Foto: FESPAD

La Asamblea Legislativa tomó una vez más el camino equivocado, al aprobar las reformas a la Ley Penitenciaria para hacer permanentes las medidas extraordinarias de seguridad en las cárceles, así lo consideró hoy la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Entre las disposiciones que pasarán a ser permanentes están la modificación del régimen de visitas a los centros penitenciarios, dando discrecionalidad a los directores de éstos para suspenderlas, así como prohibiendo el contacto entre las y los privados de libertad y sus familias y defensores, en algunos casos.

Otra de las medidas es que los procesos judiciales se realicen sin la presencia del imputado, dar mayores facultades al Director General de Centros Penales para suspender a personal penitenciario en circunstancias específicas y controlar la señal telefónica. En estas últimas dos disposiciones están de acuerdo, dijo Héctor Carrillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana y justicia penal de FESPAD. Sin embargo, el resto de medidas provocarán mayores violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad, apuntó.

Para FESPAD las recientes reformas a la Ley Penitenciaria parecieran acercarse aún más a la conclusión que sacó la relatora de especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Agnes Callamard, respecto a que las medidas extraordinarias buscan “deshumanizar” a las y los privados de libertad.

Kerlin Belloso, colabora jurídica de FESPAD, puntualizó algunas de las reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas que se deben aplicar en los regímenes penitenaciarios. transgredidas

La discusión sobre las condiciones de violencia e inseguridad y las políticas y leyes que de ésta se deriven debe ser estructural. De lo contrario, se seguirán atacando las consecuencias y no las causas, lo cual agravará la situación, señaló FESPAD.

El camino que debe seguir el Estado es la apuesta por la prevención de la violencia y su abordaje integral. Para aportar en ello, esta organización ha presentando una propuesta de ley, sin que a la fecha haya logrado el aval de las fracciones legislativas.

Las reformas a la Ley Penitenciaria fueron propuestas por el gobierno y avaladas por todos los partidos políticos. Con esto, ambos órganos de Estado han integrado a la legislación, casi en su totalidad, las medidas extraordinarias, aplicadas desde 2016.