Organizaciones señalan que alza de homicidios cuestiona si el Gobierno recuperó «control territorial».
Por: Krissia Girón/ Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
El presidente de la República, Nayib Bukele, autorizó a través de redes sociales el «uso de la fuerza letal» a cuerpos de seguridad para «defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños», con el objetivo de «combatir» a las pandillas.
Según afirmó Bukele, «el Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada».
La “autorización” del presidente se da tras el repunte de homicidios que se registraron el fin de semana. Bukele dijo que, según información de inteligencia, las órdenes de homicidios se emitían desde las cárceles, por lo que también ordenó emergencia máxima en ellas. “Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días, mientras duren los operativos policiales”.
Según un comunicado de prensa de Casa Presidencial, el presidente también ordenó eliminar el otorgamiento de celdas por pandilla, estableciendo que los pandilleros, “indistintamente del grupo al que pertenezcan”, convivan en los mismos espacios.
Este lunes, el director de Centros Penales, Osiris Luna, anunció otras medidas en 7 centros que implica sellar las celdas de privados de libertad pertenecientes a pandillas. “Este día se establece un régimen en el que los internos no tendrán visualización de ningún rayo de sol”, expresó.
La tarde de este lunes, Bukele dijo que continúan capturando a cabecillas de maras y pandillas y que «ellos irán a esas celdas selladas, el pandillero que ponga resistencia será abatido con fuerza proporcional y posiblemente letal por nuestra fuerza pública».
Medidas institucionalizadas para “fortalecer estigmas”
Estas acciones generaron diferentes reacciones en instancias de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
Celia Medrano, directora de programas de Cristosal, dijo que el presidente Nayib Bukele enfrenta ahora el más alto índice de homicidios registrados desde el inicio de su gestión gubernamental, lo cual “desmiente” que los grupos criminales hayan disminuido su accionar a partir del Plan Control Territorial.
“Además, cuestiona si en realidad el control de estos grupos a nivel territorial logró disminuirse a partir de que son capaces, en medio de la militarización en todo el país debido a las medidas por COVID-19, accionar dentro de territorios, localidades y comunidades”, expresó.
Si bien es cierto es una situación alarmante, Celia considera que la respuesta del gobierno ha sido focalizarse en centros penitenciarios, agredir nuevamente bajo la humillación y, de una manera mediáticamente elevada, mantener una acción de emergencia penitenciaria a partir del repunte de homicidios.
“Queda evidenciado que el control territorial y el accionar de pandillas no se ha visto mermado en el país”, afirmó
Medrano agregó que las acciones dirigidas de manera sistemática y estatales contra las personas privadas de libertad parten de “generar y fortalecer estigmas y el castigo como medida institucionalizada para disminuir la dignidad de estas personas”.
“Estas medidas buscan generar también en la opinión publica -la idea- que estas personas no merecen derechos humanos y agrede a las organizaciones que alzan su voz sobre la base de la defensa de todo ser humano, independientemente este se encuentre privado de libertad”, dijo.
Otras organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) cuestionó el alza de homicidios en un momento donde policías y militares están desplegados en todo el territorio debido a la emergencia.
“¿Cómo es posible que haya tantos homicidios en un día habiendo tantos policías desplegados? Nosotros como FESPAD no tenemos las respuestas a esa pregunta, pero nos gustaría que el gobierno sí las tenga y las haga públicas”, dijo Saúl Baños, director de es organización.
Baños dijo que si se tiene información de que las órdenes vienen de centros penales, la emergencia se debe aplicar “únicamente en aquellos centros donde se tenga la certeza de que vienen las órdenes”, respetando el procedimiento de declaratoria de emergencia plasmado en la Ley penitenciaria.
Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, expresó que las órdenes del presidente Bukele de usar la fuerza letal a policías y militares “contradicen los estándares internacionales” de derechos humanos.
“Bukele parece decidido a convertirse en un verdadero autócrata”, expresó.
Vivanco también dijo que el presidente Bukele “estigmatiza sistemáticamente a los órganos de control judicial en El Salvador”. “Vean el tweet abajo. En su mundo, el propio Bukele decide quién es culpable o inocente”, afirmó.
También la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, expresó su preocupación por la “emergencia máxima” decretada en centros penales, ya que pone en riesgo los derechos de las personas privadas de libertad.
“La CIDH urge al Estado de El Salvador adoptar medidas que garanticen la vida e integridad de personas privadas de libertad. Estas medidas son de especial urgencia considerando que consecuencias de la pandemia COVID-19 representan mayor riesgo para esta población”, afirmaron.
Al respecto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recordó que los Estados deben ser garantes de derechos y pueden usar la fuerza solo en lo estrictamente necesario “y la fuerza letal, únicamente cuando exista una amenaza inminente para la vida”.
Además, expresó que “las cárceles y prisiones son lugares de alto riesgo y los Estados deben esforzarse por poner en libertad a todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro, y no por arrestar a más gente”.
Días atrás, Bachelet exhortó a los gobiernos a reducir el número de personas en estos centros, ya que existe un gran riesgo de que afecte a los más vulnerables como personas con enfermedades crónicas, mayores de edad, entre otros.
En medio de la emergencia por la pandemia de COVID-19, las medidas de restricción de derechos, uso de la fuerza y militarización han sido cuestionadas por diferentes organismos. Ante esto, la revista The Economist ha colocado a El Salvador, en el puesto 7 de los países autocráticos durante esta crisis.
El reportaje de The Economist dice que “más de 2,000 personas han sido detenidas por violar las reglas de distanciamiento social”. “El COVID-19 ha precipitado una crisis constitucional en uno de los países más violentos de América Latina”, expresó.
