Una investigación de diferentes organizaciones de mujeres, entre ellas, la Asociación Mélida Anaya Montes constató que las mujeres enfrentan diferentes tipos de violencias y que persiste el temor a la denuncia: 70% de los casos no se presentan ante las autoridades. De acuerdo al estudio, que contó con la participación de mujeres de varios municipios del país, también se identificó el rol «pasivo» de las instituciones públicas encargadas de proteger los derechos de las mujeres.
Por Norma Ramírez, Red Informativa de ARPAS/Foto: Las Mélidas
Entre los años 2017 y 2020 la Asociación Mélida Anaya Montes «Las Mélidas», junto a otras organizaciones, realizaron una investigación sobre las diversas situaciones de violencia que viven las mujeres en el país, contadas desde la voz de las víctimas. A través de este proceso las mujeres narraron e identificaron las situaciones de riesgo que enfrentan y, como factor común, señalaron el temor a denunciar.
Uno de los principales resultados de la investigación fue la construcción de «mapas de riesgo» que permitieron a las mujeres participantes identificar los puntos de riesgo y zonas de peligro en sus comunidades. Además, permitió detectar que las víctimas tienen temor a denunciar, el 79.4% de casos no se presentan a las autoridades debido a que los principales agresores son familiares y pandilleros de las comunidades.
Además, a través de los mapas, se identificó que ventas de alcohol, de drogas, puntos de asalto y violaciones, puentes o pasarelas en malas condiciones son algunas de las principales zonas de amenazas para niñas, adolescentes y mujeres.
En total se construyeron once mapas de riesgo con la participación de mujeres de cuatro departamentos del país: Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, Cuscatlán y San Salvador. «La elaboración de los mapas es una herramienta para implementar políticas públicas en favor de contribuir a la erradicación de la violencia», dice Las Mélidas en un comunicado.
En la investigación también se constató que la violencia sexual es la más recurrente. Según los datos recopilados, el 42% de los casos son relacionados a este tipo de hechos y, de nuevo, pandilleros, padres biológicos y hombres de la comunidad son señalados como los principales responsables. Otras violencias que también se evidenciaron y que tiene un grave impacto en la vida de las mujeres fueron la violencia física, institucional y la feminicida.
Las mujeres participantes, además, señalaron el «rol pasivo» de las autoridades encargadas de proteger los derechos de las mujeres, entre éstas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
Los marcos regulatorios que no se cumplen
Lorena Peña, una de las encargadas de la sistematización de los mapas de riesgo, explicó que en el país existen diversas herramientas de protección de los derechos de las mujeres, pero que éstos no se cumplen. Una de las principales, dijo, es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
Además, hizo un recorrido histórico de las leyes y reformas que se han hecho para que los derechos de las mujeres se reconozcan y se protejan, desde la ratificación de la convención Belem do Pará hasta la creación de la Gerencia de Estadísticas de Género en la DIGESTYC.
Peña lamentó que, pese a los esfuerzos para que en la normativa nacional se protejan los derechos de las mujeres, la situación de riesgo y amenazas contra ellas persiste. Recordó que una de las deudas para la garantía de una vida plena para las mujeres sigue siendo la penalización absoluta del aborto y la baja cifra de judicialización de feminicidios. Señaló que de acuerdo a datos de 2019 de la Dirección de Estadística de Género se registraron más de 20l mil hechos de violencia contra las mujeres.
Las estrategias: ¿Qué hacer frente a la violencia contra las mujeres?
Frente a este contexto, la investigación se planteó la creación de estrategias para enfrentar las diversas violencias que enfrentan las mujeres, entre éstas: generar mecanismos para que las mujeres sean protagonistas de sus propias transformaciones, la creación de una “gran coalición” de mujeres, la difusión y conocimiento de las leyes de protección, entre otras.
Además, anunciaron que en el mes de noviembre se instalará el “tribunal Carla Ayala contra la violencia hacia las mujeres», una iniciativa para evaluar la acción del Estado en defensa de los derechos de las mujeres y en honor a la agente de la PNC asesinada por sus compañeros en diciembre de 2017.
