Cancillería tiene de 4 a 6 meses para presentar observaciones a la denuncia. Esta no es la primera vez que el Estado es llevado a organismos internacionales por la desaparición forzada de niñas y niños durante el operativo militar “Azenon Palma”, ejecutado en San Vicente por la FAES en 1982.
Por: Krissia Girón / Foto: Cortesía de Pro Búsqueda
El pasado 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, la admisión de una denuncia en contra del Estado Salvadoreño por la desaparición forzada de 3 menores de edad durante el operativo “Azenon Palma”, ejecutado en el departamento de San Vicente por efectivos de la Fuerza Armada (FAES).
El documento al que la Red Informativa de ARPAS tuvo acceso, explica que, de acuerdo con lo establecido por el reglamento de la CIDH, se ha fijado un plazo entre 4 a 6 meses para presentar observaciones adicionales de fondo, advierte que no se podrá otorgar solicitudes de prórroga que excedan al plazo indicado.
La denuncia se interpuso en el año 2012, por la desaparición forzada de 3 de los 5 hermanos y hermanas de la familia Rivas, en el contexto de la segunda fase del operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenon Palma”, ejecutado en el departamento de San Vicente en 1982, el cual forzó a varias familias a abandonar sus hogares.
Según el relato de la denuncia, la familia Rivas, junto a otras personas, buscó refugio en el área conocida como “las pilitas”. Ahí fueron descubiertos por miembros de la FAES quienes les dispararon, asesinando a varias personas. La madre huyó junto con la menor de sus hijas, mientras que el padre huía con los cuatro restantes.
El padre de la familia Rivas relató que, mientras huía, había perdido de vista a las y los niños, pero que momentos después había escuchado que lloraban y que un helicóptero de la Fuerza Armada había aterrizado cerca del lugar. Él y otros pobladores volvieron al sitio de la matanza donde encontraron muchos cadáveres, sin embargo, ninguno correspondía a sus cinco hijas e hijos
Desde ese entonces, se desconoce su paradero.
Según recortes de prensa de la época, la FAES dio cuenta de “rescatar” a alrededor de 22 niños durante el operativo “Azenon Palma”. Eduardo García, director de Asociación ProBúsqueda, afirma que a esta organización llegaron un número similar de denuncias de niñas y niños desaparecidos en el mismo contexto.
En la denuncia ante la CIDH, se señala que la oficina de la Fiscalía General de la República de San Vicente realizó una serie de investigaciones para determinar las causas y responsables de la privación de libertad de las y los hermanos Rivas, las cuales “continúan abiertas y activas”.
Estas contienen diferentes diligencias, entre ellas, solicitudes de información ante medios, Cruz Roja, Ministerio de la Defensa y de Relaciones Exteriores. Además, apunta a que el Ministerio de Defensa expresó en su momento no tener registros de la desaparición de niñas y niños durante el operativo.
“La Comisión toma en consideración que todavía se desconoce el paradero de las presuntas víctimas pese a que han transcurrido más de 36 años (…) y que el Estado tuvo conocimiento de la desaparición forzada por lo menos desde el 31 de mayo de 1996, fecha en que fue denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, afirma el documento.
Por estas razones, la CIDH considera que el caso requiere de “un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 3, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 22 y 25 de la Convención Americana”, reza el documento, refiriéndose a derechos como la personalidad jurídica, integridad personal, protección de la familia, derecho al nombre, entre otros.
Esta es la segunda vez que se judicializan casos de desaparición forzada de niñas y niños ocurridos durante el operativo militar “Azenon Palma”. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre el denominado “Caso Contreras y otros”.
En esa ocasión, la Corte concluyó que el Estado había violado derechos humanos de las niñas y niños que sufrieron desaparición forzada, por lo que dictó una serie de disposiciones como encaminadas a alcanzar la verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Sobre el caso Rivas existen resoluciones de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en las que ordena al Ministro de la Defensa de ese entonces, David Munguía Payés, a entregar la información en relación al operativo militar “Azenon Palma” y en relación a la desaparición forzada de dos de las cinco hermanas y hermanos Rivas.
Lo particular en el Caso Rivas, en palabras del director de Probúsqueda, es que en las demandas de habeas corpus ante la Sala, hacen énfasis en “abrir o reconstruir la información para determinar el paradero de estos niños”.
“Y si el ministro de Defensa se niega a dar información o a reconstruirla, se le ordena al Presidente de la República de la orden para proceder. La sentencia le reitera al Estado lo que sucedió en el mismo operativo, y hace énfasis en el acceso a la información”, dijo García a la Red Informativa de Arpas.
García afirmó que, durante la visita in loco que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó al país en diciembre de 2019, los representantes de este organismo entrevistaron a la familia Rivas, “de primera mano”. Además, dijo que la Asociación le entregó una serie de documentos donde se demostró la existencia del operativo “Azenon Palma”.
“A inicios de este año también nos reunimos con la ministra de Educación, para solicitarle que le cambiara el nombre a una escuela que se encuentra en la 5a Brigada, que es del MINED y que se llama “Teniente Coronel Azenon Palma”, comentó.
Para García, algunas diligencias de instancias del Estado fueron “infructuosas” sobre este caso.
“El pedir una constancia de una publicación en prensa, pedir información y conformarse con la negativa a entregarla, donde no es colaboradora la FAES, el legislativo no hace valer la legislación, a la FGR por tener un equipo pequeño de fiscales con pocos recursos, etc, da como resultado que el caso no ha avanzado nada”, dijo el director de Probúsqueda.
Agregó que la Asociación ha conocido documentos desclasificados que reconocen la existencia del operativo militar, las bajas, los heridos, entre otros. “Hubo sobre 350 muertos, supuestos guerrilleros, al norte de San Vicente durante la fase I y solo 2 soldados que cayeron en combate. Esa desproporción indica que, o eran guerrilleros desarmados, o era población civil”, dijo.
Durante la primera fase del operativo “Azenon Palma” se perpetró la masacre de El Calabozo, el 22 de agosto de 1982. La Comisión de la Verdad relata en su informe: “De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador”, que en dicho operativo se utilizaron 6 mil efectivos, entre ellos, miembros del Batallón Atlacatl.
Otros documentos retratan las figuras del coronel Sigifredo Ochoa Pérez quien, junto a Domingo Monterrosa, fueron los militares a cargo de la operación.
“También el General Guillermo García y el Coronel Rafael Flores Lima, ministro de la Defensa y Jefe del Estado Mayor de la época estuvieron en el terreno supervisando las operaciones que desarrollaron el Coronel Ochoa Pérez y Domingo Monterrosa. Incluso tuvieron a la vista campamentos, tatús de la guerrilla e incluso cadáveres de civiles. Hay prueba suficiente”, sentenció el director de Pro Búsqueda.
Soy el padre de Eduardo.