Esta es la historia de una persona que rompió el silencio, para denunciar que de niño uno de sus vecinos más cercanos lo abusó sexualmente por varios años. Es contada por su padre, Eladio Canales, quien afirma que el menor estuvo al borde del suicidio y hoy, abierto el proceso judicial contra el victimario, agradece la suerte de tener con vida a su hijo.

Por: Merlin Velis

Era amigo y compadre de la familia, tenía libre albedrío para entrar y salir de la casa  y jamás imaginaron que se trataba de un monstruo que sembraría el horror en lo más preciado que tiene una familia: los hijos.

Se llama Óscar Alfredo Hernández y a la mirada de la comunidad Santa Marta al norte de Cabañas era una persona con una vida normal, con un empleo y una familia, pero se trataba de un pedófilo, un depredador sexual, según la confesión de la víctima.

Por cuatro años acosó, abusó y violó a un niño de 9 años desde 2011 a 2014, pero no fue hasta abril de 2019 que la familia Canales Velis se dio cuenta de los hechos aberrantes que cometía Hernández.

Las sospechas de que algo extraño pasaba comenzaron por las conductas que mostraba el niño, ahora de 16 años; bajas calificaciones, estados de ansiedad y depresión.  Estas señales comenzaron  a poner en alerta a sus padres.

Eladio Canales, padre de la víctima afirma que el menor estuvo al borde del suicidio, “mi hijo fue víctima y su situación pisco-emocional y su integridad física y estrés postraumático lo llevó al borde de quererse suicidar en cuatro ocasiones, tenemos suerte que está vivo”

No es el único. Canales afirmó que “nosotros estamos enterados que existen más casos de violación por Óscar, y conocemos a las personas de las que él abusó pero desgraciadamente no quieren denunciar por miedo, hay un caso que el resultado fue que el muchacho se suicidó”.

Tras conocer los hechos, procedieron a interponer la denuncia y el pasado 21 de junio fue arrestado por el delito de “violación en menor e incapaz bajo la modalidad de delito continuado”, pero para la sorpresa de la familia afectada, el 25 de junio fue dejado en libertad bajo fianza en la audiencia inicial, por el Juez auxiliar Carlos Vidal Mejía Hernández, del Juzgado de Paz de Ciudad Victoria, bajo el argumento de no tener suficientes pruebas como las fechas y horas exactas de las violaciones.

“Estamos inconformes e indignados, mi hijo tenía 9 años de edad y tú sabes que un niño de esa edad no se va acordar  de las fechas y las horas, es ilógico que a la fecha de hoy se va acordar el día y donde lo violaron, cuando nosotros nos enteramos él estaba en la escuela, iba bien pero venía dando muestras de estados depresivos y ansiedad excesiva compulsiva, de violencia…”, sostuvo.

Canales hizo el llamado a las instituciones públicas que imparten justicia a no favorecer a los agresores sexuales. “La decisión  del Juez no tiene sustento, el delito se cometió, y los resultados están a la vista, si a este individuo no lo encarcelan va a seguir cometiendo este delito”, advirtió.

El destierro como castigo y justicia propia

Luego de que la familia Canales Velis hiciera público el caso, las estructuras organizativas  se reunieron para tomar decisiones y acciones concretas contra  Óscar Hernández, y finalmente decidieron  que debían castigarlo y   “desterrarlo” de la comunidad, y lo hicieron saber de manera contundente con un  comunicado que reza:

“Como medida de protección comunitaria y haciendo uso de nuestra soberanía sobre el territorio, hacemos del conocimiento publico a Óscar Alfredo  Hernández que habiendo traicionado de la manera más vil y cobarde nuestros principios y valores, le exigimos  que de forma inmediata abandone nuestra comunidad de lo contrario nos veremos en la obligación de realizar medidas de presión para que se cumpla nuestra exigencia”.

Este viernes, habitantes de la comunidad se movilizaron al Juzgado de Paz de Victoria para exigir un proceso transparente por parte del sistema de justicia, y exigir a los jueces que no se dejen sobornar con dinero y regalías.

Posteriormente, se plantaron frente a la sede del Centro Nacional de Registro de Sensuntepeque, lugar donde labora el agresor sexual,  para exigir su destitución. “Los violadores en las cárceles, no en las oficinas”, vociferaron en las afueras del CNR.

Finalmente se movilizaron hasta la Fiscalía General de la República de Ilobasco para demandar que se agilice el proceso de apelación hasta lograr que Hernández sea encarcelado por los delitos cometidos y así evitar que otros menores sean sus victimas.