El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene dos secretarías con tareas similares, la de comunicaciones, dirigida por Sofía Medina, y la de prensa, a cargo de Ernesto Sanabria. Ambas concentran la difusión de la imagen del ejecutivo, del mandatario y sus funcionarios.
A pesar de las similitudes en sus asignaciones, a éstas se les ha asignado más presupuesto para 2020 que a los programas de reparación a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas las que resultaron de la Masacre de El Mozote, a quienes el Estado debe atender por mandato de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta publicación hacemos un análisis de éste y otros aspectos de la propuesta de plan de gastos para el próximo año.
Por: Norma Ramírez/ Aportes de Josseline Roca/ Foto: Referencia- Pro-Búsqueda
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2020 presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa contempla un aumento en los fondos para tareas de comunicaciones y de prensa de la Presidencia de la República. En 2019, la asignación fue de $4.5 millones para la Secretaría de Comunicaciones; mientras que para el próximo año el monto casi se duplica con la creación de la Secretaria de Prensa.
Ambas tienen características y funciones similares, entre éstas la difusión de las acciones de la presidencia y sus funcionarios. Este monto es incluso mayor al destinado para los programas de reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y cumplimiento de la sentencia de la masacre de El Mozote, que juntos ascienden a $966,750.00, según un análisis hecho por Panorama Económico.
A esta comparación se suma la hecha a los gastos de publicidad que para 2020 se propone sean de $22.55 millones, $7 millones más que en 2019. Para Panorama Económico este incremento es injustificado, frente a recortes en áreas como el subsidio al gas, que en la propuesta de PGN 2020 tiene $9 millones menos.
A juicio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2020 reafirma los problemas estructurales de las finanzas públicas. Según el análisis hecho por sus economistas, si bien existen incrementos importantes en carteras como salud y educación, éstos no son suficientes para atender las necesidades y demandas de la población.
“Es muy bonito el discurso de querer mejorar las cosas pero si eso no se traduce en el presupuesto público se puede quedar en palabras vacías. El proyecto de presupuesto se debe convertir en una herramienta para garantizar los derechos de todas las personas”, dijo a la Red Informativa de Arpas, Lourdes Molina, economista de Icefi.
Respecto a salud, señalan que el incremento sólo representa algunas décimas del Producto Interno Bruto (PIB), pues de 2.5% en 2019 aumenta a 2.7% para 2020.
Sin embargo, en esta misma rama se registran recortes importantes entre éstos, el Ministerio de Salud elimina la partida para el Programa de Fortalecimiento de la Salud de la Mujer y se le recorta $33,5 millones al Sistema de Primer Nivel que incluye la Salud Comunitaria y los ECOS Familiares, según señalan también el movimiento Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES).
Icefi también considera como preocupantes los recortes a ramas como Medio Ambiente “que pasaría de 0.07% del PIB (vigente en 2019) a 0.05% en 2020”. Otras carteras de Estado que verán reducidos sus presupuestos son Economía, que tendrá 18.6% menos. El ramo de Agricultura y Ganadería un 14.5% y el ramo de Turismo, un 8.5%.
De acuerdo a una reciente publicación de Icefi, el presupuesto 2020 se financiaría principalmente de impuestos y señalan la carga regresiva del esquema tributario del país. “El Salvador tiene una estructura que depende mucho de los impuestos, más de la mitad de nuestra recaudación depende de tributos como el IVA”, dijo Lourdes Molina de Icefi.
“Por eso se dice que impuestos directos como la Renta deberían ser mayores, eso sería lo ideal. Eso no pasa en el país. Al final la persona más pobre paga más impuestos que la persona más rica”, apuntó.
Michelle Molina, también economista de Icefi, señaló que contrario a los recortes, ramos como Seguridad y Defensa tienen incrementos importantes. “Eso nos da una noción clara de las prioridades del gobierno”, dijo.
Además, las economistas destacaron que dentro del Presupuesto el 17.2% está destinado al pago de deuda pública.
La “caja negra de la transparencia” en el presupuesto
Uno de los artículos que Icefi recomienda que no se debe aprobar en el PGN 2020 es el relacionada a declarar reservada la partida destinada al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). “De aprobarse se vulneraría el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Sabemos que hay información que no se puede conocer, pero esto no debería significar la no rendición de cuentas y la falta de transparencia”, apuntan economistas de Icefi.
No más “privilegios” fiscales
En El Salvador los incentivos fiscales se han aprobado sin tener estudios técnicos que demuestren que éstos generarán mayor inversión, a juicio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Además señalan que no hay un registro de cuánto deja de percibir el Estado anualmente. Un estudio de 2017 reveló que la cifra podría rondar los $870 millones.
“Para Icefi, más que incentivos son privilegios porque se otorgan sin ninguna razón, nadie los cuestiona, se da por sentado que funcionan. Creemos que se deben evaluar los que ya están, por eso para el PGN 2020 recomendamos que no se promuevan iniciativas de esta naturaleza”, aseguraron a la Red Informativa de ARPAS.
