El gobierno dio a conocer una serie de medidas económicas, construidas con la empresa privada, para enfrentar los impactos que la emergencia por el COVID-19 está provocando, lo que implica mayor endeudamiento. La economista Julia Evelyn Martínez considera que ese no es el camino para paliar la crisis y que existen otras alternativas.
Por: Norma Ramírez/ Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
En una conferencia de prensa conjunta, funcionarios del gabinete de Nayib Bukele y representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) dieron a conocer un pliego de medidas económicas acordadas para ayudar a que los empresarios tengan “liquidez” para enfrentar la crisis por la emergencia del COVID-19.
A través de redes sociales el presidente de la República, Nayib Bukele, explicó que las propuestas serían enviadas a la Asamblea Legislativa para su discusión, dado que se trata de nuevos préstamos.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que «han trabajado con organismos internacionales y con inversionistas» para financiar la implementación de este plan, que rondaría los $1000 millones.
Las iniciativas fueron presentadas al parlamento la tarde de este viernes, pero no recibieron el respaldo para su ingreso a la agenda de la sesión plenaria.
Las medidas propuestas se desglosan de la siguiente manera:
-600 millones de dólares para préstamos para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Se incluyen en este rubro empresas informales que estén bancarizadas y que “tengan forma de comprobar los ingresos que sus empresas tenían antes de la pandemia”, según detalló Bukele.
-De éstos fondos $100 millones de serán para préstamos directos para el sector informal y estarán a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
-Además, se considera la entrega de paquetes alimenticios -con un valor de $50 cada uno- para 1.7 millones de hogares. Éstos tendrán un costo de 50 millones de dólares mensuales, mientras dure la pandemia. “De hambre, nadie se va a morir en El Salvador”, aseveró el presidente de la República.
-Pago del 50% del salario para empleados y empleadas de las micro, pequeña y medianas empresas, por parte del gobierno, durante al menos un mes, según explicó la ministra de Economía, Luisa Hayem.
-Prórroga por tres meses para que las empresas realicen la declaración del Impuesto sobre la Renta y pago de la misma -sin intereses ni multas-. “De esa manera, un dinero que las empresas ganaron el año pasado, les servirá para cubrir algunos gastos que tengan en estos tiempos de pandemia”, afirmó Bukele.
-El gobierno, además, informó que están preparando un plan de recuperación del agro por $500 millones y crear un millón de empleos formales para este sector.
Según explicó el ministro de Haciendo, Nelson Fuentes, el total del endeudamiento ronda los mil millones de dólares.
El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, aseguró que estas medidas permitirán a las empresas, principalmente a las micro, pequeñas y medianas, tener liquidez para asumir sus obligaciones (planillas, proveedores, otros).
“El crédito de $360 millones son de un crédito blando para que cuando podamos abrir y empecemos a trabajar las empresas tengan liquidez para iniciar sus labores, comprar sus materias primas, pagar sus deudas y que de esa forma pueda la economía empezar a moverse”, dijo Cardenal.
«El endeudamiento no es la solución»
Para la economista, Julia Evelyn Martínez, el camino del endeudamiento no es la solución para enfrentar los impactos de la pandemia. “Lo peor que puede suceder en este momento es que se estimule el sobreendeudamiento de las familias, tienen que buscarse otras medidas de redistribución de la riqueza”, dijo a la Red Informativa de ARPAS.
Martínez calificó como “pésima” la gestión económica que el gobierno está haciendo en este momento, dado que las medidas que se están impulsando -a juicio de la también académica- son “improvisadas”. “El gobierno ha optado por la salida más fácil: más endeudando del país”, aseveró.
«Préstamo del FMI no es para atender emergencia sino para pagar deuda«
La economista Julia Evelyn Martínez, también cuestionó el préstamo que recientemente se adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Explicó que el principal destino de este empréstito por $389 millones es el pago de la deuda a acreedores. “Lo que sobra, un pedacito, un poquito va a ir canalizado hacia el financiamiento de la emergencia en gastos de salud”, sostuvo.
“Se toma esta decisión que se había pospuesto por muchos gobiernos, por muchos años de tomar este préstamo con el FMI, porque no es solo lo que cuesta en comisiones, sino que el costo son las condiciones que se han impuesto”, manifestó.
Martínez explicó que entre las condiciones del préstamo del Fondo Monetario se encuentran que debe realizarse un ajuste fiscal primario del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el período 2021-2024 y que se deben disminuir los niveles de endeudamiento público del 82% del PIB al 60% para 2030.
“Para lograr estas metas, el FMI recomienda medidas como la disminución del gasto público en $900 millones a partir del año 2021, aumentar los impuestos a la gasolina y al diésel, aumentar el IVA y las contribuciones fiscales especiales, como el impuesto a las telecomunicaciones y reducir el pago de salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas de empleados públicos”, detalló.
La economista agregó que el mayo problema es que estas medidas deben aplicarse, de acuerdo a la carta de entendimiento firmada, por diez años. “Esto terminará afectando a los más pobres”, señaló.
“El gobierno no quiere escuchar propuestas sobre cómo debe funcionar la economía”
¿Existen alternativas para enfrentar la crisis, sin que las desigualdades se profundicen? Julia Evelyn Martínez considera que sí.
“Una de éstas es que presupuestos como el del Ministerio de Defensa debería ser transferido al ministerio de Salud. También deberían hacerse ajustes al presupuesto, no para despedir a la gente, sino para reasignar partidas innecesarias como la publicidad”, sostuvo.
Además, considera que el gobierno debería recurrir al apoyo financiero no reembolsable de la cooperación internacional.
“Se tiene que proceder a la reforma fiscal. Aquí hay margen para aumentar impuestos, pero no para la gente. Aquí los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más, se tiene que cambiar esa estructura injusta. Se debe cambiar el modelo productivo y dejar de dar incentivos a grandes empresas”, dijo.
Martínez aseguró que el problema es que “el gobierno no quiere escuchar propuestas sobre cómo debe funcionar la economía”
De la misma opinión es Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) quien aseveró que frente a los acuerdos entre el gobierno y empresarios, éstos últimos debería mostrar la misma actitud en decisiones fiscales.
“Espero que así como ayer la cúpula empresarial salió a pedir que se aumente el endeudamiento, también sean los primeros en apoyar una reforma fiscal progresiva para, entre otras cosas, pagar esa deuda”, sostuvo Castaneda.
