La organización de víctimas de la peor masacre en época reciente reclama a Bukele su falta de coherencia y lo emplaza. «Esta fue una decisión deshonrosa y deshonesta por parte del Presidente de la República hacia la comunidad de víctimas (…) Este día queda grabado en nuestra memoria que es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso», expresan.
Por: Josseline Roca/ Foto: Presidencia
Un nuevo cerco militar se impuso a la inspección de archivos militares. Este lunes, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera (Morazán), Jorge Guzmán, llegó al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (FAES), junto a fiscales, peritos y acusadores particulares, para iniciar una de las fases cruciales del proceso penal por la masacre de El Mozote y lugares aledaños: la verificación de documentos en manos de las instituciones militares que permitan esclarecer la peor masacre de América Latina en la época reciente.
Debía ser un día histórico para la justicia, pero la Fuerza Armada, de la que el Presidente Nayib Bukele es comandante general, decidió mantener el legado de impunidad de sus antecesores, impidiendo el cumplimiento de la orden judicial.
Este 21 de septiembre, los militares ejecutaron lo que ya había advertido el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy. A pesar de que el hecho que está siendo juzgado ocurrió hace 39 años, el funcionario -recientemente interpelado por la militarización de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero- argumenta que permitir acceso a los documentos en poder de la institución puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Las partes se marcharon de la sede militar hacia el Consejo Nacional de la Judicatura, donde se levantó un acta que certifica el bloqueo a la diligencia.
El acusador particular, David Morales, señaló que se trata de «una decisión de obstaculizar desde el más alto nivel», lo cual implicaría participación del comandante general de la FAES, del ministro de Defensa y de su alto mando. «Es una decisión ilegal y de profundo desprecio a las víctimas y sobrevivientes», señaló.
El también exprocurador ha advertido que el incumplimiento a la orden judicial puede implicar responsabilidad penal para los señalados en participar del bloqueo.
Una fiscal dijo que el juez deberá certificar ante la Fiscalía General de la República (FGR) los posibles delitos en los que se haya incurrido, para que ésta inicie una investigación.
«Día oscuro»
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, señaló que hoy es un «día oscuro», debido a la resistencia de alto mando militar a permitir la histórica verificación de los archivos.
«Lamentable, vergonzoso; día oscuro», dijo el funcionario.
Bukele le mintió a las víctimas
En junio de 2019, el Presidente Nayib Bukele recibió en Casa Presidencial a familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. En ese encuentro, el mandatario dijo que ellas serían prioridad.
«Sé que han esperado muchísimo tiempo para estas reparaciones, pero el tiempo no se puede retroceder, solo podemos ver para adelante y hay que hacerlo ya, con más urgencia», sostuvo.
Bukele afirmó conocer la trascendencia de la matanza. «Es una vergüenza para nuestro país, no solo que ocurriera, sino que haya pasado tanto tiempo y no se hayan hecho las reparaciones que se tienen que hacer», dijo.
El comandante milénial de la Fuerza Armada también comprometió su palabra. «Cuenten con nosotros. Ahorita estamos hablando de la masacre más dura, pero sabemos que hubo otras. Dicen que ‘no abran las heridas del pasado’; no, si es que las heridas están abiertas y lo que queremos es cerrarlas, pero no se cierran ocultándolas o poniéndoles un velo encima. Es encontrar la verdad», expresó.
En noviembre de ese mismo año prometió abrir los archivos militares de la A a la Z. «Nosotros estamos porque se conozca la verdad. Si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacerlo a la Z; no es que necesitemos una orden judicial para hacerlo», dijo en una conferencia de prensa.
«Un presidente más de la impunidad»
La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote publicó un comunicado en el que señala que «la decisión de obstaculizar y bloquear una orden judicial es arbitraria e improcedente y ha sido tomada al más alto nivel».
La organización de víctimas reclama a Bukele su falta de coherencia y lo emplaza. «Esta fue una decisión deshonrosa y deshonesta por parte del Presidente de la República hacia la comunidad de víctimas (…) Este día queda grabado en nuestra memoria que es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso», expresan.
Al cierre de esta nota el Presidente Nayib Bukele, instituciones y funcionarios de su gobierno mantenían silencio sobre la decisión de bloquear los archivos militares.
En las últimas horas la única referencia a San Francisco Gotera, sede del proceso penal por la matanza, es el «cerco militar» que impuso el Gobierno la noche del domingo, debido a que, asegura, existe un incremento de casos de #COVID19. Hasta ese municipio llegó el ministro de Defensa que esconde los archivos militares. Lo acompañaron los reflectores, para destacar en redes sociales su labor de entregar insumos sanitarios a los habitantes. Imágenes como estas han sido utilizadas para promover una campaña sobre «La nueva Fuerza Armada».
Esa «nueva Fuerza Armada» -que la narrativa gubernamental promueve- arrastra consigo una práctica vieja, que implementaron los gobiernos anteriores: esconder la verdad sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes de la guerra.
