//“No hubo ninguna operación militar el 9 de febrero”, responde ministro en interpelación

“No hubo ninguna operación militar el 9 de febrero”, responde ministro en interpelación

Durante su interpelación, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, negó que la presencia e irrupción de militares en la Asamblea Legislativa se debiera a un operativo militar o a una orden explícita del presidente de la República, sino que se trataba de un dispositivo para brindar seguridad al mandatario. Al ser cuestionado sobre su presencia ese día, afirma que solamente “estaba verificando” que todo se realizara en orden.

Por: Krissia Girón/ Aportes de Josseline Roca/ Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia

A las 9:21 de la mañana y con pocos diputados en el pleno, inició la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, donde se realizó la interpelación al Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, por la irrupción de militares en el Salón Azul el 9 de febrero pasado.

Las preguntas realizadas por las y los diputados al ministro de la Defensa cuestionaron el operativo militar realizado el “9F” y buscan conocer detalles como su costo, quién tomó la decisión de ingresar a la Fuerza Armada al palacio legislativo, cuál fue la base legal para dicho operativo, la cadena de mando, si el ministro estaría en disposición de cumplir esta y otras órdenes del presidente pese a tener vicios de ilegalidad, entre otros aspectos.

Estas fueron las preguntas:

Merin Monroy asistió al pleno acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, general Carlos Tejada, el subjefe del Estado Mayor Conjunto, general Miguel Rivas Bonilla y el viceministro de defensa, coronel Enio Rivera.

En sus respuestas a las preguntas hechas por la Asamblea, el ministro de Defensa ha negado rotundamente que el 9 de febrero se ejecutara una “operación militar”.

“El Manual de Conducción Operativa establece que una unidad está conformada por batallones. Por lo tanto el 9 de febrero no hubo una operación militar, lo que hubo fue una mayor seguridad para el comandante general, presidente Bukele, y la población que estaba a los alrededores”, aseguró el ministro Monroy ante el pleno legislativo.

Ante la primera pregunta sobre si ha considerado su baja, el ministro Merino Monroy respondió: “No lo he considerado. Estoy en total desacuerdo. Yo me debo a la patria, voy a informar la verdad de los hechos ocurridos el 9 de febrero”.

Al cuestionarle cuál fue la base legal de la operación del 9 de febrero, el ministro dijo que primero les explicaría a las y los diputados qué es una operación militar “y espero que entiendan que el 9 de febrero no se realizó ninguna operación militar”. “Entiendo que los que han sido militares aquí conocen o deberían conocer qué es, agregó.

“Es una acción militar con una acción de combate en una guerra o en una batalla. El país no está en guerra ni en batalla”, añadió el funcionario.

“La maniobra de una operación será concebida y prevista en un plan de operaciones. La ley orgánica de la FAES, art. 12 establece que las unidades operativas son aquellas que por su organización están capacitadas para realizar de forma independiente una operación”, dijo.

El funcionario expresó ante el pleno que considera “que ha quedado claro que nunca existió tal actividad. No fue la FAES como institución la responsable del dispositivo”. Agregó que quien estuvo a cargo de la seguridad “fue el Estado Mayor Presidencial, responsables de la seguridad del presidente de la República.

Merino Monroy sostuvo, durante la interpelación, que “si no hay una operación militar no hay objetivos militares que conquistar”.

¿Por quién fue dada y supervisada la orden del operativo del 9 de febrero? dice la pregunta 5. “Insisto y está explicado hasta la saciedad que el 9 de febrero no se ha realizado operación alguna. En consecuencia nadie ha emitido ninguna orden. Me hice presente para garantizar que todo estuviera bien”, afirmó Merino Monroy, respecto a la cadena de mando de la operación del 9 de febrero.

“Diga si ameritaba un operativo como el que se realizó el 9 de febrero”, dice pregunta 10. “Lo actuado por el Estado Mayor presidencial son dentro de los parámetros que la ley manda, cuya principal misión es resguardar la vida del presidente”, respondió.

Al ser cuestionado sobre quien autorizó abrir el Salón Azul, el ministro afirmó que fue el diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos, en su calidad de vicepresidente y que en ese momento fungía como presidente en funciones de la Asamblea.

Monroy insistió en que no recibe ni recibió órdenes del presidente de la República que sean ilegales o inconstitucionales. “No voy a contestar sobre hechos que no son reales, están hablando de cosas hipotéticas, la FAES se merece respeto y no juega a la política como ustedes lo han hecho ver”, manifestó.

Luego de las respuestas del ministro de Defensa, diputadas y diputados votaron sobre una propuesta de reproducir un video de lo ocurrido el 9 de febrero. Con 55 votos a favor y 12 en contra se autorizó y el video fue presentado en el pleno.

En el espacio de repreguntas por parte de los grupos parlamentarios, el diputado Mauricio Vargas preguntó sobre ¿cuál es el alcance del deber de obediencia de la Fuerza Armada?, el ministro evadió la respuesta para explicar, de nuevo, que el Estado Mayor tiene la obligación de acompañar al presidente de la República. Monroy afirmó que la posición de la FAES es “apolítica y que la subordinación es la obediencia y respeto que un subalterno debe a su superior. Bajo ese parámetro es que hemos actuado”.

“Nosotros como militares nos sometemos a lo que establece la constitución y las leyes de la República. Hay que recordar que el presidente es el comandante general y le debemos obediencia y respeto a todas sus órdenes. No han dado ninguna orden ilegal, podrán haber conceptos y formas de pensar distintas, pero los hechos dicen otra cosa”, apuntó.

Al consultarle si considera que el presidente pudo haber realizado este acto sin apoyo de la Fuerza Armada, el ministro afirmó que no le corresponde dar opiniones de supuestos, sino explicar por qué estaban los militares en la Asamblea.

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, le cuestionó que, si no recibió una orden respecto a lo que sucedió el 9F, “¿qué hacía usted en la Asamblea Legislativa si usted no tenía una competencia en ese tema, qué hacía usted en una ocupación militar?”. Monroy afirmó que lo hizo para “verificar a las tropas”. “Ese día pase a verificar si todo estaba normal”, dijo.

Luego, el diputado Shafick Handal, le cuestionó si, con base a sus atribuciones plasmadas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, ejerció su atribución y asesoró al Presidente para decirle que esta es una situación ilegal. El ministro de la Defensa planteó que lo que sucedió el 9F no fue una actividad que se saliera de lo normal.

“Lo que usted menciona que tengo obligación de asesorar es cuando la Fuerza Armada será empleada en una actividad que se sale de lo normal de las actividades del Presidente. Lo que sucedió fue brindar seguridad al Presidente”, insistió.

El grupo parlamentario de GANA dijo no sentirse ofendido. Sus diputados reiteraron que se sintieron “protegidos por la FAES”, ya que ese día “no había seguridad para nadie”.

Durante la formulación de repreguntas, el diputado Guillermo Gallegos dijo que quién había autorizado a solicitar la llave para abrir el Salón Azúl el 9F fue el presidente de la Asamblea, Mario Ponce. A lo que el diputado del PCN respondió que “no posee la llave ni de la oficina que ocupa”. “No tuve comunicación con el diputado Gallegos, yo no autoricé a nadie. Estoy aclarando porque se ha mencionado mi nombre. La Junta Directiva toma decisiones colegiadas”, sostuvo.

“Yo veo cosas eminentemente administrativas, no veo cosas de ese tipo. No creo que es conveniente que quede mi nombre de que yo autoricé a entregar alguna llave”, agregó Ponce.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, tras conocerse las respuestas del funcionario interpelado, cada grupo parlamentario tiene derecho a hacer una serie de repreguntas por cada interrogante hecha. En esa etapa se encuentra en este momento el Parlamento.

¿Qué pasó el 9 de febrero?

Los hechos del 9 de febrero ocurrieron en el marco de la discusión legislativa sobre el financiamiento para el plan de seguridad del gobierno “Control Territorial”. El Ejecutivo solicitó al Parlamento la aprobación de un préstamo por $109 millones. El debate se amplió por varias semanas y tuvo como punto álgido la irrupción con militares al Salón Azul, del presidente Nayib Bukele.

Previo a la militarización de la Asamblea, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy aseguró que estaban a la espera de «órdenes» del Presidente y dispuestos a «defender nuestra patria aún a costa de nuestra vida”.

El domingo 9 de febrero los alrededores de la Asamblea fueron cercados por militares e, incluso, fotografías de varios medios de comunicación registraron la presencia de francotiradores.

La tarde del domingo “9F”, el presidente Bukele pronunció un discurso frente seguidores de su partido, tras ingresar y orar en la silla del presidente del Parlamento, el mandatario dijo que “Dios le había hablado y le había dicho ‘paciencia’”.

La docente universitaria Ivón Rivera analizó el discurso del Presidente Bukele. “Este lenguaje es como arengar lo quiero, lo quiero; estar presionando y poniendo atención a una situación para llegar a un nudo dramático”, señaló.

En torno al 9 de febrero, en la Asamblea también se registraron restricciones a la prensa. «Parece que se está forzando una crisis institucional en El Salvador. periodistas no deben ser reprimidos ni ser restringida su capacidad de cubrir», escribió entonces el Relator Edison Lanza.

Los hechos del 9 de febrero fueron condenado por feministas. “Consideramos que las acciones del presidente son una clara violación a la independencia de poderes. La laicidad del Estado no es un juego”, expresaron en una concentración.

A juicio de organizaciones feministas y activistas, el 9F fue una muestra de “masculinidad hegemónica, que recurre a las armas y a la fuerza bruta para doblegar a los adversarios”.

Fuera de la Asamblea, sindicatos y organizaciones afines al gobierno protestaron hoy contra de la interpelación al ministro de Defensa.

En las semanas previas a la interpelación, el gobierno realizó una fuerte campaña de “apoyo” al ministro de la Defensa, haciendo referencia al trabajo que el funcionario ha hecho durante la pandemia por COVID-19. Esta acción del Ejecutivo ha sido criticada.