“Las detuvieron efectivos militares, fueron llevadas a una delegación policial y después de tres días de permanecer en el lugar las refirieron a un centro de contención”.
Por: Krissia Girón y Josseline Roca/ Foto: Referencia- Secretaría de Prensa de la Presidencia
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite un habeas corpus a favor de tres mujeres que se dirigían a comprar alimentos y fueron detenidas por militares en Jiquilisco, Usulután.
La Sala resolvió decretar auto de exhibición personal para ellas y todas las personas privadas de libertad desde el 21 de marzo con base a las medidas de prevención y control del COVID19.
«Si al momento de comunicarse esta decisión siguen detenidas en dependencias policiales o administrativas, distintas a un sitio de cuarentena sanitaria, dado que se incumplieron condiciones mínimas requeridas por Constitución, deben ser inmediatamente conducidas a sus viviendas», expresa la Sala en su resolución, que mandata a que estas personas cumplan la cuarentena domiciliar en sus viviendas.
Aclara que las personas «retenidas» que hayan sido trasladadas a sitios acondicionados para la cuarentena, en los que puedan haber estado en contacto con fuentes de contagio, deben permanecer en tales lugares».
«Las autoridades están obligadas a brindar un trato digno y atención adecuada», ha dicho la Sala
La resolución fue firmada por unanimidad.
«Se trató de detenciones ilegales»
El habeas corpus, presentado por Cristosal, relata que las tres mujeres fueron detenidas el primer día en que se decretaron las medidas de cuarentena domiciliar para toda la población. “Las detuvieron efectivos militares, fueron llevadas a una delegación policial y después de tres días de permanecer en el lugar las refirieron a un centro de contención”, dijo Celia Medrano, directora de programas de Cristosal.
“El habeas corpus sostenía por parte de Cristosal que se trataba de detenciones arbitrarias. La Sala de lo Constitucional ha confirmado este planteamiento. No solo está dando una posición en favor de las señoras sino que es extensivo para las otras detenciones arbitrarias cometidas por parte de instancias policiales y militares”, afirmó Medrano.
Para Luís Salazar, abogado de Litigio Estratégico de Cristosal, es importante que la Sala establezca la legalidad de estas formas de detención en la que participan fuerzas de seguridad, sobre todo de la Fuerza Armada. “La FAES está ocupando roles que no le compete”, expresó.
“Que estemos en una situación de emergencia nacional no debe dar pie a violar el estado de derecho, a irrumpir la libertad personal. El actuar de la PNC debe ser reivindicado como elemento de la seguridad pública y no los militares”, dijo el abogado.
Mujeres son más afectadas
Silvia Juarez, abogada y defensora de derechos humanos, agrega que son las mujeres las más impactadas por este tipo de medidas, ya que en muchos hogares son las responsables del abastecimiento de la familia.
“Son las que salen a buscar tortillas, a buscar comida, frutas, verdudas o medicamentos incluso. Hemos recibido denuncias sobre detenciones de mujeres que, ante el temor a los militares, no han podido ni contestar qué andaban haciendo no podemos poner en esa situación de terror a la población”, afirma Juarez
Además cuestiona que las autoridades están actuando de manera «improvisada» sobre los protocolos que debe seguir la población al salir a la calle. “Algunos lo hacen de la mano de gobiernos locales, algunos de manera aislada. Se circularon formatos de carta para poder salir y estamos hablando de poblaciones donde no pueden hacer una impresión o que no tienen acceso a internet”.
300 personas en delegaciones
Al respecto, el Ministro de la Defensa, René Merino Monroy, dijo esta tarde, en una entrevista televisiva, que más de 300 personas están en delegaciones por presuntamente incumplir la cuarentena domiciliar. «Hay un proceso legal que hay que hacer», para llevar a «centro de contención», afirmó.
Además sostuvo que han «recalcado» a sus tropas el respeto a los derechos humanos. «Actuamos en acompañamiento a la Policía Nacional Civil, no somos quienes realizamos las capturas (…) No he tenido quejas de miembros de la Fuerza Armada», afirmó.
Diferentes organizaciones han llamado la atención al gobierno para dar información oportuna sobre las medidas implementadas en medio de la situación de emergencia y a detener las capturas arbitrarias de personas y su traslado a bartolinas, ya que son vulneraciones a los derechos humanos de la población.
Hasta la mañana de este viernes, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, reportó 708 detenciones por presunta violación a la cuarentena.
