La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador se declaró incompetente de conocer el caso contra Jaime Escalante, magistrado de Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acusado de agredir a una niña.
Por Arpas/Foto: Cortesía
Rechazo y condena expresan diversas voces nacionales e internacionales a la decisión de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que esta semana se declaró incompetente de conocer el proceso contra Jaime Escalante, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Jaime Escalante era acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz, luego que en abril de este año fue denunciado por tocar los genitales de una niña de 10 años en la residencial Altavista II. Este tipo de delitos está contemplado en el artículo 161 del Código Penal el cual establece que «la agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años».
Según la Cámara Primera de lo Penal, los «tocamientos» no se constituyen como un delito, sino que más bien son «faltas». Los magistrados basaron su argumento en lo establecido en el numeral cuatro del artículo 392 del Código Penal, que dice «el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos».
Inmediatamente la decisión fue condenada y duramente criticada por organizaciones sociales, quienes señalaron la desigualdad del sistema de justicia y la falta de garantía a los derechos de la niñez.
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres (LEIV) ya estipula este tipo de delitos, dijo Joshi Leban de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. «Nos preocupa que se estén tomando este tipo de decisiones y vemos, de nuevo, disparidad en la aplicación de la justicia. A mujeres que sufren complicaciones obstétricas les dan condenas de 30 años y con este tipo de hombre la justicia se hace ciega», dijo la activista.
Saúl Baños, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) sostuvo que el mensaje que se envía es de «impunidad y desprotección a la niñez».
COMUNICADO-01-11-19Para la Asociación Mélida Anaya Montes el mensaje del sistema de justicia es que «los agresores pueden seguir cometiendo delitos y otras agresiones sin que sean sancionados». Exigen a la Fiscalía General de la República investigar a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes emitieron la resolución.
En el mismo sentido también se expresaron otras organizaciones como la Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas (AS mujeres), quienes señalaron el carácter sexista de la decisión de los magistrados.
La Fundación Maquilishuat (Fuma) se sumó a las voces de descontento contra esta acción de magistrados del sistema judicial.
#RedArpas | La @FMaquilishuatl rechazó la decisión de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador de establecer que Jaime Escalante cometió "una falta" y no un delito al realizar tocamientos a una menor de edad. pic.twitter.com/DLC6YHvvUV
— Red Informativa de Arpas (@arpassv) October 31, 2019
Naciones llama al Estado a proteger derechos de la niñez
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un «fuerte llamado a las autoridades nacionales para que, en cumplimiento de la Ley Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y la Convención sobre los derechos del niño, todas las niñas reciban protección contra todo tipo de violencia».
Por su parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) recordó que el mapa de embarazos en niñas y adolescentes 2017 reveló que en más de cuatro mil casos la causa fue delitos contra la libertad sexual en niñas menores de 18 años.
De éstos casos se judicializaron 1,552; sin embargo, solo se ha producido sentencia condenatoria en 488. «Situaciones como éstas agudizan la impunidad en detrimento de los derechos de las niñas y adolescentes salvadoreñas», señalan en un comunicado emitido de forma conjunta con la Oficina Regional de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU.
La Alianza para poner fin a la violencia contra la niñez exhortó al Estado a cumplir en lo dispuesto en la observación cinco del Comité de los Derechos del Niño sobre la «insuficiente aplicación de la LEPINA».
Respecto al tema, el Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, sostuvo que lamentan la decisión de la Cámara y que realizarán una investigación del expediente.
Gobierno analiza presentar iniciativas de ley sobre protección de la niñez
Instituciones de gobierno como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) reiteraron la vigencia de leyes nacionales y convenios internacionales de protección de niñez y adolescencia, en especial, de niñas.
Por tanto, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que están analizando la posibilidad de presentar iniciativas de ley para «mejorar marco de protección de la niñez y adolescencia».
El caso del magistrado Jaime Escalante no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde ha generado indignación y una ola de críticas al sistema de justicia.
Para la próxima semana organizaciones de mujeres preparan actividades para reclamar el caso y la impunidad que podría representar.
