«Lo actuado por el presidente constituye una gravísima violación a la institucionalidad, significa una ruptura del orden institucional y representa un golpe contra la democracia», opinaron las organizaciones.
Por. Josseline Roca/ Foto: Krissia Girón
Diferentes organizaciones, entre ellas la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, rechazaron hoy la militarización de la Asamblea Legislativa, ante la llegada del presidente de la República, Nayib Bukele, y lo calificaron de «intento de golpe».
Este domingo, Bukele llegó al parlamento, tras insistir en que diputadas y diputados realizaran una sesión extraordinaria, a la que el Consejo de Ministros convocó invocando el artículo 167 numeral 7 de la de la Constitución de la República, con el objetivo de que le aprueben un nuevo préstamo por $109 millones, lo cual sería destinados a la tercera fase del Plan Control Territorial.
«Las imágenes de soldados y policías invadiendo el salón azul retraen el pasado dictatorial y represivo que la democracia milenial del presidente busca reeditar», señalaron las organizaciones.
Luego de dar un discurso a los seguidores que le acompañaron, desde una tarima plantada frente a la Asamblea, el mandatario les solicitó «autorización», para entrar al parlamento y realizar una oración. Al ingresar al militarizado salón azul, Bukele dispuso del lugar, llevó sus manos al rostro y oró. Posteriormente dejó el lugar. Al volver con sus convocados dijo que darían una semana más a las y los diputados, porque «Dios le dijo que tuviera paciencia».
Sobre esto, las organizaciones señalaron que «el performance» del presidente «incluyó una flagrante violación al carácter laico del Estado (…), superando al mejor estilo de la presidenta golpista boliviana Jeanine Áñez que entró con la Biblia al palacio del Gobierno».
«Lo actuado por el presidente constituye una gravísima violación a la institucionalidad, significa una ruptura del orden institucional y representa un golpe contra la democracia», agregaron.
Respecto a la insurrección a la que hizo referencia el mandatario, respaldaron las afirmaciones del exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, quien aclaró que este derecho, establecido en el artículo 87 de la Constitución, debe ser ejercido por la población y no por un órgano de Estado. «Bukele no puede llamar a la insurrección, es el pueblo el que va a tener que ejercer este derecho si el continúa su comportamiento autoritario, antidemocrático y violatorio del orden constitucional del país».
«Le pedimos que tenga cordura», dijo Margarita Posada, integrante de la Coordinadora.
Las organizaciones pidieron al Fiscal General de la República, Raúl Melara, que investigue «los delitos cometidos» y a la Sala de los Constitucional que «le remarque los límites constitucionales al presidente».
Además, llamaron a el establecimiento de una diálogo nacional entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa para resolver temas pendientes como la Ley de Aguas y la reforma al sistema de pensiones, entre otros.
Lea aquí el comunicado de las organizaciones:
