Nicolás Alfredo Martínez “renunció” como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) la semana pasada, luego de declarar ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que el gobierno ha dispuesto de más de 3,000 millones de dólares para atender la emergencia por el COVID-19.
El ex presidente del BCR detalló a los diputados que -entre enero y agosto de este año- el Ejecutivo obtuvo 1,642 millones de dólares por medio de préstamos y venta de bonos internacionales, 1,595 millones a través de deuda interna (LETES y CETES) y 12.5 millones en donaciones. En total, el gobierno dispuso de 3,249 millones de dólares, a los que habría que sumar los fondos del presupuesto anual 2020.
Según el informe presentado en la referida comisión parlamentaria, cerca de la mitad de este monto, unos $1,500 millones, el gobierno la obtuvo en los primeros cien días de la pandemia del coronavirus; es decir: ¡$15 millones por día!
Las revelaciones del ex titular del BCR desmienten el discurso presidencial sobre que la Asamblea no ha aprobado los fondos necesarios para la emergencia; y confirma que la pregonada afirmación de que “los diputados no aprobaban ni un centavo partido por la mitad” fue siempre una falacia extrema que incautos seguidores de Nayib Bukele dieron por cierta.
Por algo Martínez presentó su renuncia “por motivos de fuerza mayor”: su renuncia obligada o destitución confirma que en la Administración Bukele “la verdad no será permitida”. Es decir, el mandatario no tolerará que ningún funcionario contradiga su prédica o se salga del guion propagandístico plagado de mentiras y medias verdades.
Esta es la tercera pieza de la “narrativa bukeliana” que se desnuda como falsa. Hace dos semanas el semanario digital El Faro reveló que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas la reducción de los asesinatos y apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas (NI), desmontando así el relato de la disminución de homicidios como resultado del “Plan Control Territorial”; y esta semana se derrumbó el discurso presidencial pro verdad y justicia para las víctimas, cuando el Ministerio de Defensa impidió la inspección de los archivos militares.
Frente a este hecho, los familiares de las víctimas de la Masacre de El Mozote señalaron a Bukele de ser “un presidente más de la impunidad, el engaño y el doble discurso”.
En conclusión: la destitución del presidente de BCR por revelar montos de fondos para la emergencia sanitaria, los ataques contra El Faro (y los medios que retomaron la publicación sobre las negociaciones con las pandillas) y el bloqueo a la revisión de los archivos militares que contienen información sobre crímenes cometidos por la Fuerza Armada, indican que, “la verdad no será permitida”.
