La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado salvadoreño a abstenerse de aprobar una ley que propicie impunidad en los crímenes cometidos durante la Guerra Civil en El Salvador, ocurrida entre 1980 y 1992.

Foto CIDH (Referencia)

En una resolución del 25 de abril la CIDH expresó su “profunda preocupación” por la iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Según la Comisión “el efecto principal sería propiciar la impunidad respecto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado”.

La CIDH concluye que, de acuerdo con la información con que cuenta, las disposiciones de dicha iniciativa de ley concederían “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a favor de personas que hayan participado en la comisión de «delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos”.

“Entre otros, el anteproyecto concedería gracia a todas las personas condenadas por delitos en estas condiciones. El texto establece excepciones a estas disposiciones de amnistía, incluyendo para “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, pero establece un plazo máximo para someter estos hechos a la justicia, de 180 días a partir de la vigencia de la propuesta ley”, señala.

Esta instancia de la Organización de Estados Americanos reiteró que junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las disposiciones de amnistía amplia, absoluta e incondicional, consagran la impunidad en casos de graves violaciones de los derechos humanos, debido a que imposibilitan una investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos y la sanción de los responsables.

La comisionada Margarette May Macaulay, Relatora para El Salvador señaló que “son inadmisibles las disposiciones que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables por graves violaciones de derechos humanos”.

Además,  la comisionada Antonia Urrejola, relatora para la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia señaló que “las disposiciones de este anteproyecto constituyen un grave retroceso en materia de memoria, verdad y justicia, en particular en lo referente a amnistías para graves violaciones a los derechos humanos”.