La reactivación del Consejo Superior del Trabajo es para el actual Gobierno un hito en la imagen que El Salvador tiene ante instancias internacionales respecto a los derechos laborales. El ministro Rolando Castro celebró que el país salga de una «lista corta» de naciones que incumplen con sus obligaciones con las y los trabajadores. Pero a esta decisión, presentada como «histórica», le antecede la negación de suscribir el convenio 190 para regular la violencia de género y acoso laboral, durante la cumbre de la OIT, celebrada en el mes de junio. Para la destacada economista, Julia Evelyn Martínez, algunas acciones del ejecutivo relacionadas a derechos laborales representan una contradicción.
Por: Krissia Girón/ Aportes de Josseline Roca/ Foto: Ministerio de Trabajo
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social anunció la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, el cual estaba inactivo desde 2013 debido a la falta de acuerdo entre las partes: sindicatos, empresas y gobierno, respecto a la conformación de este espacio tripartito.
En ese año, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar a El Salvador por el incumplimiento al Convenio 144 -que establece que los Estados deben realizar consultas tripartitas- por la inacción del Consejo.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirma que dicha medida es para que el país salga de la «lista corta» de naciones que han incumplido con el convenio. El funcionario detalló que los temas a tratar en la primera reunión son pensiones, revisión del Código de Trabajo y la reactivación del Consejo Nacional del Salario Mínimo.
El Consejo Superior del trabajo es un ente tripartito, es decir, tiene representación del sector empleador, el gobierno y el sector sindical. Según el reglamento del CST, esta debe estar compuesto por ocho propietarios y ocho suplentes de cada sector que lo conforman. El titular de Trabajo afirmó haber convocado a toda la representación sindical del país, además de las gremiales de la empresa privada y parte empleadora registrada en el Ministerio.
Para Marta Zaldaña, representante de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) es necesario ordenar los mecanismos de convocatoria y reglamentos internos de los entes tripartitos. Además, demandó a la empresa privada revisar a sus representantes en dichos entes, para evitar que sigan siendo señalados por violar derechos laborales.
A esta medida le antecede la abstención del ministerio de Trabajo, en la votación del convenio 190 para regular la violencia de género y acoso laboral, durante la cumbre de la OIT, celebrada en el mes de junio. Además, se suma la denuncia del despido injustificado de más de 700 personas por parte del Ejecutivo, con el cierre de cinco secretarías.
La economista Julia Evelyn Martínez cuestiona el papel de la nueva administración de Trabajo, sobre todo durante su participación durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, donde El Salvador fue uno de los 30 países que se abstuvieron de votar por el Convenio 190.
Para la economista, estas acciones contradicen las promesas de la nueva administración del gobierno, de respetar los derechos laborales de la población.
