¡Entrampada!, así se encuentra la discusión de la Ley de Aguas. La nueva estrategia de los partidos de derecha es darle largas al tema para no asumir los costos políticos que tendrían que se concretara su interés de entregar la rectoría del agua a las grandes empresas privadas, denuncia la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Hoy, esa organización reiteró que continuará en las calles hasta que se apruebe la Ley General de Aguas, presentada hace más de 12 años por el Foro del Agua, la cual garantizaría una gestión pública y comunitaria del bien natural.

Por Josseline Roca

Foto: Alianza contra la Privatización del Agua

Distinto nombre, la misma intención. Así define la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la nueva propuesta que han hecho los partidos políticos de derecha ARENA y PCN, respecto al ente rector del agua. Inicialmente esos institutos políticos, junto a GANA presentaron una iniciativa de ley que nombraron “integral”, que propone una conformación de la institución del agua con dos representantes de la Asociación Nacional de la Empres Privada (ANEP), dos de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y uno del gobierno.

Las masivas movilizaciones en rechazo a esa propuesta los hicieron retractarse. En varias sesiones de la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa participaron organizaciones sociales, quienes argumentaron por qué esa iniciativa no debe ser aprobada. Habla Margarita Posada de la Alianza.

El 27 de septiembre, 15 mil personas salieron a las principales calles de San Salvador, para exigir que la institucionalidad del agua sea pública. Esa masiva movilización fue encabezada por las autoridades de la iglesia católica, iglesias históricas, comunidades, organizaciones populares y sociales, sindicatos y estudiantes; quienes entregaron 200 mil firmas a las y los diputados con la misma demanda.

Lo hicieron 2 días después de que el equipo técnico de la comisión de medio ambiente planteara una nueva propuesta de ente rector, según la cual se establecería una junta directiva mixta, con participación del  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), municipalidades, universidades, sector agroindustrial e industrial. Para esta alianza, se trata de una estrategia de encubrir el mismo interés privatizador, apuntó Luis González, integrante de  las organizaciones.

Ahora la intención, señalan las organizaciones, es dilatar la discusión, luego de que el pasado martes no asistieran a la comisión de medio ambiente algunos diputados y diputadas de  partidos de derecha.

En el marco del inicio de la campaña electoral, la Alianza trasladó a los candidatos presidenciales la exigencia de aprobación de la Ley General de Aguas, presentada por las organizaciones populares.

Juan de la Cruz y Morena Murillo, de la Alianza, les hicieron una exhortación.

Es urgente que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Aguas con enfoque de derechos, pues mientras eso no pase las comunidades siguen siendo afectadas con la falta de acceso a ese bien natural, por la sobreexplotación y contaminación que hacen las grandes empresas, señalan las organizaciones.

Se mantendrán en las calles, reiteran, hasta lograr una normativa que garantice: una gestión pública del agua, con participación ciudadana, visión de cuenca y que lo establezca como derecho humano.