En contraste con los recortes para instituciones y programas que atienden directamente derechos de la población, como salud, vivienda, agricultura y medio ambiente, en el proyecto de PGN 2020 «hay incrementos en rubros poco transparentes», señalan las organizaciones.

Por: Josseline Roca/ Foto: Referencia/ Leonel Rivas

Diversas organizaciones sociales y movimientos expresaron preocupación por el recorte de presupuesto asignado a instituciones que consideran claves para garantizar los derechos de la población, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el plan de gastos 2020 presentado por el Gobierno.

A través de un comunicado, señalaron que en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año, el MARN recibiría $15.05 millones, a diferencia de los $18.93 millones que obtuvo este año. El mayor recorte es para la Unidad de Seguridad Hídrica y Cumplimiento Ambiental, según las organizaciones, a lo que se suma una disminución de $13 millones para inversión en infraestructura de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Otro recorte que les preocupa es el de $33.5 millones al Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, que incluye unidades de salud, clínicas comunitarias, Equipos Comunitarios de Salud y Lugares de Espera Materna; pese a un incremento de inversión a nivel global a esta cartera de Estado.

A pesar del alto índice de hechos de violencia contra las mujeres en el país, el presupuesto para prevención se reduciría en $2.2 millones, afirman.

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), identifican un recorte de 1.4 millones para la dependencia el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA). «En un país donde más del 87% de los productores y productoras son de subsistencia y aportan más de la mitad de los alimentos que consumimos, la disminución en el Ministerio de Agricultura y Ganadería es contraria a los objetivos de dinamizar la economía y el empleo», señalan.

Agregan que en el MAG «se eliminan programas que beneficiaban a pequeños productores y productoras campesinas: Agricultura Familiar, Acuicultura Familiar en Municipios de pobreza, Apoyo al subsector café, PRODEMOR y Amanecer Rural».

Las organizaciones firmantes, entre ellas AltavozES, Mujeres Transformando, Panorama Económico, Organizaciones de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Plataforma Global, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) criticaron los privilegios fiscales otorgados a las grandes empresas, que se calculan en $700 millones al año.

«Los hogares financiamos más de la mitad, aportando $3,400 millones, mientras que las empresas aportarán $1,700 millones. Otros $960 millones se obtendrán a través de deuda», afirmaron.

Señalan falta de transparencia

En contraste con recortes a instituciones y programas que atienden directamente derechos de la población, como salud, vivienda, agricultura y medio ambiente, en el proyecto de PGN 2020 «hay incrementos en rubros poco transparentes», señalan las organizaciones.

La institución que tendrían un mayor incremento al presupuesto asignado es el Ministerio de Defensa. «El 72% de este aumento corresponde a la partida “Impuestos, tasas y derechos diversos”, que pasa de no tener ninguna asignación en 2019, a $19.3 millones en 2020, al igual sucede en el Ministerios de Justicia», afirman.

En el caso del MINSAL y del Ministerio de Trabajo se les ha asignado $115.2 millones a la partida de «Gastos diversos», en el plan de gastos del próximo año.

Si el interés es que, una vez aprobados los fondos éstos sean reasignados para el incremento de salarios , y cumplir así con la Ley de Responsabilidad Fiscal, -como lo han dicho algunos funcionarios- «sería un fraude de ley y dejaría abierta la posibilidad para un manejo discrecional de fondos», apuntan las organizaciones.

Otro aspecto que cuestionan es el incremento de $7.7 millones para el rubro de servicios de publicidad; lo cual se traduce en un presupuesto mayor que instituciones como el MARN, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Local.

Demandan debate público y esclarecer asignaciones presupuestarias

En el comunicado, las organizaciones llaman al presidente de la República, Nayib Bukele, a hacer públicos los programas creados para el próximo año, cuyos gastos se incluyen en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, y que explique las razones por las cuales no se detalla el incremento de salarios para agentes de seguridad pública y pensión de veteranos, anunciados públicamente.

Además, pidieron a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que garantice la participación ciudadana en la discusión del proyecto de presupuesto, que lo replanteé y reoriente fondos para garantizar derechos de la población, entre ellos 87.7 millones para atender la igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Además, exhortaron a implementar una reforma fiscal que permita corregir inequidades, «generadas por el sistema económico excluyente».

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