Este caso ocurre pocos días después que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara a los cuerpos de seguridad “endurecer” las medidas contra quienes incumplan la cuarentena domiciliar por el coronavirus COVID-19.
Por: Norma Ramírez/ Reporte de Orfy Arévalo, Radio Sensunat/ Foto: Referencia-PNC
El viernes 10 de Abril, Alfredo Isaac Canesa salió de su casa junto a un amigo, a recargar combustible para su motocicleta en una gasolinera cercana al cantón Chilata, municipio de San Julián, Sonsonate.
Agentes de la Policía Nacional Civil los detuvieron, como parte de los controles que realizan por la cuarentena domiciliaria obligatoria impuesta por el Gobierno, para verificar los documentos de la motocicleta y de los jóvenes que la abordaban.
“Les pidieron los documentos y las carteras. Uno de los agentes les pidió que retiraran la placa de la moto con las uñas, Alfredo Isaac dijo que no podía…Su compañero (un agente policial más) le pidió $50, cuando Alfredo le dijo que no, le disparó en dos ocasiones, fracturándole los dos pies”, relató a nuestra asociada Radio Sensunat una familiar del joven agredido, quien por seguridad pidió que su nombre no se revelara.
El caso de Alfredo trascendió a través de una nota periodística y, posteriormente, en redes sociales. El hecho ha sido calificado como abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad.
La versión “oficial” de la Policía Nacional Civil (PNC) es que el agente que disparó fue detenido que se trató de un accidente y que la víctima -supuestamente- no se siente ofendida. Posteriormente las publicaciones fueron borradas.
Sin embargo esto fue desmentido por la familia del joven.
“Eso es falso, eso es lo que ellos han inventado, porque en ningún momento Alfredo Isaac ha dicho que fue un accidente, en todo caso afirmamos que fue premeditado. Toda la comunidad estamos indignados. Pedimos que se comparta esta información y se investigue al agente que cometió este intento de homicidio”, manifestó la familiar del joven.
Agregó que hasta el momento Alfredo no ha recibido atención médica adecuada en el hospital y que -pese a que necesita una operación- no se les ha dicho qué tipo de material se necesitará.
Este caso ocurre pocos días después que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara a los cuerpos de seguridad “endurecer” las medidas contra quienes incumplan la cuarentena domiciliar por el coronavirus COVID-19.
“La PNC está haciendo un excelente trabajo”
“Si ha pasado algo serán las mismas instancias las que van a investigar eso”, fue la respuesta del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, al referirse al caso.
Castro defendió el trabajo de los cuerpos de seguridad diciendo que “la PNC está haciendo un excelente trabajo” y aseguró que ellos están en la primera línea de defensa de contención del virus. Pese a que ésta no es la primera denuncia por abuso de poder.
Misma postura expresó el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, quien agregó que ya hay una acción “disciplinaria”. “Las consecuencias, si ha sido un ilícito, se van a tener. No podemos dejar de decir que los policía están en la primera línea, y estamos orgullosos”, señaló. Calificó el hecho como “un caso aislado”.
El gobierno exige a la Asamblea Legislativa aprobar un nuevo decreto de la Ley de Restricción Temporal de Garantías Constitucionales.
“Impunidad institucionalizada”
El exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, cuestionó la postura del gobierno frente a este hecho. “No se compromete a investigar el abuso ni el presunto acto de corrupción; legitima la tortura y lesiones graves contra el joven de San Julián”, dijo Morales en redes sociales.
Por su parte, la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) exigió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investigar este hecho, “con el fin de deducir responsabilidades y perseguir posibles delitos cometidos por agentes involucrados”.
Comunidades de San Julián preparan un pronunciamiento frente a este hecho.
Investigación fiscal
Frente a las denuncias, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, informó que ya existe una investigación contra un policía acusado de sobornar y disparar al joven.
“He tomado este hecho con toda seriedad y desde ayer se abrió una investigación al respecto, la cual está en curso”, afirmó el titular de la FGR.
Además, se dio a conocer que hoy se presentaría el requerimiento fiscal en un Juzgado de Paz. La FGR solicita instrucción con detención por el delito de lesiones graves agravadas .
Organizaciones nacionales y organismos internacionales han reiterado que las medidas que se establezcan para prevenir el contagio del COVID-19 no deben vulnerar los derechos humanos.
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