A las organizaciones les preocupe el posible otorgamiento del permiso ambiental a la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada, empresa de la familia Dueñas responsable de la construcción de Ciudad Valle del Ángel.
Por: Krissia Girón
Medidas cautelares para el convenio entre ANDA y la familia Dueñas, exigen las organizaciones y comunidades que conforman el Colectivo Salvemos Valle del Ángel.
La solicitud de medidas cauterales fueron anexadas a la demanda de inconstitucionalidad contra dicho convenio, que las organizaciones presentaron ante la Sala el pasado 4 de octubre. “Estas consisten en la suspensión de cualquier permiso medioambiental mientras la Sala de lo Constitucional conocía de la demanda, y la suspensión del convenio firmado entre ANDA y la empresa Urbánica, mientras la Sala conoce de la demanda”, explica Ariela González, abogada de FESPAD.
González afirma que aún no tienen noticias sobre la aceptación de la demanda por parte de la Sala, sin embargo “el tema de las medidas cautelares tratan sobre la tutela de derechos fundamentales, y en este caso el derecho humano al agua, mientras la amenaza inminente de utilización de agua de las comunidades es asignada a una empresa privada”, dijo.
Otro de los temas que preocupa a las organizaciones es el posible otorgamiento del permiso ambiental a la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada, empresa de la familia Dueñas responsable de la construcción de Ciudad Valle del Ángel. Alejandro Henríquez, representante del Foro del Agua, dijo que las organizaciones se preparan jurídicamente para el momento en que el Ministerio de Medio Ambiente de luz verde al proyecto urbanístico.
“Nosotros ya estamos pensando qué hacer ante ese posible escenario, ya sea ahora en lo que resta del día, o lo puede emitir regresando de vacaciones. En ese sentido, ya estamos preparando una demanda de amparo, porque consideramos que el procedimiento administrativo a través del cual se ha ido cuajando este permiso ambiental, no respeta ciertos derechos fundamentales”, afirmó.
Para las organizaciones del Colectivo Salvemos Valle del Ángel, es evidente que este proyecto transgrede de todas las formas posibles la esfera de derechos humanos, no solo de las personas directamente afectadas que habitan la zona norte de San Salvador, sino de toda la población salvadoreña. Por lo que exigen al Estado tomar decisiones en favor de la garantía de derechos de la ciudadanía, y no de grandes empresas o sectores de poder económico.
