Bukele, el mismo que hace unos meses dijo que abriría los archivos militares «de la A a la Z» si había una orden judicial – en una pregunta relacionada con el proceso penal histórico por la masacre de El Mozote- ahora omitía referirse al tema y lanzaba más acusaciones contra el Instituto de Acceso a la Información Pública, al cual se le impediría ingresar al Estado Mayor Conjunto para verificar la alegada inexistencia de información sobre operativos realizados en la UES.
Por: Josseline Roca/ Foto: FAES
Un «cerco» esperaba a las comisionadas y comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quienes acudieron, este viernes, al Ministerio de la Defensa Nacional para verificar archivos militares relacionados a la época más oscura de la historia de la Universidad de El Salvador (UES), entre 1970 y 1995, cuando cuerpos militares ejecutaron operativos en su contra. La anunciada verificación fue impedida por personeros de la institución que seguían instrucciones.
La diligencia se planificó en el marco de un proceso de apelación contra la institución castrense, por negar la información solicitada, argumentando que es inexistente.
La respuesta de Defensa fue reiterada en la audiencia oral del pasado 3 de marzo por el delegado del Ministerio, quien fue notificado de que se realizaría la verificación y no presentó incidentes. No obstante, este jueves, día previo a la inspección prevista, Defensa pidió que ésta se suspendiera y presentó una solicitud de recusación contra los titulares del IAIP. El Instituto definió declarar «la incompetencia para sustanciar la recusación planteada» y no ha lugar a la solicitud de suspender la diligencia de este viernes por la mañana.
Pero el bloqueo del Ministerio de la Defensa se concretó. Se cumplía más de una hora desde que comisionadas y comisionados del IAIP habían acudido al Ministerio de Defensa. La presencia militar en el lugar crecía, relataron autoridades del Instituto.
Mientras tanto, llegaba la reacción del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, vía Twitter, que dejaba en claro que no les permitirían el acceso y en la cual lanzaba acusaciones contra el IAIP.
«Este día se presentaron al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, funcionarios del IAIP para ingresar a los archivos institucionales, irrespetando una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Han bloqueado la salida de las instalaciones. Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad», dice una publicación de su cuenta de la red social digital.
Pero el IAIP lo desmiente. La decisión contencioso administrativa «está relacionada con un procedimiento distinto», explicó la comisionada Liduvina Escobar, en una conferencia montada horas después.
Se trata del un proceso del año 2017 que «no tienen ninguna relación con este procedimiento», indicó.
La funcionaria también negó que se bloqueara la salida de la institución, como lo señaló Merino Monroy. «Nuestro equipo, así como delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Universidad de El Salvador fueron ubicados en el lugar por el propio personal del Ministerio de la Defensa, en ningún momento se nos dijo una indicación distinta de mover los vehículos institucionales por considerar que estábamos obstruyendo el paso», sostuvo.
Tan solo unos minutos después de la publicación de Merino Monroy, vendría la del presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, el mandatario milénial. El mismo que hace unos meses dijo que abriría los archivos militares «de la A a la Z» si había una orden judicial -en una pregunta relacionada con el proceso penal histórico por la masacre de El Mozote- ahora omitía referirse al tema -como sus antecesores- y lanzaba más acusaciones contra el Instituto.
«El IAIP, último bastión gubernamental del FMLN. Dirigido por comisionados que trabajaron para el FMLN y donaron dinero al FMLN. ¿Inconstitucionalidad?, ¿Dónde?, ¿Qué hubiera pasado si 3 vehículos hubieran llegado a bloquear la salida del Pentágono?», escribió Bukele, citando el tuit de su ministro.
El mandatario no argumentó ninguna razón jurídica para negar el acceso a los archivos militares. Recurrió a señalar que el IAIP tiene vínculos con su principal enemigo político, el FMLN.
La comisionada presidenta en funciones del Instituto, Cristina Pérez, le respondió rechazando vínculos del pleno con partidos políticos. «Podemos manifestar con auténtica independencia que ésto únicamente pretende desacreditar la labor que ha realizado el Instituto y que no se cuentan con pruebas de esa situación», dijo. Además, le invitó a «ser más responsables en las declaraciones que se brindan».
Un dron vigila a comisionados
Mientras las comisionadas y comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública intentaban ingresar al Estado Mayor de la Fuerza Armada, un dron les vigilaba, revelaron esta tarde.
«Denunciamos que fuimos vigilados y fotografiados con cámaras, celulares e incluso circuló un dron tomando imágenes de todos los que estábamos allí presentes», señaló la comisionada Liduvina Escobar.
El pleno del IAIP le da un nombre a la actuación del Ministerio de la Defensa: intimidación.
El hecho de hoy que califican de «extrema gravedad y de urgencia» será presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la cual le solicitarán medidas cautelares, afirmaron las y los comisionados. También pedirán que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una audiencia tamática, «frente a los ataques y amenazas sistemáticas contra la labor del Instituto».
«Debilitar» su función como ente garante de la información pública y los datos personales es el objetivo, aseguraron las comisionadas.
Pero lo ocurrido en El Salvador hoy, ya llegó a oídos del Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, quien dijo que «no hay excusa: archivos de graves violaciones (a los derechos humanos) no pueden permanecer secretos por seguridad nacional», escribió.
Conocer la verdad
La solicitud de acceder a los archivos sobre operativos militares en la UES se enmarca en el Derecho de Acceso a la Información Pública y a la Verdad, destacó la comsionada del IAIP, Yanira Cortéz.
«Estamos frente a delitos de lesa humanidad y no prescriben y para que conozcamos la verdad hay que tener información», aseveró.
«Afán de obstaculizar derecho a la información y a la verdad»
La Universidad de El Salvador ha lamentado que el gobierno de Nayib Bukele mantenga la misma postura de administraciones anteriores, respecto a obstaculizar el derecho de acceso a la información pública a la verdad.
El cerco impuesto por el Ministerio de la Defensa a los archivos militares sigue intacto. Su comandante jefe es otro, pero el temor el mismo: dejar que la luz de la verdad aclare el oscuro pasado de responsabilidad e impunidad que persigue a sus miembros.
