“9F Nunca Más” es el principal reclamo de organizaciones que hoy protestaron por los hechos ocurridos hace un año. Exigen a la Fiscalía investigar y procesar a los responsables, entre ellos el presidente Nayib Bukele.
Por Norma Ramírez, Red Informativa de ARPAS/Foto: Diario Colatino
Hoy se cumple un año desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, irrumpió en la Asamblea Legislativa con militares y policías, usurpó la silla del presidente del Parlamento e hizo un llamado a la insurrección. Entonces, Bukele reclamaba la aprobación de un préstamo millonario para financiar su plan de seguridad “Control Territorial, del cual -hasta hoy- no se conoce un documento oficial.
En este marco, las organizaciones de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de una carta, que investigue el hecho y procese a los responsables, entre ellos el presidente Nayib Bukele.
“El Fiscal debe agilizar las investigaciones, el desafuero es el primer paso que hay que hacer para que aquellos funcionarios que participaron en el posible cometimiento del delito sean investigados de manera formal”, expresó Rodolfo Calles vocero de la Coordinadora.
“Le corresponde a la Fiscalía General de la República actuar, como instancia encargada de velar por la legalidad y perseguir el cometimiento de posibles delitos. Por tal razón, venimos hoy ante usted a solicitarle una investigación exhaustiva de lo actuado el 9 de febrero del año pasado por el presidente Nayib Bukele y los funcionarios que lo acompañaron en su aventura autoritaria, principalmente el ministro de la Defensa Nacional y el director de la Policía Nacional Civil (PNC)”, dice la Coordinadora.
Las acciones de Bukele el 9 de febrero de 2020 son calificados como un grave atentado a la democracia y la institucionalidad de El Salvador. La comunidad internacional también cuestionó los hechos y pidió respeto a las reglas democráticas.
La principal exigencia de las organizaciones en el marco de esta fecha es #9FNuncaMás.
Oposición legislativa pide destitución de presidente Bukele
La fracción legislativa del FMLN acompañó la presentación de una pieza de correspondencia en la que piden la destitución del presidente de la República, Nayib Bukele, por los hechos del 9 de febrero de 2020, cuando el mandatario irrumpió con militares en la Asamblea Legislativa.
También el diputado de la fracción de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, presentó una solicitud para que la Asamblea Legislativa declare “incapacidad mental” del presidente Bukele, amparándose en el artículo 131 de la Constitución de la República.
“Que con las acciones y discursos de división, odio desinformación, la no tolerancia, agresiones, ataques del presidente Nayib Bukele, nos dejan ver que es un hecho notorio su incapacidad mental”, dice en el escrito el diputado Velásquez Parker.
La Asamblea Legislativa realizó una sesión plenaria para “Defender el Estado Constitucional de Derecho y la Institucionalidad Democrática”, a un año de los hechos del 9 de febrero de 2020.
Las fracciones legislativas, a excepción de GANA y CD, se pronunciaron contra estos hechos que, señalaron, afectan la democracia del país y la institucionalidad.
Por estas razones, el pleno aprobó, con 53 votos, que se emita un pronunciamiento para condenar los hechos del 9F. En este se retomará el informe final de la comisión que investigó lo ocurrido y que recomendó al presidente Nayib Bukele, destituir al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil.
PDDH a Bukele: respete independencia de poderes
En el marco de la fecha, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe que contiene un relato de los hechos del 9 de febrero y recomendaciones para el Gobierno, para que este tipo de situaciones no se repitan.
Al presidente Nayib Bukele le exhortan a respetar la independencia de poderes, así como el sistema de pesos y contrapesos.
“De manera particular se exhorta reflexionar sobre el discurso público como una herramienta que contribuye a la cultura de paz, en la medida en que informa de manera completa las situaciones que vulneran los derechos humanos, analiza sus causas de forma profunda y visibiliza sus consecuencias adecuadamente y, sobre todo, utiliza un mensaje que promueve la transformación de actitudes, mentalidades, prácticas y estilos de vida en lo cotidiano y en todos los niveles y ámbitos, ya sea públicos o privados, nacionales o internacionales. Su contenido, por tanto debe representar un estandarte para cualquier política, decisión o práctica gubernamental que pretenda el desarrollo humano integral y sostenible de la población”, dice la PDDH.
Ademas, recomienda al ministerio de la Defensa Nacional actuar apegado a lo que dicta la Constitución y evitar el uso indebido de la fuerza.
INFORME-PDDH-9F
