Según organizaciones de abogados el presidente de la República, Nayib Bukele, está excediendo sus facultades constitucionales al «prorrogar» por 30 días más el estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19. Afirman que el decreto -anunciado a la media noche del sábado 16 de mayo- es nulo, pues este tipo de medidas solo pueden ser emitidas por la Asamblea Legislativa.
Por Krissia Girón y Norma Ramírez/Foto: Referencia Casa Presidencial
En una conferencia de prensa convocada para las 10 pm del sábado 16 de mayo, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, anunció que -mediante Decreto Ejecutivo-, el presidente de la República prorrogaba el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 por 30 días más. Según Castro, la disposición tiene como base jurídica lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil.
El artículo en mención dice que «si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, podrá el presidente de la República decretar el Estado de Emergencia, debiendo informar posteriormente al Órgano Legislativo».
Conan Castro aseguró que el Decreto contiene las mismas disposiciones que la Ley de Estado de Emergencia. «No se ha tocado una coma con el fin de no violentar ningún derecho constitucional», dijo.
En palabras del Secretario Jurídico, este decreto mantiene:
- La estabilidad laboral
- Suspensión de clases
- Suspensión de pago de servicios básicos
- Suspensión de espectáculos públicos, entre otras medidas ya contempladas en la Ley de Emergencia.
La decisión, según el funcionario, se tomó porque había un «limbo jurídico», «ya que las personas no sabían si el lunes debían mandar a sus hijos a la escuela o volver a trabajar», sostuvo.
El Decreto Ejecutivo se anunció al filo de la fecha de vencimiento de la Ley de Estado de Emergencia, o Decreto Legislativo 593, que llegó hasta el sábado 16 de mayo. La disposición gubernamental, según anunciaron, entró en vigencia a las cero horas de este domingo y tendrá una duración de 30 días.
Previo al anuncio, los Ministros de Gobernación y Salud brindaron un informe en el que resaltaron la necesidad de continuar con la Ley de Emergencia. «La situación está a días del colapso», expresó el Ministro de Gobernación, Mario Durán.
«Las medidas más efectivas para la prevención son el aislamiento de pacientes y la cuarentena de contactos», dijo Durán.
Por su parte, el Ministro de Salud, Francisco Alabí, anunció un nuevo fallecimiento por COVID-19, un paciente de 55 años. Con esta nueva muerte, suman 27 los decesos por el virus en el país.
Decreto de emergencia del gobierno es nulo
Organizaciones de abogados consideran que el gobierno ha excedido sus facultades al emitir este decreto de «prórroga» del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, por lo que éste es nulo. Manifiestan que disposiciones de ese tipo solo puede autorizarlas la Asamblea Legislativa.
«Según el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, el Presidente de la República puede declarar el estado de emergencia si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida lo cual no es el caso», dicen en un comunicado.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos y la Fundación DTJ recordaron que sigue vigente el Decreto Legislativo 639 y el Decreto Ejecutivo 24, que limitan la libre movilidad de la población.
Llamaron a la Fiscalía a «cumplir con su obligación de defender los intereses del Estado».
FGR presentará demanda de inconstitucionalidad
Un para de horas después del anuncio del gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que señala que por usurpar facultades de la Asamblea Legislativa, presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra el «estado de emergencia» del gobierno.
Según el comunicado de la FGR, no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, dado que la Asamblea «no está imposibilitada para reunirse en estos momentos».
«Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal emitida por la Asamblea Legislativa», dice la FGR.
En opinión del abogado y exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, el presidente, Nayib Bukele «ha impuesto un régimen de excepción de facto desde hace semanas».
Considera que con el anuncio de prórroga del estado de emergencia busca «desconocer» a la Asamblea Legislativa de El Salvador. «Antes desconoció a la Sala de lo Constitucional», dice Morales.
Además, señaló a la OPS – OMS El Salvador de ser «cómplice» de violar la Constitución de la República.
Por su parte, el director para las Américas de la Organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló como un grave «retroceso» la decisión del gobierno de «extender» por 30 días el estado de emergencia.
«¿Qué haría un autócrata si el Congreso no le aprueba una ley? Dictaría un decreto», dijo Vivanco.
El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, ha convocado este lunes a sesión plenaria ordinaria para abordar este punto.
Sobre el anuncio del gobierno, el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, exhortó a que la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía sostengan una reunión para discutir la situación.
El grupo parlamentario del FMLN califica el hecho como una «clara violación a la Constitución de la República». El «gobierno rompe el Estado de Derecho de El Salvador. Un Decreto Ejecutivo no está sobre los Legislativos. La Emergencia la están utilizando para hacer uso discrecional de los recursos financieros del Estado», señalan.
El artículo 24 dice claramente «no estuviere reunida» no dice «no pudiere». La interpretación de la sala es para quitarle potestad al presidente.
Esa interpretación debe ser corregida por otros magistrados y los actuales magistrados deben ser juzgados por las muertes causadas.