1. El Río Lempa se está muriendo. La reproducción de algas malignas es resultado de los altos niveles de contaminación del Río Lempa, de donde proviene el 50% del agua potable que abastece a la población del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El Lempa se ha convertido en un vertedero de residuos industriales, agro-químicos y orgánicos provenientes de fábricas, plantaciones agrícolas (principalmente cañales) y zonas residenciales, que contienen metales pesados, heces fecales, plásticos y demás desechos que contaminan al principal afluente del país.

En tal sentido, es urgente una gran esfuerzo nacional para salvar al Río Lempa orientado no sólo a descontaminarlo, sino a también fortalecer su caudal que ha sido disminuido por la deforestación y el deterioro de las cuencas. Para esto último es necesario coordinar acciones con Guatemala y Honduras (Los 30 millones de dólares donados por el gobierno mexicano podrían ponerse en función de esta impostergable tarea).

2. ANDA es deficiente (y corrupta). Fue así durante los gobiernos de ARENA, del FMLN y ahora con el de GANA-Nuevas Ideas. Es criticable que la gestora pública del vital líquido no actúe preventivamente y que la respuesta sea repartir agua embotellada.

Por tanto, es necesario una reingeniería institucional para que ANDA sea una instancia eficiente y transparente, para responder adecuadamente a las demandas ciudadanas y para quitarle argumentos a los privatizadores.

3. Acechan los privatizadores. La ineficiencia de las instancias estatales es siempre la principal excusa de quienes buscan privatizar los bienes y servicios públicos. La crisis actual del agua en San Salvador favorece doblemente a los mercaderes del vital liquido: aumentan su venta de agua embotellada y, al mismo tiempo, refuerzan el discurso neoliberal sobre lo “público-ineficiente” y lo “privado-eficiente”.

Frente a esto, hay que redoblar la incidencia ciudadana para asegurar la gestión pública del vital líquido en la ley de agua que se debate en la Asamblea Legislativa.

4. Urge aprobar la Ley General de Agua que promueven las organizaciones populares, la UCA, la Iglesia Católica y respaldada por casi el 90% de la población, según la más reciente encuesta del IUDOP. Esta normativa reconoce el derecho al agua, la gestión pública del vital líquido y la participación comunitaria en la protección de los bienes hídricos; sin embargo, ha sido rechazada sistemáticamente por los grupos parlamentarios de ARENA, GANA, PCN y PDC que responden a objetivos privatizadores.

El gobierno de Nayib Bukele, si de verdad está contra la privatización del agua, debería apoyar este iniciativa y presionar por su aprobación, como lo hace con otras propuestas que son de su interés (electoral).

5. El grave deterioro ecológico del país debe ser tema prioritario. Es necesario colocar las problemáticas ambientales en el centro del debate nacional y en las prioridades de las políticas públicas. El Salvador es el segundo país latinoamericano con los indicadores ambientales más precarios (sólo después de Haití), con menos disponibilidad de agua en Centroamérica, uno de los más deforestado y el territorio nacional es -en la práctica- un basurero de 20 mil kilómetros cuadrados.

Estado y sociedad no pueden seguir indiferentes, inertes, irresponsables y suicidas frente a esto. Hay que actuar antes que tal situación sea irreversible.

Ojalá que así sea.

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