José María Tojeira llegó a El Salvador en febrero de 1985, en “lo mejor” de la guerra. Vivía a 40 metros de la casa de la comunidad jesuita que fue asesinada en 1989 y con quienes convivía y trabajaba a diario. Su testimonio ante la Audiencia Nacional de España que la Embajada Americana, junto al resto de instituciones del Estado, buscó encubrir a los autores de la masacre. La cuarta entrega de este especial relata la vivencia de la Compañía de Jesús sobre los asesinatos, desde la mirada del “padre Chema”.
Por: Krissia Girón / Foto: UCA
En su declaración ante la Audiencia Nacional española, José María Tojeira habló sobre los constantes ataques que recibía la Compañía de Jesús en la época de la guerra civil en El Salvador, que iban desde mensajes difamatorios y amenazas en medios de comunicación, hasta bombas colocadas en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. “Daba la impresión de que, sobre todo el ejército, nos consideraba enemigos”, afirmó.
“En algún momento tuve que ir a buscar a una persona que había sido capturada injustamente por el ejército y fui a atestiguar que esa persona estaba en labor religiosa, un capitán me empezó a decir ‘usted, si es jesuita, conoce a Ellacuría, él es nuestro enemigo’. Es decir, había un ambiente de agresividad de bastantes miembros de la FFAA contra los jesuitas y en particular contra Ellacuría”, relató.
Tojeira admite que ese tipo de reacciones siempre estuvieron presentes, como cuando apoyaron la Reforma Agraria o como cuando denunciaban violaciones de derechos humanos, pero la agresividad fue en aumento.
Un claro ejemplo: el editorial de la UCA denominado “A la orden, mi capital”, escrito por Ellacuría en 1976 -que criticaba el sometimiento de los poderes estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a los designios de las élites empresariales- le costó a la universidad el subsidio gubernamental y cinco bombas colocadas por la organización paramilitar Unión Guerrera Blanca.
El padre Tojeira describe a Ignacio Ellacuría como un hombre intelectualmente muy potente, con una claridad argumentativa grande que incomodaba, sobre todo, cuando su mensaje central era acabar con la guerra a partir de conversaciones de paz entre las partes del conflicto.“Tanto el ejército como la guerrilla querían la victoria militar, por lo que sufrió ataques de ambas partes, pero especialmente de los militares”, expresa Tojeira.
El diálogo por la paz y su defensa por los derechos humanos eran mensajes constantes en sus escritos y discursos. Días antes de la masacre en la UCA, el gobierno de Alfredo Cristiani invitó a Ellacuría para formar parte de la comisión que investigaría los atentados en la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, donde una bomba asesinó a 10 personas, entre ellas, la lideresa Febe Elizabeth Velásquez.
En una carta dirigida al coronel Juan Antonio Martínez Varela, ministro de la Presidencia de ese entonces, y que fue publicada en el periódico El País de España, Ellacuría expresó que no podía aceptar la invitación hasta llegar a El Salvador, ya que se encontraba en España. En el escrito, reitera los llamados a trabajar en conjunto por la promoción de los derechos humanos:
“Estoy abrumado por el hecho terrorista, estoy dispuesto a trabajar por la promoción de los derechos humanos, estoy convencido de que el presidente Cristiani rechaza este tipo de hechos y de que con buena voluntad propone para este caso este mecanismo, quisiera apoyar todo esfuerzo razonable para que prosiga el diálogo / negociación de la manera más efectiva posible”.
En esos días, Ellacuría tenía la impresión de que el presidente Cristiani estaba “más dispuesto a negociar la paz”, lo que provocaría que sectores de extrema derecha o partidario de la victoria militar del ejército estuviera más agresivo.
Cuando comenzó la ofensiva del 11 de noviembre los medios de comunicación se enlazaron a una cadena radial. Al aire se escuchaban las llamadas que pedían, sistemáticamente, la muerte de Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes, los rostros más visibles de la UCA, otros hablaban genéricamente de “los jesuitas”. “Fue algo muy recurrente dentro de los ataques generales a la guerrilla. También había amenazas contra el arzobispo de San Salvador, Monseñor Rivera y al ahora cardenal Gregorio Rosa Chávez. “Todos los que hablaban de paz, eran enemigos públicos”, dice Tojeira.
“Esa cadena nacional fue dirigida por la radio cuscatlán y por un civil que trabajaba con los militares, que se llamaba Mauricio Sandoval, que después fue director del Organismo de Inteligencia del Estado”, relató el sacerdotre jesuitas.
El 13 de noviembre el padre Tojeira le llamó a Ellacuría, quien aún se encontraba en Guatemala, para aconsejarle que se mantuviera en el lugar, ya que la situación en El Salvador estaba cada vez más tensa. Sin embargo, la respuesta del entonces rector de la UCA fue contraria. “Me dijo que, precisamente en estos momentos, donde se acrecentaba la guerra, era más importante tratar buscar elementos y hablar con personas en favor de la paz”, recordó.
Ellacuría llegó a la UCA justo al inicio del toque de queda de aquellos días, 5:00PM. La universidad estaba resguardada por militares. Entre las 7 y 7:30 de la noche, José María Tojeira recibió la llamada del padre Martín Baró, quien le informa que la universidad fue cateada y para advertirle que tuviera cuidado si llegaban a su casa.
“Lo que me contó del cateo es que fueron respetuosos en ese momento. Decían que desde dentro alguien estaba disparando contra los soldados y que querían registrar la universidad, pero en realidad solo llegaron a la casa, tomaron los nombres de cada uno de los jesuitas y se fueron. Después del asesinato, pensamos lógicamente que fue una inspección para saber si el padre Ellacuría estaba ahí”, afirmó.
Según la información que Martín Baró le dió a Tojeira, los soldados solo caminaron por la residencia de los sacerdotes sin ingresar al campus, tampoco registraron los cuartos, la única acción fue identificarlos. Agrega que no era la primera vez que cateaban la casa, era una práctica que tenían los militares con frecuencia en las viviendas de los jesuitas en el contexto de la guerra, por ello, tanto Martín Baró como Tojeira no vieron con extrañeza dicha acción.
“Posteriormente, el padre Rodolfo Cardenal que vivía en la comunidad pensó que era una identificación de personas para deportar a los que fueran extranjeros, incluidos los que tenían nacionalidad salvadoreña pero habían nacido en España. Él se los dijo a la comunidad de jesuitas -que fue cateada- pero aquellos no le creyeron”, contó Tojeira.
El 15 de noviembre a eso de las 10:30 pm, el padre Tojeira se asoma a la ventana. Frente a su casa observa a un grupo de apróximadamente 25 soldados que estaban sentados en la escalinata de un pequeño súper que había entonces.
Horas después se despertó, ya entrada la madrugada del jueves 16 de noviembre, escuchando unos “tiros secos”, a lo que siguió un fuerte tiroteo que duró alrededor de 20 minutos y en el cual logró distinguir armas de distinto calibre, por el ruido que hacían unas de otras. En el juicio de 1990, Tojeira se enteró que los militares dispararon con AK 47, M60 y M16, además de otras explosiones de granadas.
Tojeira recuerda que uno de sus compañeros se levantó al escuchar el tiroteo y vio que al final lanzaron dos vengalas para iluminar el lugar. Volvieron a dormir.
A la mañana siguiente, llegó el esposo de Elba, Obdulio Ramos, para darles la noticia, posteriormente apareció Lucía Cerna, quien junto a su esposo, Jorge, fueron testigos de la matanza.
“Primero les matan en la parte trasera de la residencia y después disparan contra la fachada del edificio, entran y disparan contra los libros, destruyen máquinas de escribir, queman cuadros de Monseñor Romero, etc. Todo esto lo supe a posteriori”, afirma.
Tojeira llegó a la residencia y contempló la destrucción de la casa, el edificio y los cuerpos de los sacerdotes, Elba y Celina. Entre esto, encontró una pinta en la pared. El sacerdote hace un esfuerzo por recordar la frase: “Así ejecuta el FMLN a los orejas traidores al pueblo”.
Ante la Audiencia Nacional de España, Tojeira detalló lo que vio: los sacerdotes estaban boca abajo, algunos con su cabeza apoyada en el brazo. La mayoría tenía disparos en la cabeza y en la espalda, algunos en el brazo. Solamente Martín Baró tenía un disparo en la parte posterior de la cabeza, atrás. El salvadoreño, Joaquín López y López, estaba boca arriba y tenía dos tiros en el pecho. “Él se escondió en un cuarto y al salir le vieron y le dispararon de frente”, comentó Tojeira.
En otra habitación, una madre murió protegiendo a su hija de las balas de aquella madrugada, o al menos, esa es la impresión que dejó en quienes observaron la posición de los cuerpos, contó Tojeira. “Elba estaba destrozada, como que la hubieran querido partir a la mitad a balazos, porque tenía toda la cara hundida, también el pecho”, dijo. “La posición de ambas daba la impresión de que Elba quiso cubrir con su cuerpo a su hija, quien estaba de medio lado, debajo del cuerpo de su madre”, relató.
Horas después de descubierta la masacre, Tojeira relató ante la Audiencia Nacional que, gracias a la gestión del nuncio apostólico, consiguieron una cita a las 11 de la mañana con el presidente de la República, Alfredo Cristiani, en la que también estarían presentes el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas y el Obispo Auxiliar, Monseñor Gregorio Rosa Chavez. Cristiani estaba acompañado de un ministro de la Presidencia, un coronel retirado.
Ahí, Tojeira le dice al presidente que el ejército había asesinado a los jesuitas. Al coronel retirado “no le gustó” la afirmación e inició una discusión entre él y el sacerdote. “Cristiani nos pide que nos calmemos y nos prometía que se iba a investigar el caso y que se iba a enjuiciar a los culpables”, relató.
Después del asesinato, el entonces provincial de la Compañía de Jesus decidió que todos los jesuitas del país, aproximadamente 40, se reunieran en Santa Tecla para realizar una misa por las y los asesinados, sus familiares y por los asesinos.
Cuatro días después de la masacre se encuentra con Lucía Cerna, a quien envía a la Embajada de España para mantenerla en resguardo junto a su familia. En su relato en el juicio, Tojeira afirma que el día en que los Cerna partieron a Estados Unidos, recibió la llamada de Richad Chidester, asesor de la Embajada de Estados Unidos, quien se ofreció aacompañar a la familia Cerna y facilitarle el ingreso a migración.
“Lo que hizo Richard Chidester fue entregar a Lucía con el FBI”, dijo Tojeira. Además, reveló que fue el Coronel Manuel Rivas Mejía quien se encargó de los interrogatorios a la familia Cerna, en los cuáles se ejerció violencia verbal y psicológica, según consta en el testimonio de Lucía y Jorge. Rivas Mejía era el jefe de la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos (CIHD) creada por el gobierno para indagar este tipo de casos.
“La investigación de la CIHD fue una farsa”. Así calificó José María Tojeira el trabajo de la comisión creada por el presidente y que dirigía Rivas Mejía y estaba conformada por representantes de los cuerpos de seguridad.
El 20 de diciembre se encontraban en una reunión el padre Miguel Estrada, padre Tojeira y miembros de la CIHD. Sin saberlo los sacerdotes, llega a la reunión Richard Chidester, quien entró sin llamar a la puerta, “como que fuera el dueño de la Comisión”, contó Tojeira. Ante la aparición de Chidester, el sacerdote advirtió a Rivas Mejía y al resto de miembros de la Comisión que “delante de un funcionario gringo no tengo que hablar”, por lo que los militares le pidieron que se retirara. Se fue.
Ya entrada la reunión, los miembros de la CIHD revelaron la metodología utilizada en sus investigaciones: A base de polígrafo con gente que denunciaba al FMLN como los asesinos. “Contando incluso algunas cosas muy curiosas, como que un comandante del FMLN que murió en la ofensiva, era homosexual y que a su amante le había dicho que ellos habían matado a los jesuitas y cosas de ese estilo. Era todo una farsa”, aseveró.
Los sacerdotes piden a los miembros de la Comisión que investiguen al Batallón Atlacatl que realizó el cateo. Al finalizar la reunión, se retiran molestos ante lo que Tojeira calificó como “un intento de manipularnos frente a lo que era lo objetivo: el ejército habia matado a los jesuitas”, dijo.
“Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que el Ejercito había matado a los jesuitas porque el tiroteo y las explosiones duraron aproximadamente 20 minutos y el lugar donde los mataron estaba a 700 metros en línea recta del Estado Mayor, a 400 metros en línea recta, del edificio de la inteligencia militar, y también a 200 metros de la Torre Democracia, donde habían soldados y francotiradores”, expresó.
El dato de los francotiradores en la Torre Democracia – ahora Torre City- fue confirmado, además de la serie de investigaciones sobre el caso, por un militar que visitó al padre Tojeira hace aproximadamente 5 años y que estuvo en la torre fungiendo dicho cargo. “Me contó que vieron con visores nocturnos lo que estaba pasando, mientras mataban a los padres. Informaron al Estado Mayor y de ahí le dijeron que no contara nada a nadie”, reveló.
Otra de las razones para concluir la participación del ejército en la masacre es que las pruebas, lo visto por los testigos y otros actores no hacían sostenible por mucho tiempo la versión de que había sido la guerrilla la responsable. Tojeira afirma que era un lugar muy cuidado por los soldados. “Un tiroteo que dura 20 minutos, en un lugar cuidado, cerca del Estado Mayor y el ejército no llega. Es evidente que fueron ellos”, dijo.
En medio de las investigaciones, Tojeira lamentó que en la CIHD estaban citando soldados cuyos testimonios no concordaban con lo ocurrido. “Cuánto más cerca estaban del lugar de los hechos, decían que no habían escuchado nada, mientras que los que estaban más lejos sí decían que habían escuchado un tiroteo”, dijo.
Sus llamados para que se citara a los militares que ocupaban altos cargos en el ejército no se hizo efectiva pronto, hasta que el llamado coincidió con el trabajo de dos fiscales que estaban a cargo del caso: Henry Campos y Sidney Blanco.
“Estos dos fiscales fueron muy hostigados y cuando los separaron del caso, los mandaron a una zona de Chalatenango, entiendo, donde a ratos dominaba la guerrilla o el ejército. Podía uno suponer que lo mandaban para que un enfrentamiento o una bala perdida los matara”, relató.
Esta es la historia de los dos fiscales que pasaron a ser acusadores particulares:
Tojeira también habló del papel de Rodolfo Parker, abogado en aquel entonces de la Comisión de Honor. “Fue una persona que encubrió”, confirma el sacerdote. De hecho, en una plática que tuvo en persona con el ahora diputado del PDC, comenta que este le dijo que él nunca había encubierto a nadie. Sus razones, según Tojeira, confirman que en realidad sí lo hizo.
Parker le dijo a Tojeira que un teniente le confirmó, en uno interrogatorio privado, que Benavides había dado luz verde del Estado Mayor para matar a Ellacuría. Dijo no tener contacto directo con el presidente Cristiani y llamó a un cuñado del este, Roberto Llach, para consultarle. Llach le invitó a desayunar con Cristiani al día siguiente.
“Parker me dijo que fue, le contó lo que le dijo el militar y Cristiani le dijo: cuénteselo a la Comisión de Honor. Me dijo Parker que la Comisión había decidido no mencionar esa frase y que por tanto él no había encubierto porque se lo dijo a la comisión. Yo le preguntaba por qué no se lo dijo al juez, pero ahí ya no me contestó”, dijo.
El ahora director del IDHUCA afirma que perdonaron a los perpetradores de la masacre desde el primer momento. En los años siguientes, Tojeira recibe una carta de Yushsy René Mendoza, quien en ese momento estaba en prisión purgando la condena de 30 años de prisión otorgada a él y al coronel Benavides. En la carta, como Mendoza lo expuso en su testimonio, le pidió perdón por “haber estado en el lugar y no haber hecho nada”, como lo expuso Tojeira ante la Audiencia Nacional.
El sacerdote recuerda su voto de fe y aclara, ante las preguntas de la querella, que buscan que su actitud ante estos hechos estén encaminados en los preceptos cristianos. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, esa es nuestra actitud”, dice Tojeira. Inmediatamente aclara: “Pero sí queremos justicia, porque es indispensable que se conozca la verdad para que no se repita. Esta queda consagrada cuando el Estado, a través del sistema judicial, dice ‘esto es la verdad’. Queremos la verdad judicial además de la moral que ya la teníamos clara”.
Los Jesuitas animaron a Mendoza a decir la verdad.
