Dentro de la Comisión Ad Hoc que discute las implicaciones de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, está sobre la mesa una propuesta similar a la ya derogada. Mientras que para algunos parlamentarios es un punto de partida, para sobrevivientes, familiares de víctimas del conflicto, y otras instancias, es un revés en la búsqueda de verdad y justicia
Por Krissia Girón
Los ojos de Carlota Ramírez se cristalizan mientras cuenta su testimonio frente a un grupo numeroso de periodistas. Llora, al recordar cómo en mayo 1982, los Escuadrones de la Muerte se llevaron a sus hermanos, papá y sobrinos, de su casa en el cantón El Progreso, ubicada en el volcán de San Salvador. A raíz de este episodio, Carlota tuvo que vivir en “un montón de lugares para huir de la persecución de los escuadrones”, describe.
“No ha habido verdad y justicia. Lo que queremos las víctimas es que esa ley no se lleve a cabo. Lo que queremos es verdad, justicia y reparación integral para todas las víctimas. ¿Para qué la amnistía?, para esconder todos esos crímenes y que otra vez sigamos siendo re victimizados y ellos en la impunidad”, dice Carlota durante la conferencia de prensa donde más de 20 organizaciones rechazaron la construcción de una nueva ley de amnistía, la cual, aseguran, podría significar un revés en la historia del país.
Este revés se discute en el corazón de la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Ad Hoc que analiza las implicaciones de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Las y los diputados recibieron, durante la sesión del 19 de febrero de 2019, un documento elaborado por el diputado del PDC, Rodolfo Parker, que en un primer momento denominó “un borrador de una nueva ley de reconciliación nacional”. El documento, con el correr de los días, dejó de ser un borrador de ley, y pasó a ser un insumo que, dicho sea de paso, calca algunos artículos de la derogada ley de amnistía de 1993:
Así reza el artículo 1, en plena concordancia con el primero de la ley del 93. Según la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, el artículo 1 impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a los derechos fundamentales.
Lea aquí el documento:
En general, el documento plantea que estarán libres de culpa quienes participaron en grandes operativos militares (con un número de participantes que no baje de 20), la creación de una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos, y una comisión nacional de reconciliación que revisará los casos donde se aplique la amnistía y los que no.
Parker asegura que el espíritu con el cual presentó el documento es en aras de catalogarlo como un insumo de trabajo para contribuir al debate en el seno de la comisión. Durante la reunión del pasado 5 de marzo, el diputado aclaró, ante la insistencia de los diputados del FMLN, Nidia Diaz y Damián Alegría, que no tiene intenciones de dar al documento una iniciativa de ley, y presentarlo en la ventanilla de recepción de piezas de correspondencia, como toda propuesta que llega a las comisiones.
De hecho, Rodolfo Parker se tomó alrededor de 30 minutos para aclarar que su propuesta no es la base de la nueva ley, no busca ser una ley de impunidad, como lo han señalado organizaciones de derechos humanos, y asegura que la Sala de la Constitucional mandata a la Asamblea Legislativa, a través de la sentencia, a dictar una nueva ley de amnistía:
Este argumento es acompañado por los partidos ARENA Y PCN, quienes aseguran este documento es un buen punto de partida para la discusión de la nueva ley, así lo menciona el diputado Mauricio Vargas, del partido ARENA.
El diputado Antonio Almendáriz, del PCN, en declaraciones a la Red Informativa de Arpas, desestimó la investigación de la Comisión de la Verdad, y dijo que una nueva Ley de Reconciliación es necesaria para que el país construya su propia investigación.
Sobre el tintero, el FMLN dejó la posibilidad de discutir una propuesta de ley de reparación integral a víctimas del conflicto armado, y declarar el 30 de agosto como día de la desaparición forzada. Estas propuestas son parte del pliego presentado en los años recientes por organizaciones de derechos humanos, para reivindicar el caminar tortuoso de casi 30 años de miles de familiares y sobrevivientes que andan a cuestas la búsqueda de verdad y justicia. Esta moción tuvo un nulo apoyo por el resto de parlamentarios.
Mientras tanto, Carlota continúa a la espera de la tan anhelada verdad, justicia y reparación del daño causado a ella, su familia, y el resto de víctimas del conflicto armado. Pero ella no está sola.
“Le está prohibido al Órgano Legislativo crear una nueva amnistía”
Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes de crímenes del conflicto armado, instancias nacionales e internacionales, universidades y una diversidad de sectores han rechazado el documento elaborado por el diputado Rodolfo Parker, que busca dar una nueva amnistía a los crímenes de guerra.
Para ellos y ellas, construir una nueva ley de amnistía presupone dar un paso hacia la impunidad de dichos delitos. David Ortíz, representante de FESPAD, dice que los argumentos de la Comisión para construir dicha ley, carece de validez en la medida en que la voz de las víctimas no ha sido tomada en cuenta.
Eduardo García, representante de la Asociación Pro Búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, considera que Parker ha obviado elementos importantes del derecho internacional y conceptos ya plasmados en otras herramientas jurídicas
De hecho, el abogado de la Fundación Cristosal, David Morales, dijo a la Red Informativa de Arpas que “la propuesta presentada por el diputado Rodolfo Parker, claramente tiene la finalidad de generar un fraude a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. El texto de esta propuesta que, en realidad está estructurada como decreto legislativo, no son ideas, es un articulado completo; esto evidencia que se está buscando una pronta generación de decisiones políticas en la Asamblea Legislativa para aprobar una nueva aministía”.
Por su parte, sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, considerada una de las peores de Latinoamérica, rechazaron las intenciones de discutir lo que llaman una nueva “Ley de Amnistía”, por parte de la Comisión AdHoc de la Asamblea Legislativa que analiza las implicaciones de la inconstitucionalidad de dicha ley de 1993. Para las y los sobrevivientes y familiares de víctimas de El Mozote, la comisión les sigue negando el derecho a la verdad.
A este llamado se han sumado instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH. A través de un comunicado, la Alta Comisionada Michelle Bachellet, instó a las y los legisladores salvadoreños a abstenerse de reestablecer la amnistía para graves violaciones de derechos humanos. “Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador”, reza el comunicado. La Alta Comisionada considera que el texto del documento de Parker contiene clausulas que impedirían la investigación, el encausamiento y la sanción de graves delitos cometidos durante el conflicto.
También la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante el Conflicto Armado, CONABUSQUEDA, mostró su preocupación por la propuesta que contiene el documento de crear una comisión de búsqueda, ya que, a su juicio, la determinación del paradero de estas personas es un asunto de mucha gravedad que debe abordarse en una ley específica con amplio debate, y no en una nueva ley de amnistía, a la cual catalogan como “un nuevo altar a la impunidad”.
Juez y parte
Desde la creación de la comisión ad hoc, una de las demandas de las organizaciones de derechos humanos ha sido el cambio de las y los parlamentarios que la conforman, ya que consideran que “quienes vulneraron derechos, no puede ser el que venga a decir qué va a hacer para reparar el daño”, así lo dijo José Lazo, de Probúsqueda.
El argumento de las organizaciones se basa en los perfiles de quienes conforman la comisión, cuatro de ellos fueron parte de las partes armadas del conflicto. De estos, Rodolfo Parker y Antonio Almendariz, han sido señalados por la Comisión de la Verdad. Según el informe, Parker encubrió a altos mandos de las FAES, alterando sus declaraciones sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. En el caso de Almendaríz, es señalado por la ejecución extrajudicial de Begoña García, colaboradora del Ejercito Revolucionario del Pueblo, ERP.
Para el caso de Mauricio Vargas, ex comandante de La Tandona, una investigación retomada por la fiscalía de Estados Unidos, reveló su participación en grandes operativos denominados “tierra arrasada”, ejecutados en Morazán.
Sin embargo, Vargas desestima la denuncia de las organizaciones, y cuestiona si este es un criterio fundamental en la discusión. “Si ellos quieren el traje a su medida, que vayan donde un sastre”, sentenció.
Quienes se han pronunciado en contra de una nueva ley de amnistía consideran que ésta sería un grave revés en la historia contemporánea del país. Pese a los avances desde algunas instancias del Estado en materia de resarcir daños, las heridas del pasado siguen abiertas en miles de salvadoreñas y salvadoreños que siguen caminando, rompiendo obstáculos, en busca de la reparación de sus heridas, con base a la verdad y la justicia.
