“¿Vamos a continuar avanzando con lo que estaba en marcha, se va a mejorar o habrá un retroceso?”, cuestionaron.
Por: Josseline Roca/ Foto: cortesía
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador expresó su preocupación por la falta de continuidad a las medidas de reparación a las víctimas de la guerra civil, establecidas en el decreto ejecutivo 204, y demandaron al gobierno del presidente Nayib Bukele que las mantenga.
Una de las principales inquietudes de este bloque de organizaciones históricas es la disolución de la Secretaría de Inclusión Social, debido a que ésta era la responsable de la coordinación del Consejo Directivo del registro de víctimas del pasado conflicto armado, como parte del programa de reparación a víctimas establecido en el gobierno anterior.
El registro lo trabajaron las organizaciones entre 2011 y 2013, explicó Carolina Constanza. Agregó que “hay boletas que estaban por incorporarse al padrón de víctimas. Es información fidedigna de personas que buscaron ser parte del programa”.
Además, Constanza señaló que tienen conocimiento de casos en los que víctimas han acudido a solicitar servicios de salud, mediante el programa, y que les responden que aún no tienen directrices para la continuidad del mismo.
Respecto a a las medidas de reparación afirmaron que no han sido informados de qué sucederá con el programa televisivo “Memoria Viva” que era transmitido por Canal 10, como parte del decreto.
También señalaron que en cuanto a la compensación económica, hasta el momento, el nombrado Ministerio de Desarrollo Territorial no ha establecido comunicación con las víctimas para indicarles cuáles serán las medidas a implementar con ellas.
Promemoria expuso que ven bien la reunión sostenida recientemente por Bukele con las víctimas de la masacre de El Mozote, pero consideran necesario que encuentros similares se realicen con quienes sufrieron las consecuencias de otras matanzas como la del Sumpul, por lo que el pasado 11 de junio solicitaron audiencia con el mandatario sin que al momento les haya dado una respuesta.
“Queremos trabajar con él para que las víctimas sean atendidas”, expresó Constanza.
Recordaron que el Estado está obligado a garantizar los derechos de las víctimas de la guerra, lo cual ha quedado establecido en sentencias nacionales e internacionales.
“¿Vamos a continuar avanzando con lo que estaba en marcha, se va a mejorar o habrá un retroceso?”, cuestionaron.
