Por Norma Ramírez
El caso de Manuela es un símbolo de la injusticia en El Salvador. A ella la abandonó el Estado, la criminalizó y le negó su derecho a la vida, ese que es defendido férreamente en la Constitución y por organizaciones conservadoras.
Como en otros casos el patrón se repite. Manuela era una mujer de escasos recursos, que no sabía leer ni escribir. Al sentir un intenso dolor abdominal fue a la letrina de su vivienda en Cacaopera, Morazán, donde se desmayó. Al despertar en la cama del hospital, supo que había sido denunciada por aborto y, aún internada, fue detenida.
Manuela tuvo un parto extrahospitalario que causó la muerte de su bebé y, aunque no hubo ninguna prueba que demostrara que ella quería asesinar a la criatura, el proceso judicial al que fue sometida estuvo lleno de irregularidades, según las organizaciones que la acompañaron.
En el hospital, fue interrogada sin la presencia de un abogado y en julio de 2008 tres jueces del Juzgado de Sentencia de San Francisco Gotera, la declararon culpable de “asesinar a su hijo”.
En El Salvador, las mujeres acusadas de aborto son procesadas en el sistema judicial por homicidio agravado, uno de los delitos más graves del Código Penal. En 2008 a Manuela la condenaron a 30 años en la prisión, entonces ella tenía 33 años.
Tras la imposición de la pena, Manuela fue diagnosticada con cáncer linfático, un tipo de enfermedad termina que afecta el sistema inmune del cuerpo. Dos años después falleció, pues no recibió la atención médica que requería.
Frente a la gravedad del caso y las múltiples injusticias que Manuela vivió, en el año 2012 organizaciones feministas acompañadas del Centro de Derechos Reproductivos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar al Estado por la criminalización de la joven y por no atender de forma oportuna la enfermedad que causó su muerte.
En octubre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió enviar a la Corte IDH el caso de Manuela, lo cual fue celebrado por las organizaciones feministas pues marcaba un precedente en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas.
En el marco de dicha decisión, Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana, dijo a la Red Informativa de ARPAS les llenaba de esperanza, pues es la primea vez que un caso de derechos sexuales y reproductivos llega a una instancia como la Corte IDH.
En marzo de 2021, once años después de la muerte de Manuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la audiencia en el caso Manuela vrs. El Salvador, en el que se conoció el caso de la salvadoreña. La familia de Manuela espera justicia y que la criminalización que vivió no sea sufrida por otras mujeres.
El Salvador es uno de los cinco países que en América aún penalización de forma absoluta el aborto, decisión política que sigue afectando a cientos de mujeres como Manuela: pobres, con baja escolaridad y sin el apoyo que requieren cuando enfrentan emergencias obstétricas o partos extrahospitalrios.
Se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de a conocer pronto su fallo en el caso de Manuela vrs El Salvador, que la decisión sea justa y que siente precedente para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
