En el año 2010 murió Manuela, debido a un cáncer que no le fue tratado en forma oportuna y adecuada. Estaba en la cárcel, purgando una pena de 30 años: tuvo accidentalmente un aborto y “la justicia” salvadoreña (la Fiscalía y los tribunales) la mandaron a prisión por “cometer asesinato”.

Diez años después de la muerte y doce de la condena de Manuela, el Estado ahora rinde cuentas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mantener una prohibición absoluta del aborto que niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, en una audiencia que se realiza hoy y mañana en dicho organismo internacional.

El Salvador está entre los cinco países más trogloditas del planeta que niegan a las mujeres la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo cuando su vida corre peligro, en caso de violación sexual, trata e incesto; o cuando es inviable la vida de feto. Y cuando mujeres pobres abortan sin querer o -en términos médicos- tienen “complicaciones obstétricas”, son enjuiciadas como homicidas.

A pesar de la creciente movilización de las organizaciones feministas, la Asamblea Legislativa lleva varios años negándose a despenalizar el aborto en las causales antes mencionadas, debido a la prevalencia de un pernicioso conservadurismo social, el loby de las organizaciones auto denominadas “pro-vida” y la presión de la Iglesia Católica.

Pero ojalá que la nueva correlación parlamentaria se atreva a revertir la prohibición absoluta del aborto: en su “Plan Cuscatlán” el presidente Nayib Bukele se comprometió y, a partir de mayo próximo, no tendrá excusas para aprobar dicha iniciativa y así honrar su compromiso.

Ojalá que una eventual condena de la CIDH contra El Salvador presione en favor de este derecho femenino, para que sobre el país no caiga más esta vergüenza y que Manuela no siga muriendo un década después de haber sido condenada como “asesina” y morir en la cárcel víctima de este Estado patriarcal, machista e inquisidor de las mujeres.

Una condena de la CIDH en este caso también sentaría un precedente para los demás Estados de la región y del mundo que vulneran de igual forma derechos de las mujeres, para que Manuelas en otros países no sigan muriendo.

Ojalá que así sea.