La reforma – que entre otras disposiciones incluye la prescripción diferenciada de delitos y elimina la rápida aplicación de la extinción del dominio de bienes mal habidos – busca proteger a criminales y corruptos. Ésa es la clara intención algunos de sus promotores (diputados de ARENA) que, cínica e hipócritamente, se abstuvieron de votar en el pleno.

Por tanto, Sánchez Cerén debe revertir la nefasta reforma que dejaría impunes a todos los ex funcionarios corruptos de los gobiernos de ARENA: los “destinatarios” de los fondos donados por Taiwán, los ex funcionarios que recibieron sobresueldos denunciados por ASGOJU, los involucrados en los 150 casos denunciados por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, los 177 ex funcionarios denunciados por el economista Salvador Arias, etc., etc. Tampoco podrían revertirse las concesiones radioeléctricas del ex presidente Antonio Saca, como ha solicitado la ReDCo.

Por eso el Presidente – si es consecuente con su compromiso por la transparencia y lucha contra la corrupción – no tiene más opción que vetar la cuestionada reforma. La izquierda gobernante debería entender que el “pragmatismo político” no es hacer “todo lo que se puede”, sino “aquello que se puede y se debe hacer”; porque las incoherencias éticas podrían llevarle a un suicidio político.

Sánchez Cerén tiene en sus manos la posibilidad de corregir el error “pragmático” del grupo parlamentario efemelenista y también – como bien dice el alcalde capitalino Nayib Bukele – tiene la oportunidad de desenmascarar la doble moral de ARENA. El partido oligárquico avaló la espuria reforma, pero evitó pasar la vergüenza de votar por ella.

El Fiscal General, por su parte, debería demostrar con hechos su desacuerdo con la reforma. Douglas Meléndez rechaza el debilitamiento (casi anulación en la práctica) de la Ley de Extinción de Dominio), pero no confisca a ARENA por el robo de 10 millones de dólares que eran para los damnificados por los terremotos ni expropia las frecuencias del grupo SAMIX. El país requiere un Fiscal que actúe, no uno sólo bullicioso.

Así que todas las organizaciones revolucionarias, movimientos progresistas, sectores democráticos y población honrada deben exigir al Presidente Sánchez Cerén que – por dignidad, decencia y consecuencia – revierta la criminal reforma a la Ley de Extinción de Dominio aprobada por la Asamblea.