La interrupción del embarazo es un tema de salud pública y no de ley penal, así lo afirmó la Relatora especial sobre derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette Macauly, quien sostuvo que es necesario que el Estado salvadoreño tome medidas para proteger la salud y vida de las mujeres.

Escuchemos parte de lo que dijo en voz de su traductora:

La Comisionada lamentó que sean las mujeres pobres quienes sufren las consecuencias de la penalización absoluta del aborto, por lo que exhortó al Estado a revisar la legislación en esta materia y también la forma en cómo el sistema judicial está aplicando la ley.

Las declaraciones de la Relatora de la CIDH se dieron en el marco de un foro en el que se analizó y discutió la situación de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador. En este, Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) recordó casos como los de las 17, mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y han sido condenadas por homicidio agravado:

Por su parte, Mayté Ochoa de la organización internacional Ipas explicó que, como El Salvador, Nicaragua es otro de los países que penalizan absolutamente el aborto y lamentó que en estas naciones no se respeten los derechos fundamentales de las mujeres:

La visita de la Relatora de derechos de las mujeres de la CIDH se dio en el marco del 24 de noviembre, día de no violencia contras las mujeres en el que se está señalando la penalización absoluta del aborto como una de las formas más crueles a través de la que el Estado sigue ejerciendo violencia contra las mujeres salvadoreñas.