Entre los años 2014 y 2018 se registraron 116 muertes por ejecuciones extrajudiciales, así lo señala un reciente informe presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En este, se señala que las ejecuciones ocurrieron en 48 hechos por los que se responsabiliza a la Policía Nacional Civil.
Por: Krissia Girón y Norma Ramírez/ Foto: PDDH
La investigación revela que quedan evidenciadas características de violación al derecho a la vida y los patrones con los que se ejecutaron estos crímenes, que pueden incluir el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Beatriz Campos, Procuradora Adjunta de migrantes y seguridad ciudadana de la PDDH explica cuáles son las zonas en las que se registra la mayor parte de los casos.
El informe revela que de los 48 casos analizados, solo existen dos condenas en el sistema judicial. Campos asegura que existen diferentes factores que provocan que muchos de estos casos queden en la impunidad, “se ha evidenciado que, a veces, la escena puede estar contaminada.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, señaló que es importante entender el contexto en los que ocurren estos hechos y el rol de las instituciones públicas vinculadas al tema. “Este informe interpela directamente a la PNC, pero esta a su vez responde a lineamientos del Gobierno”.
La titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, aseguró que las actuales autoridades de seguridad del Gobierno deben asumir responsabilidades en este tema, «la importancia de este es que en el país se debe respetar la ley por tanto, cualquier actuación de combate a la criminalidad debe ser respetando derechos humanos».
En el informe, las instituciones que participaron en la elaboración de la investigación consideran que la responsabilidad de estos hechos recae en el Gobierno, quien es responsable de las políticas y lineamientos de seguridad, por lo que piden a este órgano atender esta situación y velar por la reparación de las víctimas de este delito.
