Tres proyectos de ley que buscan dar atención y protección integral a víctimas de desplazamiento forzado interno, siguen pendientes de discusión dentro de la Asamblea Legislativa. Estas herramientas fueron presentadas por organizaciones sociales y entidades gubernamentales, ante la necesidad de regular la participación del Estado en la atención a víctimas. |
Por: Krissia Girón/ Foto: Cristosal
Ante esto, las organizaciones de derechos humanos que impulsan esta normativa, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública -que hasta este lunes no reconocía oficialmente el fenómeno- y otras instituciones nacionales e internacionales, demandaron al parlamento la pronta discusión y aprobación de la ley de desplazamiento forzado, tal como lo mandata la corte suprema de justicia en el amparo 411 presentado en julio 2018. Habla el ministro de justicia y seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. |
Ante la problemática del desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, desde el sistema de justicia fue un delito que se tipificó hasta el 2016 en el Código Penal, estableciéndose como delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Según el ministro, solo en el primer trimestre de este año, han sido capturados más de 800 personas por este crimen. |
También se presentaron una serie de parámetros basados en estándares de derechos humanos que deben ser la base de construcción de la ley de protección de víctimas de desplazamiento forzado. Habla Johana Ramírez, del Servicio Social Pasionista. |
Tanto las organizaciones de derechos humanos como las instancias gubernamentales que acompañaron esta iniciativa, pidieron también dotar de recursos a las entidades estatales responsables de brindar una respuesta en cada una de las fases del desplazamiento forzado interno. |