Ellacuría y el resto de jesuitas en los medios oficiales de la época, identificó públicamente a los jesuitas como miembros del FMLN; “en aquel momento, denominar a alguien como ‘cabeza de la guerrilla’ era prácticamente calificarle de enemigo público y animar a las personas a atacarle”, dijo.

Douglas Cassel dijo que los comisionados optaron por revelar la identidad de los cinco militares responsables de planificar, dar y ejecutar la orden de asesinar a Ellacuría, ya que consideraban tenían pruebas sólidas, que provenía de dos fuentes independientes y confiables que confirmaban la intervención de parte del Alto Mando.