La tensión entre la Asamblea Legislativa y el gobierno ha aumentado este domingo, tras el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre que la convocatoria hecha por su Consejo de Ministros a una plenaria extraordinaria continúa vigente. El punto de discusión es la aprobación de un préstamo por $109 millones, para el financiamiento de la tercera fase del plan Control Territorial.
Por Norma Ramírez/Foto: Diario Colatino
El presidente Nayib Bukele anunció que, con base en artículo 167, numeral 7, el Consejo de Ministros convocó a una plenaria extraordinaria a la Asamblea Legislativa para dar su visto bueno a la aprobación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El viernes 07 de febrero, el pleno dijo que dicha convocatoria “no era procedente”, dado que la aprobación del préstamo no constituye “emergencia nacional”.
Las fracciones legislativas del FMLN y ARENA afirmaron que la convocatoria del gobierno violentaba la independencia de poderes. “El Consejo de Ministros puede hacer este tipo de convocatorias en emergencia nacional por catástrofe o epidemia”, dijo la diputada Nidia Díaz.
Pese a los argumentos legislativos, el presidente Bukele insistió en que «la no asistencia de los diputados que conforman la Asamblea constituiría un rompimiento del orden constitucional».
Y agregó que “si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87 de la Constitución”. Esta disposición está referida a la insurrección.
Según la Constitución de la República invocar este tipo de disposiciones obedece a situaciones de calamidad pública, que busquen restaurar el orden constitucional o frente a hechos que afecten la forma de gobierno.
Las reacciones no se hicieron esperar. Según dijo a la Red Informativa de ARPAS, Saúl Baños de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en la historia del país este tipo de decisiones (convocatoria extraordinaria) ha sido impulsado solamente cuando se ha establecido el régimen de excepción.
“El artículo 29 de la Constitución establece que en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemias u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público se suspenden algunas garantías. Son grandes problemáticas las que debería estar atravesando el país para que se dé este tipo de convocatorias, o cuando la Asamblea no se reúna de manera permanente”, afirmó.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador, señaló que los motivos expuestos por el Consejo de Ministros para convocar a la Asamblea Legislativa eran “insuficientes”.
Medidas de presión del gobierno
Tras la negativa de las y los diputados de asistir a la plenaria extraordinaria, los agentes de Protección a Personalidades Importantes (PPI) fueron retirados la noche del viernes.
Para el sábado, los alrededores de la Asamblea Legislativa amanecieron militarizados. Y una tarima empezó a montarse.
En reacción a las acciones del presidente Bukele, el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, señaló que el mandatario está haciendo «amenazas, propias de una dictadura».
Para la tarde, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, respaldó la decisión de la Asamblea Legislativa y dijo que los diputados “actuaron dentro del marco constitucional al afirmar que la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria -no procede-«.
Recomendó al Consejo de Ministros «que no intente sorprender al pueblo con la aplicación de figuras jurídicas en contextos sociales diferentes para justificar una injerencia en las actuaciones de otros órganos de Estado».
Un par de horas más tarde, en la Asamblea Legislativa las fracciones del PCN y GANA anunciaron que estaban listos para acompañar la aprobación del préstamo y que acudirían a la plenaria extraordinaria convocada para el domingo.
Contrario a lo que afirmó el viernes, el presidente legislativo Mario Ponce convocó a una plenaria extraordinaria para las 8:30 pm del sábado. Sin embargo esta no pudo instalarse pues no se alcanzó el quórum necesario. Solo asistieron 28 diputados y diputadas.
Previo a esto, el Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, aseguró en una declaración a la prensa que estaban a la espera de «órdenes» del presidente Bukele y que estaban dispuestos a «defender nuestra patria aún a costa de nuestra vida”.
Lo mismo aseguraron el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
Por la noche, dos ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria del Consejo de Ministros para que la Asamblea sesione de manera extraordinaria y sobre el llamado a la insurrección, pidiendo que la Sala de lo Constitucional se pronuncie.
Organizaciones e instituciones piden respeto a la institucionalidad
Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), entre otras, han llamado a la “sensatez, cordura y respeto a la democracia y la institucionalidad”.
Para la mañana de este domingo la tensión aumentó con el despliegue de más militares en la Asamblea Legislativa, la presencia de un francotirador en el techo del Parlamento así como las continuas advertenciasdel presidente, a través de redes sociales, al decir que si no asisten a la plenaria entraran en desacato a la Constitución.
Por su parte, en resolución emitida en su Convención Nacional, el partido FMLN aseguró que el presidente Nayib Bukele «violenta la Constitución». Afirman que el mandatario no les va a «atemorizar». Llamaron a su militancia a «defender los intereses populares y del país».
En esta infografía le presentamos un resumen de los puntos clave de la crisis entre el gobierno y la Asamblea Legislativa.
