Cuatro publicaciones falsas difundidas por el Gobierno en la última semana dan cuenta de que la construcción del discurso gubernamental sigue teniendo como una de sus características adversar a Órganos de Estado, políticos y empresarios, desde la desinformación. A continuación las detallamos en orden cronológico.
Por: Josseline Roca/ Foto: Freepik
Caso 1: El monto falseado de evasión fiscal
El domingo 16 de agosto una “información” de última hora acaparaba la agenda nacional. Esa noche la Fiscalía General de la República anunció en su cuenta de la red social Twitter, la captura del representante legal de la empresa INTRATEX S.A. de C.V., Miguel Ernesto Daura Mijango. “FGR ordena detención por el delito de evasión de impuestos por más de $293 millones”, se leía en la cuenta oficial de la institución. Texto que acompañaban con la fotografía del imputado.
De inmediato, las cuentas de redes sociales del Presidente y varios funcionarios insistieron en publicar la cifra. “$293 millones de evasión fiscal, de empresa propiedad 100% de la familia Simán. Sí, $293 millones. Sigan hablando de cafeteras”, escribió el presidente de la República, Nayib Bukele. El mandatario hacía referencia, de manera indirecta, a una reciente publicación periodística sobre la compra de una estación de café para el ministro de Salud, Francisco Alabi, por $1300.
El ministro de Seguridad montó una conferencia de prensa, para informar sobre la detención de Daura Mijango, reiterando la cifra de $293 millones.
También el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, insistió, en la misma conferencia de prensa, en repetir el supuesto monto evadido.
“Son $293 millones que debemos recuperar para poder llevarle salud a las personas que están sufriendo durante la crisis sanitaria, para poder llevarle a nuestra Policía Nacional Civil los insumos que tanto han necesitado durante tanto tiempo para combatir la delincuencia. El ministro (Rogelio) Rivas decía que con esto se podía haber financiado la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. Ministro, cuente con mi compromiso para que no tengamos que ir a solicitar financiamiento (…), porque vamos a ir a buscar el dinero evadido por los malos empresarios”, decía el funcionario. Sus declaraciones fueron retomadas en un video que sería publicado en su cuenta de Twitter.
No obstante, la FGR borró la publicación y aclaró que el monto evadido en realidad es de $5,336,117. El 20 de agosto, el Fiscal General, Raúl Melara, reconoció que publicaron de manera errónea la cifra.
Sin embargo, en las cuentas de redes sociales del Gobierno, las publicaciones con el dato inicial no han sido eliminadas.
Caso 2: El fotomontaje del secretario jurídico de la Presidencia
La noche del 18 de agosto, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, subió una “fotografía” a su cuenta de Twitter, en la que aparentemente integrantes del Grupo Parlamentario del FMLN daban una conferencia de prensa en respaldo al empresario, Javier Simán, y al expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, este último procesado por un caso de presunta estafa en intercambio de armada con el Ministerio de Defensa.
El funcionario no solo mintió, sino que para ello utilizó fotomontaje. En realidad, el partido político en cuestión acompañó una conferencia de prensa en la que comunidades pidieron explicaciones al presidente de ANDA, Frederick Benítez, por la escasez de agua.
Sobre este tema, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo: «Excelente ejemplo de «fake news (…) En el gobierno de Nayib Bukele todo vale».
Pese al reclamo, la fotografía falsa publicada por Castro se mantiene en su cuenta de Twitter.
Caso 3: Bukele desinforma sobre resolución de Sala
El 19 de agosto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió la controversia sobre el Decreto Legislativo 661 que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía, aprobada por la Asamblea el 12 de junio y vetada por el Presidente Nayib Bukele.
En la resolución la Sala ordena al mandatario que sancione y publique el decreto. Sin embargo, debido a que las fechas para la reapertura económica estaban desfasadas le instruyó a la Asamblea que ajustara los plazos.
Pese a lo establecido en la sentencia de la Sala, respecto a que es necesario que la Asamblea haga reformas el decreto en lo referente a las fechas de reapertura económica porque están desfasadas, el Presidente Bukele optó por publicar desinformación. “¿Declaran constitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio? ¿Qué hacemos?, ¿Retroceder el tiempo?”, escribió, ironizando.
Esta publicación también se mantienen en la cuenta de Twitter del mandatario.
Caso 4: Los papeles que eran leyes
El viernes 21 de agosto una extensa sesión plenaria de interpelación al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, se realizó en la Asamblea Legislativa, por los hechos del 9 de febrero, cuando el Presidente Nayib Bukele irrumpió con militares en el Salón Azul, en el contexto de la exigencia por la aprobación de un préstamo.
Tras varias hora de cuestionamientos al ministro, la diputada del FMLN, Dina Argueta, señaló que Merino Monroy mentía en sus declaraciones y le preguntó: «¿Quién fue el encargado del procedimiento del 9 de febrero en la Asamblea”. El funcionario, quien había negado un “operativo militar”, le respondió: «El no poner atención o no tener la capacidad de asimilar”, en referencia a la interrogante de la parlamentaria. De inmediato, se escucharon expresiones de rechazo a lo dicho por el titular de Defensa.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, tras decir “ya ven lo que provocan”, envió a receso.
Luego de la pausa, varias diputadas bajaron hasta donde estaba el ministro y sus acompañantes, para entregarles copias de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
Pero el Gobierno ya había publicado su versión. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia publicó que las parlamentarias le lanzaron “papeles” a Merino Monroy y “le faltaron el respeto”.
Esa secretaría mintió. No se trató de “papeles”, sino de la ley que, entre otras cosas, define los tipos de violencia contra las mujeres y las obligaciones de los funcionarios públicos para garantizar el respeto a sus derechos.
La secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, también publicó una fotografía de la acción de las parlamentarias. “Las diputadas del FMLN y ARENA llegan a insultar al Ministro de la Defensa, unidas como amiguitas, ¿y ellas son la que hablan de respeto? ¡Dejen de utilizar la violencia contra la mujer como excusa política!”, insistió.
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