«De noche y a escondidas, como los delincuentes», decía uno de los carteles con los que organizaciones denunciaban un «nuevo pacto de impunidad» en la Asamblea Legislativa.
Por: Josseline Roca/ Foto: YSUCA
44 diputadas y diputados de las fracciones PCN, ARENA y PDC aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional elaborada por el presidente del parlamento, el pecenista Mario Ponce.
La normativa no fue acompañada por las fracciones del FMLN, GANA, CD y el diputado no partidario, porque consideraron que no cumple con los principios establecidos en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía el 13 de julio de 2016 y ordenó que se creara una nueva Ley de Reconciliación.
La ley, rechazada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por víctimas de la guerra, fue avalada a solo dos días de que se venza la segunda prórroga que la Sala le dio a la Asamblea.
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Desde temprano, organizaciones acudieron a presenciar la plenaria extraordinaria que tuvo como punto único la aprobación de la ley y que fue convocada esta misma tarde por el presidente del legislativo. «De noche y a escondidas, como los delincuentes», decía uno de los carteles con los que denunciaban un «nuevo pacto de impunidad».
El abogado, exprocurador de Derechos Humanos e integrante de Cristosal, David Morales, señaló que quienes votaron por la ley «muestran profundo desprecio por el sufrimiento». Agregó que «votaron para proteger a criminales de guerra, bajo la conducción del diputado Mario Ponce».
Morales calificó el hecho como «una noche de vergüenza» en El Salvador.
Condenas a victimarios podrían ser eliminadas
La Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional contiene 75 artículos. El objeto de la ley establece que ésta regulará la aplicación de justicia transicional y restaurativa, en aquellos casos en los que se cometieron delitos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 1992 «que configuren crímenes de lesa humanidad y de guerra (…) independientemente del sector al que hubieren pertenecido sus autores».
Organizaciones sociales, entre ellas la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) cuestionaron que no se establece de manera clara la aplicación de justicia penal, la cual ordenó el Sala en su sentencia.
El artículo 61 es uno de los principales en cuestión. Establece que durante el proceso penal, «las personas procesadas podrán estar sujetas a una o varias medidas cautelares (…) siendo la detencion administrativa o provisional la más gravosa y, por ende, su aplicación debe ser excepcional».
Lo más grave, según las organizaciones, radica en que el mismo artículo establece que «a las personas condenadas se les podrá conmutar la pena» y podrán optar a medidas alternas a la privación de libertad, según lo determine el juez.
«En estos casos no procede este tipo de beneficio para los responsables de los
graves crímenes internacionales, los cuales deben ser investigados y sancionados con penas proporcionales al daño causado, tal como lo determinó y ordenó la Sala en su sentencia», valoraron.
Respecto a este apartado referido a la investigación y justicia penal, las organizacione señalaron que «están redactadas de tal forma que permitan no solo la impunidad de los más graves crímenes contra los derechos humanos sucedidos durante el conflicto armado y atribuidos a ambas partes sino, también, para evitar que sean encarcelados y garantizar que todos gozarán de libertad cuando sean investigados, procesados judicialmente o incluso condenados por los delitos objeto de la ley».
La Fiscalia General de la República tendrá un año para realizar investigación en cada caso.
La ley también establece medidas de reparación.
Además se plantea la creación de un Centro Documentación de la Memoria Histórica y otras medidas, a cargo de CONREPARA.
La normativa define un monto de $10 millones para el denominado Fondo de Reparación Integral, del ejercicio fiscal 2021.
Esta ley entraría en vigencia 60 días después de publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, adelantó que la vetaría.
Por otra parte, Amnistía Internacional señaló que la Asamblea aprobó un «pacto de impunidad».
