Al menos 12 organizaciones de víctimas de la Guerra Civil y de Derechos Humanos denunciaron que los partidos políticos en la Asamblea Legislativa podrían estar promoviendo un “acuerdo de impunidad” para los responsables de cometer crímenes durante el conflicto armado.
Por: Josseline Roca/ Foto: Referencia
Esta reacción se da luego de que ayer la Comisión Política de la Asamblea acordara crear una subcomisión que será la encargada de generar la nueva Ley de Reconciliación Nacional, mandatada por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. La Comisión Política recibió este martes el informe de la comisión Ad-Hoc creada para discutir el tema, la cual ya finalizó sus funciones sin legislar.
“En nombre de las víctimas que representamos y de nuestras propias organizaciones expresamos nuestra profunda preocupación en el sentido de que se podría estar impulsando un ´acuerdo de impunidad´ entre las diferentes fuerzas políticas para agilizar la anulación de la justicia y favorecer nuevamente a los violadores de derechos del conflicto armado”, reclamaron.
En una carta abierta, las organizaciones criticaron el trabajo de dicha comisión y señalaron que “solo pretendió impulsar un proyecto de ley violatorio de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Agregaron que ésta no realizó un proceso de consulta nacional ni real con las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado.
De hecho, la diputada del FMLN, Nidia Díaz, reconoció en la última sesión de la comisión Ad-Hoc ese señalamiento, al pedir a sus colegas que en el informe que elaboraron se precisara que “se tomaron en cuenta las opiniones de las víctimas” y no que hubo un proceso de consulta.
Las víctimas apuntaron que “hasta el momento la Asamblea no ha mostrado una voluntad real de escucharles y sus representantes para aprobar una Ley de Reconciliación Nacional. Por el contrario durante dos años incumplió lo establecido en la sentencia”.
Además rechazaron que la Junta Directiva y la Comisión Política busquen acelerar la aprobación de la normativa a pocos días de un cambio de Gobierno.
Las organizaciones recordaron que el derecho internacional y la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía establecen parámetros en los que debe basarse la Ley de Reconciliación que debe crear el parlamento.
Los lineamientos citados por las víctimas establecen el conocimiento de la verdad de lo sucedido y la regulación del derecho a acceder a información y documentación en poder de las instituciones estatales.
Además, acceso a la justicia, aplicando regulaciones penales para los delitos de lesa humanidad y de guerra y que se declare la imprescriptibilidad de los mismos; que se garantice la participación de las víctimas en procesos penales; reparación integral y el establecimiento de medidas de no repetición y la salvaguarda de la memoria histórica, explican en el documento difundido en las últimas horas.
Sin embargo, algunos de los parlamentarios no tienen claridad de qué tipo de ley deben crear. Ayer, el diputado de GANA, Mario Tenorio, al criticar que se quisiera aprobar una «ley exprés» expresó que su partido está de acuerdo con «que haya una Ley de Amnistía o de Reconciliación, como le quieran llamar».
Mientras que diputados como Damián Alegría, del FMLN, insisten en que la Asamblea tiene suficientes insumos para legislar, entre ellos la propuesta de Ley de Reparación Integral presentada por diversas organizaciones de víctimas.
El parlamento salvadoreño empezó mal el abordaje del tema, según las organizaciones, dado que la comisión Ad-Hoc se integró por personas directamente vinculadas en el pasado conflicto armado, incluso algunos señalados por el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, como el diputado Rodol Parker, del PDC. Fue ese mismo parlamentario quien presentó una propuesta de ley que buscaba dar amnistía a los crímenes cometidos durante la Guerra, de acuerdo con las víctimas.
En su visita a El Salvador, el relator de la ONU sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Fabián Salvioli, señaló que en los integrantes de dicha comisión había conflictos de intereses y que la propuesta en discusión sería una «amnistía de facto».
Lea aquí la carta de las víctimas y organizaciones:
